Uriel Pérez García
En las últimas semanas se llevaron a cabo distintos foros de discusión en la Cámara de Diputados federal, en los que se plantearon diversas perspectivas respecto a la discusión que habrá de iniciar en los próximos días para impulsar la próxima reforma electoral y que sin duda tiene el reto fundamental de generar el mayor consenso para su aprobación. De manera que el pasado jueves 25 de agosto concluyeron las mesas enmarcadas en el modelo denominado Parlamento Abierto, que veremos si se asume como elemento de auténtica inclusión y participación ciudadana o de simple legitimación a lo que discutan y aprueben los y las legisladoras.
Al margen de los diversos planteamientos, que se realizaron en los foros que se desarrollaron del 26 de julio al 25 de agosto, con un costo de 20 millones de pesos aprobados por la Junta de Coordinación Política, el nivel de atención e impacto que tuvo en la opinión pública contrasta con la finalidad que persigue la construcción de Gobiernos Abiertos, que sitúan a la ciudadanía como el centro en torno a la cual giran las decisiones y acciones del quehacer público, que debe reflejarse más allá de la voluntad política de escuchar diversas voces, en las adecuaciones pertinentes a los proyectos que se planteen en cualquier política pública.
Para situarnos mejor en la presente reflexión vale la pena subrayar en primer lugar que cuando hablamos de esa voluntad para permitir la participación social en la toma de decisiones por parte de cualquier institución del Estado, implica que de manera formal se cede a la ciudadanía el control de la gestión pública, es decir se otorga la plena participación en lo que deciden los gobiernos a través de poner a disposición la información que posibilite el diálogo entre gobierno y sociedad para el mayor beneficio de esta última, de manera que se instaure un gobierno completamente abierto, transparente, sumamente proclive a la rendición de cuentas y a la colaboración ciudadana para que los recursos públicos sean administrados de manera eficaz y eficiente.
Por tanto, cuando se habla de un Parlamento Abierto, se refiere a que como poder del Estado tiene la obligación de aplicar los principios de máxima publicidad y transparencia; el uso estratégico de las tecnologías de la información y comunicación; así como generar los espacios que permitan a la ciudadanía no solo escuchar las iniciativas de reforma, sino además plantear sus ideas y propuestas de manera que estas sean incorporadas en la decisión final.
Hasta hace algunos años, hablar de Gobierno Abierto era solo un planteamiento teórico, no obstante en la medida en que se han afianzado las democracias en diversos países, este diseño se ha ido ampliando en la práctica y en el nivel conceptual, por lo que ahora se habla además de un modelo de Estado Abierto, en referencia a que todas las instituciones, poderes y órdenes de gobierno deben atender a la transparencia, participación y colaboración social, para la construcción de políticas públicas que beneficien a la ciudadanía a través de la disponibilidad y acceso a la información de manera libre, sin restricciones para su utilización.
A nivel internacional existen diversos lineamientos que marcan el camino a seguir para que la ciudadanía tenga a su disposición toda la información en manos de los entes públicos, lo que evidentemente se visualiza como una amenaza para aquellos gobiernos que se rehusan a estar bajo el constante escrutinio y que ven mermadas sus posibilidades de maniobra para decisiones discrecionales que incentivan la corrupción y la concentración de poder.
Sin embargo, del otro lado de la moneda se encuentra el nivel de cultura política que hace de la sociedad un ente apático a las decisiones que de una u otra manera afectan los derechos fundamentales de todas y todos. Por lo que si bien es cierto que es loable que se implementen herramientas de Estado Abierto, el reto primordial está en construir una ciudadanía más participativa y consciente de su influencia en las acciones y políticas que repercuten en el día a día.
Se le resta importancia a iniciativas que pueden atentar contra los avances en materia democrática, pero también se soslayan otros temas que parecieran lejanos o ajenos, como el caso de la prisión preventiva que recientemente se ha subido a la agenda pública. No obstante, en la medida en que asumamos nuestra responsabilidad ciudadana será posible empujar un mejor diseño institucional capaz de responder a nuestras necesidades.
