Por Rodrigo Islas Brito
Arturo Peimbert Calvo, Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca consideró que las declaraciones del secretario de Seguridad Pública del estado, Jorge Alberto Ruiz Martínez, donde entre otras cosas afirma que al interior de la DDHPO debe hacerse “un replanteamiento de sus funciones”, “están relacionadas a criminalizar el trabajo que se hace dentro de la misma Defensoría”.
“Vivimos un precámbrico de derechos humanos en el Estado, este tipo de declaraciones son precámbricas. Muy desafortunadas en el mes (donde se conmemora el día internacional de los D.H.) en el que se tendrían que celebrar los derechos humanos. Hablan de una visión retrograda”.
Para Peimbert, quien argumento su defensa del trabajo de la Defensoría que preside durante la reunión del Consejo Ciudadano de la misma y en una entrevista posterior, las declaraciones del titular de la SSP preocupan particularmente en la parte donde afirmó que la DDHPO “cobija a organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos”.
“El secretario afirma que esta Defensoría trabaja con intereses en relación a las organizaciones sociales que se acerquen. Este podría ser un acto de hostigamiento de su parte”.
“Por supuesto que hay un interés pleno de defender a las personas que se acerquen a este organismo independientemente de su filiación política o de la organización social a la que pertenezcan”.
“Por supuesto que se defiende no nada más a organizaciones sociales, sino a defensores de derechos humanos”.
“La transición política de este estado pasó por una lucha por el respeto a los derechos humanos. Me parece muy extraño que los funcionarios que trabajan por un gobierno de transición no puedan entender eso”.
Peimbert hizo un llamado al gobierno del Estado, “a que se revisen de manera muy particular las actuaciones de sus funcionarios, para que puedan estar de acuerdo los discursos públicos con las acciones públicas”.
Sobre si hoy hay una doble cara del gobierno de Gabino Cué, al promover ante instancias internacionales una plataforma de derechos humanos, cuando su propio secretario de seguridad pública descalifica a la DDHPO con declaraciones que en palabras del entrevistado “contienen un sesgo de autoritarismo”, el Defensor consideró:
“Hay un avance en políticas públicas de derechos humanos. Pero no podemos permitir que se vuelva letra muerta. De que nos sirven estos avances si hay funcionarios que aceptan recomendaciones que no cumplen o que sancionan públicamente el trabajo de defensora y defensores de derechos humanos”.
Peimbert hace referencia al hecho que suscito las declaraciones descalificadoras de Ruiz Martínez, los disturbios registrados en febrero pasado en el penal de Tanivet, que causaron que la Defensoría decretara medidas de protección contra las garantías individuales de nueve reclusas que la SSP tomó de recibido , pero que nunca ejecutó.
“A nosotros se nos hace responsables de situaciones, que cualquier ciudadano dice que pasan al interior de un penal, pero no lo dice el interno. Pero, si el ciudadano, no está dentro del penal, ¿cómo puede demostrarlo?”.
Declaró el titular de las SSP respecto al caso Tanivet. Cuando se le pregunta a Peimbert su opinión de la opinión del funcionario de que la DDHPO escucha a los presos pero no a los policías, una desacostumbrada molestia emerge en Arturo Peimbert.
“Le recomiendo al secretario que lea la ley de la defensoría, es un mandato constitucional. No lo hicimos nosotros. Ahí claramente expresa que nuestro mandato y nuestra obligación es sancionar a las autoridades.
“Nosotros no podemos sancionar a particulares por violaciones a derechos humanos. No estamos en ese punto de vanguardia”.
Respecto a la afirmación del secretario de que el ex subdirector de Reinserción Social, Baldemar Pérez Canseco, uno de los funcionarios señalados en su momento por la Defensoría de ser responsable de violación a los Derechos Humanos en el caso Tanivet, es ahora parte de la oficina de la Secretaria General de Gobierno que se encarga de dar seguimiento a medidas cautelares a víctimas de amenazas y violaciones a los Derechos Humanos, el entrevistado atajó:
“Si fuera cierto, lo vemos totalmente desacertado, desatinado. Una decisión que lo que genera es impunidad en materias de derechos humanos en el estado”.
El Defensor recordó que en el grave conflicto de hace unos meses en el que un grupo de policías tomó las instalaciones de la Secretaria de Seguridad Publica, en ese entonces al mando de Alberto Esteva Salinas, la DDHPO se pronunció porque los policías en el cumplimiento de sus demandas no dejaran sola a la ciudadanía.
“Pero también al Estado para que vigilara el respeto de los derechos humanos de los mismos policías , en cuestión de su alimentación y las condiciones mínimas suficientes para hacer su trabajo”.
Peimbert calificó a este último tema como “no resuelto. Aseguró que la DDHPO seguirán vigilando y observando el tema de las condiciones que viven los policías para seguir haciendo su trabajo.
“Desde su profesionalización, pasando por el incremento a sus salarios y los escalafones que hay que cubrir para acceder al sistema de seguridad pública federal”.
“Hay una miopía sobre la realidad de los derechos humanos y en particular en este momento sobre las mujeres que viven en reclusión penitenciaria en nuestro estado”.
Recordó que similar situación vivió la DDHPO con la Secretaria de Salud y la pasada administración de Germán Tenorio Vasconcelos.
“Fue una crisis gravísima. Cuanto nos costó el estar señalando que las mujeres no tenían condiciones de salud pública para dar a luz a sus propios hijos, que son rechazadas y discriminadas”.
“Hubo una sanción del entonces secretario sobre nuestras opiniones, una descalificación. Creemos que hay una grave crisis de derechos humanos no solo en todo el país, sino también en nuestro estado”.
Finalmente cuando se le cuestionó el porqué la DDHPO no pide la renuncia del Secretario de Seguridad Publica, a sugerencia del Consejero Ciudadano de la Defensoría Pedro Matías Arrazola , quien con los otros consejeros y el mismo defensor votaron para suscribir un extrañamiento sobre las declaraciones de Ruiz Martínez, el titular del órgano autónomo, Arturo Peimbert Calvo consideró:
“No me corresponde a mí como Defensor pedir la renuncia de ningún funcionario. Esa es una responsabilidad que le corresponde al Ejecutivo”
