Tras repudiar lo que llaman “violenta represión” en contra de padres de familia, maestros y estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, tras la confrontación que se registró frente a las instalaciones del 27 batallón de infantería en Iguala, Guerrero, donde los inconformes exigían la entrada al cuartel, para verificar si en ese lugar se encuentran los estudiantes normalistas, “deja en claro cuál es y será la respuesta del Estado ante esta legítima exigencia de buscar a los 43 jóvenes en los centros militares,” expresa el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos.
La agrupación apunta que la demanda de los familiares de los normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre de buscarlos en cuarteles militares “no ha querido ser investigada por las autoridades.”
A decir del Comité, “el Estado no quiere investigar al Ejército, ni abrir los centros militares, porque en ellos se encontrará la verdad no sólo del caso de los 43 estudiantes, sino de cientos más que han sido detenidos desaparecidos desde hace décadas y que permanecen en la impunidad. Sin embargo como familiares de personas que han sido desaparecidas, es nuestro derecho exigir que estos cuerpos castrenses sean investigados y los centros militares se abran para que se busque a los desaparecidos, aclara la agrupación que tiene entre sus causas la búsqueda de los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez.
“Esa ha sido y seguirá siendo una demanda conjunta, la cual continuaremos enarbolando hasta que sean localizados nuestros seres queridos; sepamos la verdad de los hechos y los responsables sean castigados,” insiste la agrupación.
“Como Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, condenamos los actos represivos que dejaron a más de 9 personas lesionadas, entre ellos varios padres de familia. Hacemos un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos y organizaciones populares a estar atentos ante cualquier acto en contra de los familiares y compañeros de los estudiantes normalista quienes han sido amenazados en diversas ocasiones en un intento por cesar la exigencia de presentar con vida a los normalistas detenidos desaparecidos y de denunciar la impunidad con la que el Estado mexicano ha actuado ante esta grave violación a Derechos Humanos.”
El Comité señala que la confrontación registrada entre los familiares de los normalistas y los elementos castrenses “representa la salida que el Estado mexicano le quiere dar a éste caso; haciendo uso excesivo de la fuerza intenta intimidar y desgastar a los padres de familia, al igual que a las personas, organizaciones populares y de Derechos Humanos que se solidarizan con ellos, y de ésta manera no se pueda llegar a la verdad, lo cual haría de éste crimen, uno más de los miles que ocurren en nuestro país sin ser debidamente investigado y no permitiría acabar con la impunidad prevaleciente históricamente en México ante las graves violaciones a Derechos Humanos que se han cometido sistemáticamente durante décadas,” concluyen en un comunicado.
