Cuestionan legisladores a titular de la SSPO por aumento de feminicidios e inseguridad

Eulalia Rocha/RIOaxaca.

Oaxaca de Juárez. En su comparecencia como parte de la glosa del Primer Informe de gobierno de Alejandro Murat, integrantes de la LXIII Legislatura del Estado reprocharon al Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Raymundo Tuñón Jáuregui, el aumento a los índices de inseguridad y violencia durante su gestión, e indicaron que las acciones implementadas por la dependencia a su cargo, no han sido suficientes para hacer frente a la problemática.

Durante la presentación del Secretario, en el que informaba cifras y resultados en materia de prevención y persecución del delito; las diputadas de la Fracción Parlamentaria de Morena, Hilda Luis y Neli Espinoza, protestaron con una manta en la que plasmaron su exigencia de “un Oaxaca seguro para las mujeres” y recordaron que, a la fecha, se han registrado 116 feminicidios.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza, en su intervención coincidió en que Oaxaca vive en un estado de indefensión y acoso por el crimen y la delincuencia. Hizo énfasis en el registro de feminicidios y reprochó al Tuñón Jáuregui haber lamentado la muerte de un feminicida, y no así de la víctima. Esto en relación a las condolencias expresadas por el Secretario al reciente suicidio de un elemento de la PABIC, que también había asesinado a su esposa.

“Lo que más nos duele a todas y a todas es (el homicidio) de las mujeres; las mujeres que cada que amanece nos da miedo escuchar las noticia, que ha sido asesinada por los que se supone debiesen de cuidarles”, dijo.

“Pareciese que la muerte tiene permiso para llevarse a las mujeres, por vestirnos, por ser libres, por ser mujeres; ya van 116.”, agregó.

De igual forma, en la ronda de posicionamientos por Fracción parlamentaria, el diputado Alejandro Aparicio Santiago, se refirió a las cifras alarmantes de inseguridad; por ejemplo, dijo, tan solo en el mes de octubre: de 688 homicidios culposos, se pasó a 774; además del aumento del 19 por ciento en la comisión de delitos como robo, asaltos, lesiones, delitos sexuales; respecto al año anterior.

Reprochó que pese a las acciones de prevención de las que el Secretario dio cuenta, día a día se reporte la “brutal violencia” hacia mujeres que son asesinadas, violadas y maltratadas.

En su turno, al fijar el posicionamiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los diputados Horacio Antonio Mendoza y Tomás Basaldú, hicieron énfasis en el aumento de la criminalidad en las regiones del Istmo, Costa, Papaloapan y Sierra Sur.

Antonio Mendoza refirió que, de acuerdo, al Observatorio Nacional Ciudadano, Oaxaca se encuentra entre las 12 entidades más violentas del país; y de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos como secuestro, robo a negocios y de vehículos, han aumentado en más del 20 por ciento.

Por todo ello, dijo, la sociedad oaxaqueña vive en la zozobra ante la ineficacia de las autoridades encargadas de la seguridad pública.

Basaldú Gutiérrez apuntó al tema de linchamientos y “justicia por la propia mano” ante la inoperancia de las autoridades y la desconfianza hacia las mismas.

En su defensa ante los señalamientos por los feminicidios, Tuñón Jáuregui dijo que se está trabajando en materia preventiva; mencionó el Programa de Mujer Segura, el Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, y las campañas para capacitar y sensibilizar en el tema a servidores públicos.

Indicó que también, en la medida de sus posibilidades, la dependencia ha incrementado los patrullajes y el despliegue policiaco, se tiene la línea 911 de atención a emergencias.

El funcionario dijo que este año han incrementado los índices delictivos en todo el país, y que octubre fue el mes de mayor violencia registrada en los últimos 20 años; esto, dijo, nos obliga a redoblar esfuerzos para abatir el pensamiento misógino.

Antes, el diputado priista Manuel León, señaló que la responsabilidad de Seguridad Pública no solo corresponde al estado, sino también a los gobiernos municipales, que no profesionalizan ni capacitan a sus policías, para combatir de manera eficaz la inseguridad; así como a la ciudadanía que no denuncia.