Por Alberto Alonso Criollo
La alternancia nacional, al igual que la oaxaqueña fueron pasos importantes en la transición democrática de tipo formal, pero de ninguna manera han generado un proyecto consensuado de consolidación. La discusión, de naturaleza compleja, tiene consideraciones inobjetables: no se ha avanzado en el bienestar de la gente ni el desarrollo político y económico de la nación.
En el 2001 festejábamos la alternancia nacional y decíamos que tal proceso desterraba el modelo autoritario que se planteaba como “un proceso de evolución de formas autocráticas hacia otras formas de dominio político en donde se cambian las improvisaciones y las soluciones discrecionales, por reglas y alianzas estables que permitirán competencia y colaboración política en términos predecibles o de certezas normativas e institucionales”. ( Schmiter, P. La Consolidación De La Democracia Y La Representación De Los Grupos Sociales. Flacso, Mexico 1995).
En esta lógica, se pasaba de un sistema autoritario de alto nivel de incertidumbre generado por el funcionamiento de un sistema no apegado a reglas; hacia uno de tipo democrático de incertidumbre limitada ahora, solamente, a los resultados del proceso comicial y de quién o quiénes serían las personas legitimadas para ostentar el poder.
Sin duda importante señalar que esta incertidumbre limitada a los resultados del proceso comicial, reposaba sobre una histórica lucha del país en torno a la generación de leyes e instituciones que garantizaran la efectividad del sufragio. En ese tenor de reflexiones, la alternancia se presenta como la evidencia fenoménica de que esas leyes y esas Instituciones realmente funcionaban. Y eso comparativamente con la situación prevaleciente en los últimos 70 años era un gran logro.
En una perspectiva acumulativa y ascendente del desarrollo democrático, creíamos en esa época que se estaba abriendo, de modo efectivo un amplio espacio para la transición en su camino a la consolidación democrática y eso, simple y llanamente no sucedió. No avanzamos en el tema del desarrollo económico ni la del desarrollo político y mucho menos en el del desarrollo social.
Con sus altibajos, pero algo similar sucedió en Oaxaca. La alternancia tardía del 2010, expresó fundamentalmente la superación de una etapa de autoritarismo vía el efectivo reconocimiento del sufragio en el marco de una sociedad altamente fragmentada y movilizada en repertorios de insatisfacción social. Igual que la nacional, el nuevo arreglo político local no generó la satisfacción en los bolsillos ni en los indicadores de bienestar de la siempre exigente expectativa ciudadana.
Asi como la alternancia nacional del 2000 no cumplió con las expectativas de la sociedad nacional en temas como el bienestar, el desarrollo y el sentimiento de injusticia social; la alternancia oaxaqueña del 2010 , tampoco hizo lo propio con respecto a la población de nuestro estado.
En el 2001, en plena reflexión sobre aquella coyuntura nacional de la alternancia en la prensa estatal se podía leer que “la incertidumbre se revela en primer sitio en la indefinición de un proyecto hegemónico de largo plazo que prefigure el modelo de sociedad democrática que deseamos o que proponga, en un proyecto consensuado, la reestructuración de nuestro sistema político en la lógica que el modelo anterior está desarticulándose”. (A. Alonso.Columna Vasconcelos, Periódico Noticias. Oaxaca, 23/08/ 2001)
Ese proyecto nunca llegó. En cambio, a partir del 2000 con la alternancia nacional se genera un importante cambio en el modelo de competencias políticas y en el funcionamiento general del sistema que deja ver con claridad la creciente influencia de diversidad de poderes fácticos. El poder diluído, se traduciría en este caso en un fenómeno de dispersión del poder del estado acotado por la capacidad y el poderío de grupos de poder fáctico de diversa naturaleza.
Lo mismo sucedió con ese proceso de complejidad y diferenciación social y política que se manifiestan más plenamente en este principio de siglo, aparejados con los procesos históricos de formación de actores desideologizados, sin solidaridad colectiva; que se guían bajo la óptica del cálculo de ventaja personal y de dinerización del quehacer político.
Estos procesos en su corolario presionan constantemente a la expansión de la brecha entre expectativas ciudadanas y quehacer de gobernantes y partidos. Esto es lo que se ha llamado procesos autorreferenciales de la política. Se trata de la crisis del modelo clásico de la democracia en donde los partidos eran los encargados de procesar la demanda y expectativa ciudadana ante la esfera de toma de decisiones públicas.
Por supuesto este fenómeno dio paso a la conformación de partidos y grupos fácticos, convertidos prácticamente en empresas de poder que invertían más en consolidar sus estructuras de control y de persuasión de colectividades ya sea vía expansión de redes; disposición de medios masivos de comunicación y de otros mecanismos clientelares y/o corporativos.
