Uriel Pérez García
En este año como cada tres, confluyen los procesos electivos de casi la totalidad de los 417 municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas en Oaxaca, lo que siempre conlleva el reto de evitar la intromisión de intereses políticos ajenos a las comunidades y desarrollar sus asambleas de elección en paz y estabilidad social. No obstante, en esta ocasión se agrega un ingrediente que seguramente generará controversia respecto a la participación de las mujeres en dichas elecciones.
Lo anterior luego de que el pasado septiembre la legislatura local aprobara modificar el artículo transitorio tercero del decreto 1511 expedido en 2020, en la línea de homologar las disposiciones aprobadas a nivel federal un año antes con la reforma constitucional denominada “Paridad en Todo”. Dicho transitorio establecía que para el caso de la paridad de género en los sistemas normativos indígenas, esta sería gradual “logrando su cabal cumplimiento para el año 2023” es decir, que para la integración de los ayuntamientos emanados de las elecciones de este año se tendría que cumplir obligatoriamente con la mitad de mujeres y mitad de hombres en el cabildo.
No obstante, la aplicación de la paridad en los sistemas normativos debe pasar forzosamente por la valoración de lo que puede suscitar la exigencia del cumplimiento de una norma sin antes pasar por esa transición que necesariamente exige desmontar las desigualdades estructurales existentes en dichas comunidades.
Esta discusión se suscitó al interior del Consejo General del órgano electoral local en 2014, luego de la nueva integración de consejeras y consejeros nombrados bajo la recién aprobada reforma del mismo año. El planteamiento inicial era el de invalidar los comicios que no respetaran una integración de mujeres en los cabildos, lo que indudablemente hubiera derivado en una escalada de conflictos e inestabilidad política que se evitó con el consenso para la implementación gradual de la paridad.
Sin duda en los casos de aquellos municipios que se rigen bajo sus propias normas sustentadas esencialmente por un sistema de cargos que determina su organización política, social y económica, el contexto es en suma complejo, por lo que implica un trabajo mucho más sensible para incidir en el status quo y generar inercias encaminadas hacia la igualdad.
Dicha tarea implica caminar con pasos seguros, puesto que ninguna institución del Estado debe ser omisa en la vigilancia del respeto y ejercicio de los derechos humanos, de tal forma que no se debe delegar a las comunidades de forma voluntaria y bajo la protección absoluta de sus usos y costumbres, si las mujeres pueden o quieren participar en las decisiones políticas.
Si bien es cierto que a nivel constitucional está establecido que no puede haber una normatividad que atente contra los derechos humanos, en este caso la intervención de una regulación que abra la puerta hacia las condiciones que admitan la participación orientada a la paridad debe pasar forzosamente por un proceso gradual que desmantele en primer lugar el sistema de valores y creencias que asignan roles socialmente aceptados por la comunidad y que son difícilmente cuestionables.
El hecho de normalizar en cualquier sociedad que el papel de las mujeres se limita a ciertas actividades que son socialmente reconocidas y aceptadas por todas y todos implica el sostenimiento de una visión androcéntrica de poder, es decir que sitúa al hombre como el protagonista en torno al cual giran el resto de las cosas.
Lo que debe quedar claro es que la modificación aprobada, de ningún modo debe interpretarse como un retroceso, puesto que dar un paso atrás en aquellos ayuntamientos que ya han incorporado cierto número de mujeres en el cabildo, sería atentar contra la progresividad en el ejercicio de derechos.
Por el contrario debe visualizarse como una oportunidad de redoblar los esfuerzos para alcanzar la paridad en los citados municipios poniendo énfasis en que el reconocimiento al derecho de votar y ser votadas ha sido el punto de partida para romper con las inercias de desigualdad y discriminación en distintas esferas de la vida social, laboral, cultural y política.
El reto esencial está en no trasladar a la normatividad, aquellas costumbres y creencias que sustentan y normalizan los roles de género en los que el poder solo está hecho por y para los hombres, en contraste se debe continuar en la construcción gradual pero prioritaria de una agenda donde la paridad sea la costumbre.
