Reforma
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, con lo que se cambia el régimen de despacho de energía a la Comisión Federal de Electricidad, con prioridad a las plantas de la propia CFE que utilizan carbón y combustóleo.
Con 22 votos a favor y 10 en contra, se dio aval a la iniciativa preferente del Ejecutivo Federal, prácticamente sin cambios.
Luego de cinco horas de debate, diputados de Morena y PT ratificaron la desaparición de los contratos de generadores de energía en el dictamen de reforma eléctrica, con el añadido de que serán cancelados los que fueron obtenidos “en fraude a la ley”.
La reforma establece que en el despacho a la Comisión Federal de Electricidad primero estarán las hidroeléctricas, luego otras plantas productoras de la propia empresa y al final las energías limpias.
“Los permisos de autoabastecimiento, con sus modificaciones respectivas, otorgados o tramitados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que continúen surtiendo sus efectos jurídicos, obtenidos en fraude a la ley, deberán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía mediante el procedimiento administrativo correspondiente.
“En su caso, los permisionarios podrán tramitar un permiso de generación, conforme a lo previsto en la Ley de la Industria Eléctrica”, cita la reforma.
También precisa que los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes de energía al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica deberán ser revisados a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el Gobierno federal, de acuerdo a la Constitución.
“En su caso, dichos contratos deberán ser renegociados o terminados en forma anticipada”, advierte el dictamen sobre la cancelación de contratos vigentes.
La reforma elimina el artículo cuarto en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica, donde señala que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia.
Además, con la reforma se permitirá el acceso abierto a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución en términos no discriminatorios, “solo cuando sea técnicamente factible”, lo que favorece a la CFE.
Se crea la figura de contrato de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física.
El dictamen no incluye ninguna de las exposiciones del Parlamento Abierto efectuado hace una semana para analizar la reforma presidencial, donde la mayoría de los participantes advirtieron daños económicos por la cancelación de contratos, la afectación ambiental y de salud por el uso de combustibles fósiles, la violación de tratados internacionales y la inconstitucionalidad de la iniciativa, al eliminar la libre competencia con la iniciativa privada.
Durante el debate, los legisladores polemizaron sobre los efectos de la reforma.
Diputados de Morena y PT acusaron a PRI y PAN de favorecer a las empresas privadas, de querer traicionar la soberanía nacional y manipular información.
De Morena, el diputado Carol Antonio Altamirano reconoció que hay visiones diferentes sobre el sentido de la reforma.
“Nosotros consideramos que no es justo que existan usos y costos de los particulares que sean trasladados y asumidos en las finanzas públicas. Eso era un subsidio a los negocios con recursos públicos y es lo que se termina con esta propuesta.
“Esta iniciativa no desaparece la participación privada, pero ahora se ajustará a una realidad en la que no tendrán manera de pasar costos indirectos a toda la sociedad y si usan la red que se construyó con recursos públicos, entonces deberán pagar lo correspondiente”, argumentó.
Soraya Pérez, del PRI, alertó que el castigo a las empresas productoras de energías limpias pegará especialmente a comunidades pobres que reciben ingresos por la generación de energía eléctrica.
Además de que se ha ignorado los efectos en la salud que provoca la termoeléctrica de Tula, Hidalgo.
Enrique Ochoa, también del PRI, remarcó varias veces que los legisladores de Morena no tienen los conocimientos ni los argumentos técnicos para debatir la reforma eléctrica, como repetir la versión de que un par de vehículos viejos contaminan igual que una termoeléctrica.
La discusión se llevó a cabo con acusaciones de limitar la participación de la oposición y de suspender la transmisión en el Canal de Congreso, más fallas en el sonido e internet.
Además, en lugar de cuatro rondas de intervenciones se realizaron solo tres, con lo que se concluyó antes el debate pactado.
