Uriel Pérez García
El próximo domingo primero de agosto se llevará a cabo la primera consulta popular a nivel nacional en un marco institucional y legal democrático, lo que sin duda adquiere por un lado una relevancia significativa como ejercicio de participación ciudadana, pero que por otra parte requiere de responsabilidad por parte de quienes la promueven y organizan para evitar que dicho mecanismo se vicie desde ahora y se quede únicamente en el terreno político.
En primer lugar es importante mencionar que el mecanismo de consulta constituye una herramienta para el ejercicio del derecho fundamental de votar e incidir en las decisiones de trascendencia nacional, situación sumamente loable y saludable para fortalecer una democracia que se sustenta en una soberanía que en el plano formal reside esencial y únicamente en el pueblo.
Sin embargo es necesario apuntar que desde su inclusión en el marco jurídico primero en 2012 con la reforma constitucional y luego en 2014 con la ley secundaria en la materia, se establecieron las reglas bajo las cuales se implementaría dicho mecanismo, dejando claro sus alcances y límites, dentro de los que destaca el carácter vinculante, es decir de obligatoriedad para las autoridades de acatar lo expresado en las urnas, además de la prohibición de llevar a consulta temas relacionados a la restricción de derechos humanos, entre otros.
En 2015, en Oaxaca se implementó un ejercicio similar que aun con sus déficits, desde mi perspectiva incidió en la decisión del ejecutivo respecto a la construcción de un centro de convenciones en inmediaciones del Cerro del Fortín. En aquél momento se realizaron diversas mesas de trabajo que permitieron delinear los posicionamientos tanto de quien promovía la realización de dicha obra, como de los miembros de la sociedad civil que se oponían a la misma.
En este sentido se pusieron sobre la mesa diversos puntos de vista que ayudaron al planteamiento de la pregunta en los términos más neutrales posibles. Al mismo tiempo, lo que siempre se favoreció desde el órgano electoral local encargado de la organización y desarrollo de dicha consulta, fue el derecho de la ciudadanía a recibir la información necesaria para la ponderación de su decisión, por lo que en apego al principio de máxima publicidad todas las mesas fueron de carácter público.
Guardando las justas dimensiones entre lo aludido y otros ejercicios de consulta realizados en algunas otras entidades del país, en comparación con la organización de un ejercicio de este tipo a nivel federal, uno de los elementos presentes que prevalecen desafortunadamente es el tema presupuestal, puesto que en un sistema electoral complejo como el nuestro, la disponibilidad de recursos materiales, humanos y financieros, siempre influirán en su adecuado desarrollo y nivel de legitimidad.
La consulta del 1 de agosto, tendrá un costo de 522 millones de pesos, una tercera parte de lo presupuestado inicialmente, con la instalación de 57 mil de 104 mil mesas receptoras proyectadas por el INE, donde se votará respecto a la pregunta planteada y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habrá que valorar si el costo económico vale la pena como un primer ensayo de participación ciudadana en términos de democracia directa.
Habrá un costo político, que posiblemente se terminará cargando a la autoridad electoral, puesto que no será sencillo tener una alta participación ciudadana ante las limitaciones en términos logísticos que imponen los recursos económicos, lo que seguramente apuntará a seguir fomentando la desconfianza ciudadana que de manera atípica se ha promovido desde la esfera gubernamental.
Es sumamente importante poner los puntos sobre las íes, dejar claro que no se trata de una consulta para que la ciudadanía decida si se enjuiciará o no a los expresidentes, lo que no es posible en términos constitucionales y legales ampliamente discutidos y alguna vez señalados en este mismo espacio, lo que se consultará es una pregunta por demás ambigua enfocada concretamente a la aprobación o rechazo del “esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado”.
Sin embargo hay que subrayar que es propicio que las y los mexicanos comencemos a habituarnos y a normalizar la exigencia de ser tomados en cuenta en las decisiones de relevancia pública pero siempre con la responsabilidad de informarnos para evitar que estos instrumentos participativos se conviertan en mero teatro para capitalizar el poder político y polarizar el ámbito social.
