Por Notiese
Ante la decisión del Congreso del Estado de Colima de realizar foros para discutir y consultar a la población sobre el matrimonio igualitario, a pesar del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de modificar las leyes que restrinjan la unión matrimonial entre personas del mismo sexo, como el Código Civil colimense que propone la figura de enlace conyugal para parejas homosexuales y de matrimonio para parejas heterosexuales, organizaciones de la sociedad civil y académicos cuestionaron la medida.
En una misiva, leída durante el foro sobre matrimonio igualitario, celebrado el 14 de marzo pasado, la Red de Familias Incluyentes en apoyo a nuestros hijos /as y población LGBTTTI en el estado de Colima, recordó a los legisladores que “los derechos humanos no están sujetos a consulta ni a negociación” y reiteró que los derechos de todas las personas integrantes de la comunidad LGBTTTI “están protegidos en el artículo 1° de la Constitución de nuestro país bajo el principio de Igualdad y no Discriminación y no puede haber ordenamiento legal por encima de la Constitución”.
Por esa razón, recordaron al Congreso que su obligación consiste en respetar los derechos humanos de este sector de la población y no limitarlos, por lo que debe actuar en congruencia con dicho ordenamiento y hacer las modificaciones necesarias a la legislación estatal y al código Civil.
También, señalaron que deben autorizar presupuesto para que se ejecuten políticas públicas que promuevan una cultura de respeto a la dignidad y a los derechos de las personas LGBTTTI y homologar la ley para prevenir la discriminación colimense con la federal para asegurar la protección de los derechos humanos de la comunidad de la diversidad sexual.
Academia
Por su parte, en una misiva, también leída durante el foro, académico/as, investigadore/as, organizaciones sociales y demás personas cuestionaron a las y los legisladores por que “el avance logrado en materia de derechos humanos está en riesgo”.
El documento enfatizó que desde la reforma constitucional de 2011 en materia de reconocimiento de derechos humanos “éstos no se otorgan por el Estado, sino que sólo
se reconocen. Ello implica, según la interpretación de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), que dichos derechos no se consultan ni se someten a foros y,
por tanto, no están sujetos a la aprobación de las mayorías”.
A la vez, externaron su rechazo a una posible consulta pública sobre el tema y llamaron a la legislatura a asumir su responsabilidad y proceder conforme a los criterios constitucionales e internacionales adoptados en materia de derechos humanos, lo cual implicaría realizar las modificaciones necesarias para que a se derogue la figura del enlace conyugal y se legisle en el sentido de concebir el matrimonio como una unión entre personas que pueden ser del mismo sexo o no.
También solicitaron que el acceso a la familia (como evento social) pueda darse desde de diversas uniones –entre ellas el matrimonio– pero también desde las uniones libres o existir a partir de la monoparentalidad, realidades que no coinciden con las descripciones de familia y matrimonio que se tienen en el Código Civil local.
Por su parte, Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a través de un documento redactado a propósito del foro, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha impulsado el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTTTI a formar una familia, a contraer matrimonio, a adoptar, y a la seguridad social.
Inconstitucionalidad
En noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la figura de los enlaces conyugales, contemplada en el Código Civil de Colima, “vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación” porque en los Registros Civiles del Estado se continúa negando el derecho a las parejas de personas del mismo sexo a contraer matrimonio.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación general N° 23, emitida el 6 de noviembre de 2015, consideró que las figuras alternas al matrimonio para la unión legal de parejas del mismo sexo —como el caso de los enlaces conyugales en Colima—, son discriminatorias y se pronunció por la legalización del matrimonio igualitario en todos los estados del país.
