Isaac Torres Carmona, representante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) en Oaxaca, reiteró una vez más que a nueve años del desalojo violento del campamento magisterial en el zócalo y en el marco de la primera sesión pública de la Comisión de la Verdad, en Oaxaca la impunidad y la represión siguen vigentes.
A las afueras del teatro macedonio Alcalá, donde sesionarán los integrantes de la Comisión de la Verdad, Torres Carmona, señaló que la apertura a la comisión de la verdad, de la base área número 15 y el acceso a los archivos de las secretarias de Marina y la Defensa Nacional, son imperativos esenciales básicos para garantizar el derecho a la verdad de la sociedad agraviada.
Asimismo conocer sobre cómo fueron los hechos que motivaron las violaciones a derechos humanos durante el conflicto político social del 2006 y 2007 en Oaxaca y el esclarecimiento de verdad real e histórica, como también de los más de 30 homicidios y las llamadas caravanas de la muerte.
En este mismo sentido dijo establecer le porque de la utilización de la procuración de justicia para criminalizar a la protesta social.
Asimismo condenaron la participación directa del ejército y la militarización del estado, como un síntoma de la descomposición del país y la decadencia institucional del país.
Torres Carmona reiteró que a nueve años del desalojo y en el marco de la primera sesión de la Comisión de la Verdad, la militarización es una política del gobierno actual, por ello la importancia la sociedad en su conjunto conozca la verdad y el involucramiento de los militares en los hechos como el 2006 en Oaxaca, Tlataya, Ayotzinapa Guerrero y Michoacán.
Por ello es que se manifiestan y condenan la participación directa del ejército mexicano en escenarios como los ya señalados, lo que sin duda son síntoma de regresión a regímenes autoritarios y caducos.
De igual manera condenaron y deploraron el nombramiento de Eduardo Medina Mora como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nombramiento hecho y ratificado por el Senado de la República.
Así también condenaron la impunidad y exigieron castigo a los responsable de la represión en Oaxaca durante el 2006 y 2007, como también la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la libertad de presos políticos y de conciencia en Oaxaca, Guerrero y el Valle de San Quintín, en Baja California; un alto a la criminalización de la protesta social y el cumplimiento de la Ley General de Victimas.
