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La autoridad en los comicios mexicanos es el Instituto Nacional Electoral (INE). Este organismo tiene un órgano de gobierno, el Consejo General, que está integrado por 11 consejeros.
En el curso de marzo habrán de renovarse cuatro integrantes de ese Consejo, lo que anticipa una tormenta en relación a la integración de la autoridad electoral.
Para entender por qué se va a producir la polémica hay que repasar un poco de historia.
Durante las décadas en las que el PRI permaneció prácticamente como el único partido que tenía posibilidades de ganar las elecciones, el proceso electoral era organizado por el propio gobierno.
Hay múltiples anécdotas de cómo ocurría esto. Una de las más citadas la escribió quien durante muchos años fuera el estereotipo del cacique, Gonzalo N. Santos.
En las elecciones de 1940, el partido oficial, entonces llamado Partido de la Revolución Mexicana (PRM), postuló a Manuel Ávila Camacho como candidato a la presidencia.
Santos relata que él fue el responsable de la casilla en la cual votaría el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas. En ese tiempo no eran los ciudadanos sorteados los que controlaban las casillas, sino que el conteo de los votos era realizado por aquella fuerza política que llegara primero a controlar cada casilla.
La oposición, que postulaba a Juan A. Almazán, llegó primero y tomó el control de la casilla. Sin embargo, hombres armados del gobierno federal, pero no uniformados y bajo el mando de Santos, llegaron disparando y recuperaron la casilla a sangre y fuego. Luego de que eso ocurrió, llegaron los bomberos y con gruesos chorros de agua eliminaron los rastros sangrientos de la batalla. Poco tiempo después, cuando llegó a votar el presidente Lázaro Cárdenas, emblema de la izquierda mexicana y uno de los políticos admirados por el actual mandatario de la República, se encontró con una casilla controlada por sus partidarios. Cárdenas notó que el piso estaba especialmente limpio y se lo refirió a Gonzalo N. Santos, señalando: “Qué limpiecito, pareciera que van a tener una fiesta más tarde”. El cacique respondió al presidente, en un tono socarrón: “Señor, la fiesta ya ocurrió antes”.
Todo esto cambió en 1998.
Aunque la historia, en realidad, comenzó dos años antes. En 1986, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, quien había sido gobernador de Michoacán por el PRI, anunció su intención de contender por la candidatura del PRI a la presidencia de la República.
Se trataba de definir al sucesor de Miguel de la Madrid en la presidencia. De la Madrid se había convertido en el primero que abandonaba los principios tradicionales de la ideología del PRI y buscaba un proceso de modernización de México.
En su sexenio ocurrió el ingreso del país al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), así como un proceso de privatizaciones de empresas que el Estado había adquirido en los últimos 20 o 30 años.
Adicionalmente, el gobierno emprendió un programa de congelamiento de salarios y de precios, con el objeto de frenar la hiperinflación que llegó a niveles de 150 por ciento a tasa anual.
El sistema político mexicano había entrado en una crisis. Existía un conjunto de fuerzas que trataba de mantener la vigencia de las reglas del pasado. Pero la fuerza dominante, encabezada por Carlos Salinas de Gortari, estaba orientada a emprender una reforma profunda del sistema económico.
Ante esa circunstancia, y buscando asegurar que el candidato de la modernización resultara electo, el PRI bloqueó la participación de las fuerzas encabezadas por Cuauhtémoc Cárdenas.
Ante este hecho, tanto Cárdenas como otro grupo de militantes decidió salir del partido en el gobierno.
El complejo proceso electoral de 1988 condujo a que Cárdenas encabezara un frente opositor que, de acuerdo a muchos de sus partidarios, ganó la elección, pero fue víctima de un fraude.
El resultado oficial de esos comicios fue el triunfo de Carlos Salinas de Gortari por poco más del 50 por ciento de la votación, el porcentaje más bajo para un candidato del PRI en toda la historia.
Desde entonces se gestó una crisis del sistema electoral vigente en México. Eso dio lugar a que se modificara la estructura electoral. Desapareció la Comisión Federal Electoral, dependencia del gobierno encargada de organizar las elecciones, y apareció el Instituto Federal Electoral (IFE), que originalmente también dependió del gobierno.
