La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) manifiesta su preocupación porque, en lo que va del 2014, 25 activistas y algunas periodistas como Denisse Dreser y Balbina Flores (de Reporteros Sin Fronteras), han sido blanco de 41 agresiones, actos de hostigamientos, detenciones y emisión de órdenes de aprehensión.
De enero a la fecha, la RNDDHM ha documentado 41 agresiones directas contra 25 activistas, así como 6 agresiones contra sus organizaciones. De acuerdo a los registros, diez (10) fueron actos de intimidación; diez (10) amenazas –ocho (8) de ellas fueron amenazas de muerte-; seis (6) ataques al patrimonio personal; cuatro (4) actos de uso excesivo de la fuerza; tres (3) actos de criminalización y judicialización; tres (3) actos de campaña de difamación y desprestigio; dos (2) detenciones arbitrarias; dos (2) agresiones físicas y verbales y un (1) ataque al patrimonio de la organización.
Por ejemplo, la RNDDHM destaca “particular preocupación” por la detención de Enedina Rosas Vélez, Comisariada de la comunidad de San Felipe Xonacayucan, Atlixco en Puebla y quien junto con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos (FPDTAPTM), que protesta en favor de un medio ambiente sano y del derecho a la consulta, los cuales se han visto vulnerados frente al Proyecto Integral Morelos (PIM), megaproyecto energético que propone instalar un gasoducto en la zona de alta peligrosidad del volcán Popocatépetl para abastecer dos termoeléctricas que se construyen en Huexca, Municipio de Yecapixtla, en Morelos. Enedina fue arrestada por policias estatales el pasado 6 de abril de 2014, bajo el proceso 121/2014, en el que se le acusa de robo agravado y oposición a que se ejecute una obra pública.
También destaca el caso de la activista Rosina González, integrante de la organización Internacional Greepeace, y quien ha sido acusada de daños y allanamiento de morada por Petróleos Mexicanos (PEMEX), luego de escalar en Veracruz un edificio de la paraestatal para colgar una manta y manifestar su inconformidad con la promulgación de la Reforma Energética. Rosina es acusada por PEMEX de haber roto una lámpara de más de 78 mil pesos, por lo que podría recibir de 4 a 10 años de prisión y multa de 180 y hasta 500 veces el salario mínimo.
Mujeres periodistas y defensoras del derecho a la información y la libertad de expresión, tanto en contextos urbanos como en comunitarios, también viven en condiciones de riesgo e inseguridad. En los primeros meses del año hemos registrado actos de intimidación, calumnia, amenazas, criminalización y judicialización contra mujeres periodistas, señala la Red.
“Basta mencionar la amenaza contra Balbina Flores Martínez, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras (RSF), ocurrida el pasado 12 de marzo de 2014. La periodista, también colaboradora de la Revista Zócalo, recibió tres llamadas mediante las cuales le hicieron saber que alguien había pagado para que le hicieran daño.
Asimismo la organización Artículo XIX[6] denunció los actos de intimidación y la campaña de desinformación y desprestigio contra la politóloga y columnista Denisse Dresser luego de haber escrito en su columna del periódico Reforma sobre el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones. A través de una carta, Jesús Anaya, Coordinador de Comunicación Social de dicho Grupo Parlamentario escribió a la columnista frases intimidatorias como: “Por cierto, en las democracias avanzadas que usted dice admirar, la calumnia y la difamación son castigadas y los supuestos periodistas y analistas sin escrúpulos que lo hacen, dejan de tener la oportunidad de participar en los medios de comunicación de prestigio como le sucedió al señor Craig Pyes”, en referencia al supuesto despido de periodista Pyes del periódico The New York Times por haber escrito anteriormente sobre Beltrones y en cuya información Denise Dresser se basó para escribir su columna “Cloaca abierta” .
Las 135 defensoras y mujeres periodistas que conforman la RNDDHM pertenecientes a 83 diversas organizaciones no gubernamentales y que nos ubicamos en 19 estados de la República y en el Distrito Federal, exigen a las autoridades federales y estatales el cese de todas las formas de agresión hacia quienes defendemos los derechos humanos y el cese a la criminalización de activistas, defensoras y periodistas.
