Por Rodrigo Islas Brito
La Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) y sus tres comisionados, Alejandro Solalinde, Diego Osorno y Marina Jiménez denunciaron, como resultado de la recabación de los testimonios de víctimas del conflicto social de 2006 y 2007 y de sus propias investigaciones, la existencia en el estado de Oaxaca de fosas clandestinas y un número aún indeterminado de desaparecidos políticos, en cuya autoría aseguran hubo una complicidad de autoridades tanto estatales como federales.
“Sobre esto nos pusimos en contacto tanto con el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organiza (SEIDO), como con la Procuraduría General de la República y hasta ahora no hemos recibido una respuesta institucional formal para con esta situación”.
Dijo Solalinde, sobre la averiguación previa que desde noviembre la Comisión abrió en la Fiscalía para Delitos de Trascendencia Social de Oaxaca
“Son seis domicilios o sitios que se encuentran a lo largo del estado de Oaxaca” precisó el comisionado Osorno, sobre los lugares en los que la Comisión tiene ubicadas la existencia de fosas clandestinas, gracias a información, no solo del EPR, quien hizo público mediante un comunicado dirigido a la Comisión la existencia de lugares “donde fueron enterrados clandestinamente luchadores sociales y víctimas del terrorismo de estado, sino de fuentes testimoniales externas de los mismos participantes en los hechos, incluyendo policías ministeriales.
Se le comentó a los comisionados que, hasta ahora los únicos reportados oficialmente como desaparecidos políticos del conflicto eran los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos por fuerzas policiacas el 25 de mayo de 2007 en el Estado de Oaxaca.
“Ellos fueron los más notorios, pero no son los únicos” dijo Solalinde, afirmando que la identidad de los desaparecidos y la ubicación de las supuestas fosas clandestinas, se darán a conocer en el informe final de la CVO a entregarse a la opinión pública este 29 de febrero.
Además el activista y sacerdote afirmó que, como resultado de sus investigaciones, la Comisión tiene información de que tanto Amaya como Cruz fueron torturados en el traslado de su ilegal arresto hasta su desaparición.
Dijo que la CVO está en contacto con los familiares de los desaparecidos que también serán finalmente nombrados el próximo 29 de febrero. Comentó que estos tienen mucho miedo de hablar pues muchos de los supuestos o posibles perpetradores todavía forman parte de altos cargos en la estructura política del estado de Oaxaca.
“Nos parece muy grave que no haya habido hasta ahora una respuesta institucional de quienes deberían de estar apoyando. Aquí primero que nada quien debe actuar es la SEIDO en colaboración con las autoridades locales”
“Nosotros entregamos de manera formal, mediante dirigencias que constan en documentos esta información, para que se descartara o se confirmara inmediatamente la existencia de estos lugares de entierros clandestinos”
“No ha habido una acción inmediata por parte de las instancias que tendrían que hacerlo. Es urgente la respuesta de las autoridades para definir si en estos lugares existen o no los cuerpos de personas que podrían estar hoy en calidad de desaparecidas”.
Dijo Diego Osorno, afirmando que los nombres de estos lugares, así como una información precisa de la calidad de estos como posibles cifras de la represión gubernamental del 2006, se darán a conocer en su totalidad en el informe de fines de este mes que comprenderá un total de más de mil cuartillas.
Afirmó que fue un agente del ministerio público federal el que recibió la notificación de las denuncias de la Comisión, mientras que Solalinde aseguró que no sólo hay en Oaxaca fosas clandestinas con los huesos de quienes participaron en el conflicto social del 2006, sino además las investigaciones de la CVO reportaron la existencia de fosas clandestinas en el estado en las que han sido enterrados los cuerpos de migrantes ilegales centroamericanos.
“No solo hay fosas del tiempo de Ulises Ruiz” dijo el sacerdote, al tiempo que Osorno remarcó que no todos se negaron a colaborar con la Comisión, registrándose el testimonio de algunas autoridades estatales del 2006 y 2007, así como el relato del ex presidente Vicente Fox sobre su nivel de responsabilidad en los hechos.
Asegurando incluso que el otro ex presidente involucrado en el 2006, Felipe Calderón, está considerando enviar a la Comisión un texto con su declaración y postura.
Se le cuestionó a la Comisión ¿porque si han pasado diez años del 2006 , es hasta ahorita cuando empiezan a surgir las versiones sobre un número indeterminado de desaparecidos políticos?
“Desde que entramos recibimos testimonios, pero la gente se ha ido armando de valor. Hay personas de las que nunca logramos que superaran el miedo y hablaran del tema “.
Atajó Solalinde, quien con los otros dos comisionados estuvo de acuerdo en que a partir de hoy Oaxaca se convertiría en uno más de los estados del país, con existencia de fosas clandestinas y desaparecidos políticos, con lo que se sumaría así al concierto de horror que hoy domina a México.
“No todos los delitos prescriben. El efecto de las investigaciones de esta Comisión implicara que muchas autoridades se vean en la obligación de hacer lo que les corresponde”.
Señaló la comisionada Marina Jiménez sobre el carácter no vinculante con el que surgió la CVO, asegurando que el informe de la Comisión se irá directamente al conocimiento de la Comisión Interamericana de los Derechos humanos
“El informe tiene diferentes niveles de incidencia y un efecto en el plano internacional , toda vez que el Estado Mexicano tiene una serie de acuerdos y tratados internacionales firmados con respecto al respeto a derechos humanos”.
Los tres comisionados consideraron que a partir de haber hecho público que poseen está información su seguridad personal está en peligro.
“Los desaparecidos y las fosas son solo una parte del informe, pero hay otras partes que resultaran preocupantes para muchas personas. Este informe va a enfadar a mucha gente“
“Hay delitos que se generaron en el 2006 y 2007 que hoy han continuado, Tienen vigencia y son totalmente penalizables”.
Dijo Solalinde, aceptando que el informe final de la CVO tendrá un impacto electoral inevitable.
“La gente no seguirá vendiendo su voto. En este momento en Oaxaca el voto cuesta quince mil pesos .En Oaxaca quien tenga más dinero va a ganar democráticamente. Esa es la triste realidad”
