Expresidente de la Suprema Corte de Justicia sugiere analizar salarios

Por: Excelsior

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza, propuso revisar el método establecido para designar a nuevos integrantes de ese máximo tribunal.

Todos los esquemas en ocasiones requieren de actualizarse para saber de forma objetiva qué ha estado bien o qué ha estado mal, consideró.

“Puede suceder que el sistema esté bien, pero la operación esté mal”, dijo.

El ministro saliente admite que en la Corte se pagan salarios altos y deben revisarse, vigilarse y modularse ante la situación que vive el país y para evitar abusos.

Durante una entrevista con Excélsior, coincidió con la ministra también en retiro, Olga Sánchez Cordero, en que los integrantes de la Corte deben ser sensibles en materia de derechos humanos y que todavía hay una gran cantidad de retos para poder alcanzar una justicia plena en el país.

“Eso es lo que realmente espero de un ministro: que sea sensible, para que la gente confíe en que sus derechos están protegidos”, dijo Sánchez Cordero.

Al hacer un balance de su gestión que hoy termina, la ministra afirmó que el caso Cassez fue un parteaguas en la historia del derecho y del proceso penal, porque se violentaron muchas garantías.

Cassez, un parteaguas en el derecho: Sánchez Cordero

Para la ministra Olga Sánchez Cordero el tiempo de una jueza constitucional es limitado; tal es su compromiso con la defensa de los derechos humanos que casi 21 años en la Corte no le fueron suficientes para sentir su labor finalizada.

En charla con Excélsior, Sánchez Cordero dice sentirse satisfecha y orgullosa de sus decisiones en la Corte, como la defensa al debido proceso en el caso de la francesa Florence Cassez, el de Mariana Lima, que sentó precedente para investigar los asesinatos de mujeres desde una perspectiva de feminicidio y la interrupción legal del embarazo, entre otros.

También, el asunto de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 52 menores de edad, pues la ministra consideró que en los hechos relacionados con el incendio sí se incurrió en violaciones graves a las garantías individuales.

“Cassez es un parteaguas en la historia del derecho y del proceso penal porque ahí se vieron violentadas muchas garantías, fue un auténtico montaje y tomando como base ese montaje se condenó a una persona a 60 años. Creo que ya en este momento se ha entendido que se debe poner inmediatamente a disposición de la autoridad ministerial a los detenidos”, puntualizó.

Criticó que nuestro país se vanaglorie de resoluciones internacionales favorables para México como el caso Avena, en el que se condenó al gobierno estadunidense por haber dictado sentencias de muerte a 51 mexicanos, a quienes se les violentaron su garantías individuales con los mismos argumentos que no puso en práctica en el caso Cassez.

Respecto a la sucesión en la SCJN, que se desarrolla actualmente, Sánchez Cordero de García Villegas consideró necesarios ministros que sean sensibles en materia de derechos humanos y que tengan por vocación la protección de los mexicanos.

“Espero, y yo creo que así va a ser, no tengo duda, que los ministros sean gente sumamente sensible en materia de derechos humanos y de protección de derechos, yo eso es lo que realmente espero de un ministro. Que un ministro sea sensible, porque estamos aquí para protegerlos, para que la gente confíe en que sus derechos están protegidos”, señaló.

En relación con las expresiones que diversas organizaciones buscando una Corte “sin cuotas ni cuates”, la ministra aseguró que ante el nombramiento de los dos nuevos integrantes del máximo tribunal del país los ciudadanos tienen mucho qué decir, pues el máximo tribunal es de suma importancia para los gobernados.

Sobre la protección a los derechos humanos en México, Olga Sánchez Cordero sostuvo que hoy en día tenemos un reconocimiento a ellos totalmente distinto, que van más allá de la Constitución pues también es imperativo que se tomen en cuenta los tratados internacionales signados por nuestro país.

“En materia de derechos humanos estos 20 años han sido un parteaguas, un paradigma, ha sido lo que más ha transformado a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestro tribunal constitucional. Desde 1995 comenzamos a construir esta idea de los derechos humanos, del acceso a la información y las libertades”, puntualizó la ministra.

Y es que consideró que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 tiene como uno de sus puntos de mayor trascendencia la apertura del sistema jurídico mexicano al ordenamiento internacional.

Consideró que el balance de su tiempo en el máximo tribunal del país “es muy positivo” pues desde la reforma constitucional al Poder Judicial de 1995 a la fecha ha habido una gran transformación en todo el ordenamiento jurídico mexicano.

“Cuando estudiábamos allá por los años 60 en la Facultad de Derecho, en nuestro derecho positivo a lo que tenemos ahora es un derecho completamente distinto. La Corte en los últimos 20 años ha cambiado radicalmente”, aseveró.

