Uriel Pérez García
A cinco siglos de la denominada conquista española que inauguró un choque de dos civilizaciones totalmente distintas, la configuración de una sociedad que ahora llamamos diversa, plural, heterogénea, mantiene la lamentable pugna entre la supervivencia de dos sociedades que luchan en un contexto en el que el poder político y económico se sigue empeñando en diluir a las naciones originarias.
El próximo 13 de agosto se cumplen 500 años de la derrota que estableció el punto de partida hacia el establecimiento de un nuevo país que se bautizó como la Nueva España ante la caída del imperio azteca y los territorios que mantenía bajo su dominio, mismos que vieron en las circunstancias una oportunidad para liberarse del sometimiento azteca, lo que indudablemente jugó un papel importante en el logro de la conquista.
Aun con la superioridad en armas por parte de los españoles, la alianza que se conformó con algunos indígenas, hizo posible que por una parte se suscitara una especie de rebelión hacia los dominios aztecas, sin visualizar que estarían cooperando para erigir un nuevo orden de control político y económico que los sometería ahora ante el imperio español para lograr sus fines primordialmente de carácter económico.
En este escenario se fundan los cimientos hacia el establecimiento de una nueva religión, modos de producción y explotación, pero sobre todo de estos rasgos culturales que instauraron un mestizaje que hasta hoy constituye un rasgo distintivo en nuestro país pero que mantiene una constante pugna que se manifiesta en una discriminación constante, cotidiana y hasta normalizada, permitiendo la pervivencia de un sometimiento de los pueblos originarios.
A 500 años de este punto de inflexión y ante un nuevo mundo no por el “descubrimiento” de otro continente, sino por el avance que ha arrastrado un orden político distinto en el que las desigualdades, el respeto a eso que la visión occidental ha llamado los derechos humanos, pareciera que se continúa reviviendo la conquista queriendo establecer en aras de la máxima protección a dichos derechos, un marco único en el que muchas de las veces se vuelve a someter esa voluntad, cultura y visión política, social y económica de los pueblos y comunidades indígenas.
En este mismo contexto, las instituciones del Estado lejos de garantizar el reconocimiento y respeto de la libre determinación de dichos pueblos y comunidades, basado en sus propias normas emanadas de la costumbre, tradición y cultura, no solo mantienen su exclusión que alienta la marginación, sino que además se convierten en cómplices de la simulación cuando de ocupar la investidura indígena para fines políticos se trata.
A la opresión militar iniciada hace cinco siglos, se adhiere esa imposición de un pensamiento que se puede jactar de civilizador pero que al mismo tiempo sigue menospreciando a los más, con gobiernos que coadyuvan voluntaria o involuntariamente a la generación de desigualdades generando preferencias políticas y económicas a aquellos entes poderosos que siguen imponiendo su voluntad para la explotación indígena, incluyendo la de los recursos naturales como el principal botín.
Pareciera que poco ha cambiado desde cuando los indios fueron convertidos en siervos para la generación de riqueza de los nuevos amos. El ciclo se mantiene, solo se cambia de colonizadores, pero al final de cuentas persiste la condición de sometimiento que urge ser derrocada a través de otorgar pleno reconocimiento a los legítimos derechos de auto organización en distintas esferas de la vida, es decir, hacer efectiva la autonomía y libre determinación.
El presidente de la república propone una reforma constitucional en materia indígena, lo que indudablemente constituye una enorme oportunidad para saldar esa reiterada deuda histórica con nuestras naciones originarias, siempre y cuando se ponga especial énfasis en romper por completo esta relación de tutela de derechos y trascender hacia su ejercicio, al fin y al cabo son los pueblos originarios los que deben decidir en plena libertad su desarrollo de vida.
La conmemoración de este hecho histórico que marcó para siempre la vida de nuestro país debe llamar a la reflexión desde todos los ámbitos posibles, debemos evitar normalizar o dejar de sorprendernos ante la discriminación que día a día hacemos hacia nuestros orígenes, pues dicho sea de paso, nos ponemos del lado del lacayo sin percatarnos que con ello seguimos consintiendo, una inadmisible coexistencia de dos Méxicos.