En 1994, sin embargo, se dio un cambio más radical tras la insurrección zapatista en Chiapas y el asesinato del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Se constituyó un nuevo IFE, con una dirección ciudadana, y como un organismo autónomo.
La elección de 1994, que ganó ampliamente el PRI, obtuvo una enorme legitimidad por haber sido un organismo ciudadano quien la llevó a cabo.
Seis años más tarde, cuando Vicente Fox, candidato del PAN a la presidencia de la República, ganó la elección y se produjo la primera alternancia en la presidencia de la República, el IFE también logró una amplia legitimidad por el hecho de que la elección había sido organizada y validada por un árbitro plenamente autónomo e independiente.
El IFE se constituyó entonces en una pieza central de la estabilidad política en México.
La primera gran crisis de este instituto surgió en 2006, cuando el triunfo del candidato del PAN, Felipe Calderón, no fue reconocido por el candidato perdedor, Andrés Manuel López Obrador.
En los meses siguientes se produjo una reforma del sistema electoral mexicano que condujo a una reestructura del IFE y a la salida de los funcionarios que habían dado el triunfo a Calderón.
En los siguientes años quedó claro que el árbitro electoral, a diferencia de sus primeros tiempos, tenía una composición en su junta de gobierno que respondía al equilibrio político en México, por lo que los consejeros eran cercanos a los diversos partidos y ya no eran plenamente independientes.
Eso gradualmente le restó legitimidad.
Sin embargo, cuando en 2018 el ahora denominado Instituto Nacional Electoral (INE), ya como un organismo con más alcance y autoridad, validó el triunfo de López Obrador, nuevamente obtuvo una gran aceptación.
Al paso de los meses se observó que la mayoría de los integrantes del INE buscaban preservar un ejercicio completamente autónomo, lo que generó tensión con un gobierno con tendencias a centralizar y con pocas simpatías con los órganos constitucionalmente autónomos.
Dicha tensión se hizo manifiesta cuando la secretaría de Gobernación demandó que el INE entregara los registros biométricos de los ciudadanos empadronados, a lo cual se opuso el instituto, por estar impedido legalmente de compartir esta información.
El gobierno finalmente desistió en su petición.
Otro caso fue la reelección del principal funcionario operativo del INE, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo. Diversos voceros del gobierno cuestionaron la reelección.
Sin embargo, el punto clave para observar la relación entre el INE y el gobierno federal será el nombramiento de cuatro nuevos consejeros electorales.
Si se tratara de cuatro personas sin los perfiles profesionales requeridos y que fueran muy cercanos al gobierno federal, lo que podríamos anticipar es una gran cantidad de conflictos al interior del INE, con la consiguiente pérdida de legitimidad del instituto.
El procedimiento para su elección es a través de una convocatoria emitida por la Cámara de Diputados. Los interesados se inscriben y luego viene un proceso en el que se filtran los nombres. Al final, para cada consejero a ser reemplazado queda una quinteta y el pleno de la Cámara vota para elegir a una persona de cada una de esas ternas.
A diferencia de lo que ocurre en el Senado, entre los diputados de Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes más uno, requerida para nombrar a los consejeros. Por eso hay gran expectativa de los perfiles que aceptará el gobierno.
En los casos de los órganos autónomos, la administración de López Obrador ha tenido dos actitudes. Por ejemplo, en el Banco de México y el Inegi ha hecho nombramientos estrictamente profesionales. Sin embargo, en instituciones como la Comisión Reguladora de Energía, el Consejo Nacional de Hidrocarburos, o incluso el Consejo de Administración de Pemex, ha puesto en los cargos a personajes cuyo principal atributo es su cercanía con funcionarios del gobierno, no su capacidad técnica.
Queda la incógnita de cuál será el criterio que se utilice en el caso del INE.
Si se percibe que serán personas sin las capacidades para ser parte de la autoridad electoral y que serán incondicionales del gobierno, podría darse un debilitamiento del INE y gestarse divisiones serias en su interior en el marco del proceso electoral de 2021.
Uno de los atributos positivos de México sigue siendo la estabilidad política y el INE es uno de los ingredientes fundamentales de ella.
Si se empieza a erosionar, se podría estar gestando un problema de grandes proporciones.