También aseguró que durante ese periodo la Constitución cambió y fueron creados organismos constitucionales autónomos los cuales, dijo, cuando ella llegó a la SCJN, el 1 de febrero de 1995, no existían.

Aseveró que de esta forma se le fueron “como arrancando” atribuciones al poder Ejecutivo Federal para constituir así el nuevo orden jurídico mexicano y el marco constitucional que actualmente nos rige.

“Empezamos con la autonomía del Banco de México, después la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y así fuimos construyendo muchos órganos constitucionales autónomos a partir de órganos desconcentrados”, recordó.

Tras reconocer que el nuevo sistema penal acusatorio es diferente y ajeno a nuestra idiosincrasia, planteó que no ha sido fácil abrirse a los panoramas que exige la reforma penal, pues éstas representan una importante transformación en el aspecto judicial.

Consideró, al igual que su compañero Juan Silva Meza, que los graves retos para la puesta en marcha de los juicios orales, y que podrían complicar las cosas para su implementación, son la capacitación de la policía, los peritos, pero sobre todo los abogados y los fiscales.

Alertó que si no se pone el dedo en estos temas, los delincuentes peligrosos obtendrían su libertad por la falta de capacitación de fiscales y policías o bien habría gente inocente privada de su libertad porque sus defensores no estaban lo suficientemente aleccionados para el ejercicio de sus funciones.

“Pienso que los procesos penales se van a transparentar, esta va a ser una de las principales características, la oralidad y la transparencia. Adicionalmente el acceso a la información de estos procesos penales, yo creo que se van a limitar los juicios paralelos a través de la prensa, que muchas veces se adelanta a las decisiones de los juzgadores para darle a la opinión pública un veredicto”, dijo la ministra.

Aseguró que por mandato constitucional, el nuevo sistema de justicia debe estar implementado en todo el país en junio del próximo año pues en ese mes vence el plazo para su entrada en funcionamiento.

“No podría el constituyente aceptar un nuevo plazo porque ¡imagínate! Sería catastrófico, son ocho años los que se marcaron”, dijo.

Junto con Juan Silva Meza, la ministra Sánchez Cordero ha recibido un sinnúmero de homenajes en universidades, organizaciones de abogados, agrupaciones de juzgadores y también en organismos sociales.

En uno de ellos, realizado en la Universidad Iberoamericana, dijo  que como ministra llegó a la conclusión de que México necesita dialogar y dejar atrás los atavismos provenientes de visiones desgastadas de los derechos, del Estado, de la democracia, por lo que planteó que este país necesita repensarse y recrearse.

“Me gustaría que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se protejan sin costes vitales, sin muertes innecesarias, sin violencia; que cada mujer de este país pueda autodeterminarse en el libre ejercicio de su sexualidad, sin intromisiones arbitrarias, sin ser castigada por ello”, señaló.

La labor de Olga Sánchez Cordero en la Corte culmina hoy; dice que se tomará unas vacaciones para luego volver a su notaría pública y en agosto próximo incorporarse a la UNAM.

Plantea Silva revisar método de elección de ministros

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN), Juan Silva Meza, consideró necesario revisar el proceso que actualmente marca la ley para la designación de quienes integrarán al máximo tribunal del país, procedimiento que ahora está en marcha en el Senado de la República.

Indicó en entrevista con Excélsior que todos los esquemas, en ocasiones, requieren de actualizaciones para así saber de forma objetiva qué ha estado bien o mal y, tomando como base la experiencia, cuáles han sido sus fortalezas o debilidades.

“Puede suceder que el sistema esté bien, pero la operación esté mal, desde mi particular punto de vista el sistema no está mal; la operación… no sé”, puntualizó quien durante tres años fungiera como presidente del tribunal supremo de nuestro país.

—¿Imperativa una Corte sin cuotas ni cuates?, se le cuestionó.

—Una Corte que cumpla con los mandatos constitucionales en su designación y con eso tenemos, respondió.

Tras ser inquirido sobre los jugosos sueldos que reciben no sólo los ministros de la Corte sino también otros altos funcionarios del Poder Judicial, Silva Meza reconoció que, en efecto, los salarios son altos y deben revisarse, vigilarse y moderarse ante la situación que vive el país y para evitar abusos.

Actualmente un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gana 258 mil 679 pesos, más prestaciones; en el caso de Juan Silva Meza en cuanto pase a situación de retiro percibirá su mismo sueldo durante los siguientes dos años.

Y es que la legislación que rige al Poder Judicial estipula que, al retirarse del cargo, cada ministro tendrá derecho a un haber por retiro vitalicio, el cual será equivalente al 100% durante el primer par de años y posteriormente sólo 80 por ciento.