Dicho en términos más esquemáticos, el estado se reveló incapaz de generar y conducir un modelo de sistema de democracia avanzada en la medida que no solo no hubo voluntad para hacerlo sino que concomitantes a ese proceso de transición política, se desarrollaron procesos que dificultaban o francamente imposibilitaban la conducción del modelo.
Como decíamos en la anterior entrega, el estado nacional, ha dado algunos pasos en la recuperación de la hegemonía nacional, ley antimonopolios, Reforma electoral del 2012 que palió el poder de los medios masivos de comunicación en las campañas o leyes anti lavado de dinero, o campañas anti crímen. Sin embargo esos intentos, se contemplan en una lógica autoritaria, centralista, de control y no de satisfacción de los intereses y expectativa ciudadana.
En concreto, los beneficiarios no han sido los ciudadanos sino que se trata de un arreglo interelites que convierte a la política y a la economía en un sistema de complicidades que excluye a los ciudadanos. Es un arreglo que excluye a personas integrantes de la sociedad civil que no participan de las bondades de un correcta conducción de la política traducida en bienestar social y económico. Ciudadanos que no se sienten incluidos en las grandes decisiones políticas.
Con sus particularidades, algo similar sucedió en Oaxaca, la alternancia del 2010 generó avances en el sistema en la medida que desarticularon algunos de los enclaves de la vocación autoritaria del régimen y se avanzó en el tema de la efectividad del sufragio. Sin embargo, los avances en materia de incremento del bienestar, así como de desarrollo político y económico son cuestionables.
Regionalizados, los obstáculos son muy similares, la alternancia generó la dispersión del poder con la emergencia de grupos de poder fáctico, incluido el magisterio con multitud de organizaciones; grupos y partidos políticos reclamando recursos de origen público, en un escenario de adversidad en el nivel nacional y de endémica escasez de recursos para destinarlos al desarrollo.
El gran problema muy probablemente devino de la incapacidad de las fuerzas triunfadoras en los comicios del 2010 de construir un proyecto hegemónico que se impulsara desde el poder en el objetivo de procurar el desarrollo general del estado y claro, en la idea de construir las bases de apoyo, vínculos sociales, que aseguraran la viabilidad de los proyectos al mismo tiempo que la continuidad en el poder.
No, al contrario, la dispersión de fuerzas, las divisiones internas, los pragmatismos en los partidos otrora coalicionistas y la falta de voluntad para construir un proyecto hegemónico, rápidamente mostraron sus limitaciones para constituirse como promotores de la transformación estructural en Oaxaca.
Mas a fondo, Como en la generalidad del país la evidencia empírica pone de relieve las limitaciones de perspectiva histórica que las élites locales o nacionales imponen en la discusión o el conflicto sobre las reglas o procedimientos para acceder al poder. Casi en ninguno de los casos, la discusión se centra sobre la necesidad de fondo sobre las necesidades sociales, o de bienestar, incluido de forma preferente el tema del poder ciudadano.
Acotados por la ideología neoliberal, que a su vez se declara no ideología, las élites se sitúan en la naturaleza formal de la democracia limitada solo a su concepción instrumental “conjunto de reglas y procedimientos que autorizan a quién tomará las decisiones” (Bobbio. ) En esta perspectiva no se logra ver que es importante normar la competencia entre élites pero más aún lo es, tomar en cuenta a los ciudadanos que no participan del privilegio de la política.
Salvo excepciones honrosas, ni las organizaciones políticas, ni los poderes del estado se han distinguido por sus aportes a las causas universalistas de la democracia, los derechos indígenas, la inclusión, los derechos humanos, el bienestar o la rendición de cuentas. Todo esto significa que ahí hay una agenda pendiente que se puede construir desde abajo o por lo menos desde la circunstancia de todo tipo de ciudadanos, notables o no, que no están directamente en el ejercicio del poder
Como corresponde a la naturaleza humana; la historia la construyen los mismos seres humanos a partir de la voluntad, el talento y la disponibilidad de recursos. A pesar de los exiguos logros del tiempo de la alternancia; no cabe duda que cada momento de transformación histórica como el del proceso electoral que vivimos, se constituye como una oportunidad para la transformación.
Con todo y sus naturales problemas para ponerse de acuerdo, es altamente viable y necesario construir un gran proyecto consensuado, una agenda entre los ciudadanos notables e interesados que exijan el compromiso de quienes gobernaran al estado por los próximos años. Esto además de orientar compromisos públicos de los futuros gobernantes tendrá la virtud de motivar la reflexión y el posicionamiento ciudadano como parte de un proceso de empoderamiento indiscutiblemente necesario.
