Unión Europea se reserva clausulas depredadoras en su TLC con México

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Por Rodrigo Islas Brito

Teniendo como antecedente el Tratado de Libre Comercio (TLCUEM) que México firmó hace 15 años con la Unión Europea y ahora que se renueva,  un informe de expertos dio a conocer que existen  seis consideraciones en donde se les da total poder a las transnacionales de invertir en nuestro país. Pero no obliga a estas mismas trasnacionales a  pagar mano de obra mexicana, respetar los derechos humanos y mucho menos hacer consultas con los pueblos indígenas sobre la explotación de sus propios recursos naturales.

“Desenmascarados: Los derechos corporativos en el renovado TLC México-Unión Europea’  es el nombre del informe firmado por Cecilia Olivet y Manuel Pérez Rocha que está causando una gran preocupación en los órganos Defensores de Derechos Humanos en México, quienes a través de redes sociales han advertido sobre las posibilidades de que este tratado renegociado ahonde en la explotación de los recursos naturales en territorio mexicano, con una libertad tal que puede devenir fácilmente en total impunidad.

Un elemento clave resulta el capítulo sobre protección de inversiones que otorga a grandes empresas de México y de la UE el derecho exclusivo de desafiar las decisiones democráticas de los Estados, aun cuando estas buscan proteger el interés público.

El informe da cuenta de que informes independientes han determinado que el actual TLCUEM ha tenido consecuencias negativas en términos de diversificación del comercio exterior, mayores inversiones en desarrollo y creación de empleo, y la protección de los derechos humanos.

“Lejos de abordar estas deficiencias, el “modernizar” este acuerdo no es más que un eufemismo para ampliar e incrementar los derechos de protección de los inversionistas. Uno de los principales puntos de la “modernización” consiste en incluir un capítulo sobre la protección de las inversionistas y un mecanismo inversionista – Estado para la solución de controversias”.

Las seis consideraciones a las que el informe considera como motivo de alarma  para el futuro poder de las transnacionales en México son:

1.-Permitirá a los inversionistas extranjeros impugnar legislaciones de interés público en México y en Europa. Donde las transnacionales inversoras conservarán los derechos que les permiten interponer demandas de arbitraje multimillonarias contra el gobierno mexicano por la adopción de medidas concebidas para proteger a las personas y el medio ambiente.

“El texto del modelo de inversiones de la UE no incluye ningún elemento que pueda impedir que las empresas impugnen decisiones de interés público ni que los árbitros fallen a favor de los inversionistas, condenando a los Estados a pagar miles de millones de dinero de los contribuyentes por concepto de indemnización por la implementación de medidas públicas legítimas”.

El informe dice que los casos serán resueltos por abogados muy bien pagados ―ahora renombrados por la Comunidad Europea como “jueces”― que seguirían teniendo un fuerte incentivo económico para interpretar la ley a favor de los inversores. Sus honorarios proceden de las partes litigantes, y ascienden a 3,000 dólares diarios.

2.-Blindará las privatizaciones y las reformas pro-empresariales en el sector del petróleo y el gas en México

El informe recuerda que en diciembre de 2013, el gobierno mexicano abrió, después de décadas, la explotación de la industria del gas y el petróleo a compañías extranjeras. Empresas del sector de la energía de la UE, como Shell, BP y Total tienen un importante interés en el mercado petrolero mexicano. El fortalecimiento de la protección de las inversiones en el marco del nuevo TLCUEM blindará estas reformas. Será muy difícil para los futuros gobiernos mexicanos el revertir estas políticas sin correr en riesgo de ser demandados ante tribunales internacionales de inversión.

Considera que el peligro de ser objeto de demandas por parte de empresas petroleras es real, ya que un gran porcentaje de los casos de arbitraje internacional relativos a inversiones se origina en el sector de la energía, y muchos de ellos afectan a países que han impulsado reformas energéticas.

“Empresas de petróleo y gas han iniciado 57 controversias relativas a inversiones conocidas, de las cuales el 80 por ciento han sido en los últimos 10 años. Los países de América Latina y el Caribe son el principal objetivo”.

  1. -Dificultará en gran medida que México y países individuales de la UE se retiren de este acuerdo

México tiene tratados bilaterales de inversión (TBI) con 16 de los 28 Estados miembros de la Unidad Europea, “no obstante si México sustituye los TBI vigentes con un capítulo sobre protección de inversiones en el TLC con la UE, a su gobierno le resultará prácticamente imposible retirar los nuevos derechos otorgados a los inversores extranjeros. La única forma de hacerlo pasaría por rescindir todo el acuerdo”.

  1. Situará a México en una posición de riesgo de ser objeto de una nueva oleada de demandas de inversión por parte de inversionistas europeos.

México, ya ha enfrentado 23 casos de arbitraje amparados en tratados de inversión, es el séptimo país más demandado del mundo. A raíz de estas demandas, ya se ha visto obligado a pagar 246 millones de dólares, más intereses, en concepto de “daños y perjuicios” a nueve empresas distintas

Al firmar un acuerdo de protección de las inversiones con la Unión Europea, el gobierno mexicano se expondrá a nuevas demandas por parte de inversores europeos, que podrían suponer el desembolso de millones de dólares del erario público.

“Los inversionistas de la UE son los principales usuarios del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS), ya que han iniciado el 53% de todos los casos ISDS conocidos en el mundo. De estos, los de los Países Bajos, el Reino Unido y Alemania son los más activos. Casualmente, los inversionistas de estos países son también los que están invirtiendo más en estos momentos en México”.

  1. Incrementará las probabilidades de que los gobiernos de la UE sean blanco de demandas de multinacionales mexicanas

“Aunque durante mucho tiempo los Estados miembros occidentales de la UE habían sido inmunes a las demandas de arbitraje, en los últimos años los Estados más ricos de la UE han sido objeto de 43 casos amparados en tratados de inversión, de los cuales 29 han sido contra España”.

  1. Permitirá que las empresas europeas sigan violando impunemente los derechos humanos en México

El informe comenta que las empresas europeas tienen una larga trayectoria de violaciones de derechos humanos y ambientales en México con una impunidad prácticamente total, resaltando que el proyecto del capítulo sobre inversiones desarrollado por la Unión Europe no incluye ningún elemento que aborde esta situación.

“Al contrario, acentuará aún más el desequilibrio entre la legislación vinculante para las grandes empresas y las directrices meramente voluntarias en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos”.

“Este hecho no es sorprendente. El actual TLCUEM dispone de una cláusula sobre derechos humanos y democracia que podría haber propiciado la suspensión del acuerdo por las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en los 15 años que han transcurrido desde que entró en vigor este tratado, la UE ha ignorado esas violaciones, convirtiendo la cláusula en un elemento meramente decorativo”.

El informe de Olivet y Pérez Rocha expone finalmente  que si México y la Unión Europea  desean modernizar su relación, “debe ser con el objetivo de corregir el desequilibrio a favor de las transnacionales observados durante los 15 años en que ha estado en vigor el TLCUEM, y no ampliando la protección de las inversionistas otorgando a los inversores extranjeros amplios derechos corporativos”.

Una frase del informe define el espíritu inversor con el que la Unión Europea pretende dar cuenta de sus inversiones mexicanas a través de sus trasnacionales.

“La propuesta de la Unión Europea no prevé obligaciones para los inversionistas; solo derechos”.