Sobre esto, sostuvo que el compromiso de los funcionarios judiciales es corresponder con la excelencia en su trabajo ya sea como integrantes de la SCJN, magistrados o jueces; esto con el objetivo de que no haya peros por parte de la sociedad.

“Sí es un Poder afortunadamente bien pagado. Que tiene que haber correcciones, sí, porque vivimos en un país que no está en una situación económica boyante de manera general, definitivamente no; sí hay carencias, sí hay rezagos, sí definitivamente”, señala el ministro.

El ministro considera que todavía hay una gran cantidad de retos para poder alcanzar una justicia plena en nuestro país, por lo que se requiere de una gran sensibilidad social, responsabilidad, autonomía, profesionalización y contacto con la ciudadanía por parte de los impartidores de justicia.

“Ser definitivamente independientes, no depender de nadie más que de la Constitución y la ley, no ser propicios al halago, a la aprobación de los demás, honorabilidad, rectitud pero, fundamentalmente, un trabajo independiente”, expresó.

Juan Silva Meza consideró además que durante el trienio en que encabezó el Consejo de la Judicatura Federal, órgano de administración y gobierno del Poder Judicial, se buscó y aplicó la cero tolerancia para aquellos juzgadores que incurrieran en faltas al momento de impartir justicia, tales como la corrupción.

Reconoció que sí existe “a veces” corrupción en el Poder Judicial pero “afortunadamente” ésta no es generalizada por lo que se debe actuar y reaccionar hasta llegar al final de los procedimientos administrativos.

“No tolerar absolutamente nada en el tema de corrupción, con datos y pruebas, actuar en consecuencia. Desgraciadamente se presentan los malos elementos pero afortunadamente el Poder Judicial sigue siendo un poder confiable para la sociedad”, sostuvo.

Durante la entrevista, se abordó el tema del nuevo sistema de justicia penal el cual, a pesar de los tropiezos, deberá estar en marcha en todo el país desde el 16 de junio, tal y como lo marca la reforma constitucional.

Destacó que hay grandes retos y rezagos que, dijo, no están abandonados como son la profesionalización de las policías, los Ministerios Públicos locales y federales, así como de los peritos.

“El principal reto es que estamos muchas autoridades y poderes del Estado involucrados, a veces no caminamos al mismo ritmo, el Legislativo va a uno, el Ejecutivo va a otro, nosotros a otro y la justicia nacional también y a veces los presupuestos no van por el mismo tenor”, señala.

A pesar de esto, puntualizó que todos los protagonistas están comprometidos con el nuevo sistema de justicia y se saldrá adelante “porque la Constitución lo mandata”, y es una obligación cumplir con los designios constitucionales para la entrada en vigor del sistema.

“Técnicamente va a ser un ejercicio porque es todo un cambio cultural y hay temas que van a costar trabajo asimilarse por la propia sociedad; la sociedad quiere resultados en esos temas pero va a costar trabajo y va a ser una situación de tiempo pero la reforma tiene que salir adelante”, expone el ministro.

Precisamente, las reformas aprobadas en 2011 fueron de tal relevancia que determinaron el inicio de la décima época del Poder Judicial: una nueva era que colocó los derechos humanos de las personas en el centro de la actividad jurisdiccional y que le mereció reconocimientos nacionales e internacionales a la Corte.

“El primero de diciembre adelantaré mis vacaciones que hubieran sido en la quincena siguiente y (posteriormente) me incorporo a la Universidad; yo soy académico, yo he señalado que la vertiente profesional a mí se me dio en dos facetas: la académica y la judicial. Hasta donde pude seguí siendo académico, dejé la Facultad de Derecho hace como 13 años porque todavía como ministro iba a mis clases de las siete y ya después no pude pues este trabajo es absorbente”, relató

Anunció que en 2016 se reincorporará a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México tanto en las aulas de licenciatura, para impartir cátedra de derechos penal o fiscal, como en el espacio de investigación pues, consideró, es necesario aportar a la juventud la experiencia.

Juan Silva Meza, con una carrera de 45 años en el Poder Judicial, considera que en la Corte hay “todos los pendientes” pues hay mucho trabajo y no hay que perder el ritmo ya que sigue la época de implementación de reformas novedosas, por lo que es necesario estar pendientes del control de regularidad y constitucionalidad de las nuevas leyes y órganos, así como de las nuevas disposiciones.

“No me voy ni nostálgico ni triste, esto es un ejercicio a tiempo fijo, una gran experiencia de vida para mí, di todo lo que tenía que dar, creyendo en lo que creía que así debería de ser, trabajé para eso y me voy tranquilo, me voy satisfecho. No sé si lo hice bien o mal pero lo que sí sé es que así quería que fuera”, concluyó el magistrado.