Reforma
Partiendo de la premisa de que los servicios de salud que otorga el sector privado tienen un costo económico en toda persona que solicita atención para resolver un problema que pudiera resultar totalmente gratuito en una institución pública, se entiende por qué el crecimiento de la medicina privada tiene una relación inversamente proporcional a la capacidad, disponibilidad y efectividad de la atención pública. A mejores instituciones gratuitas, menos personas buscarán atenderse en sitios donde el costo afectará su bolsillo.
En México históricamente la medicina pública y privada han coexistido, permitiendo que la población que así lo desea pueda recibir atención particular. Incluso algunas instituciones privadas ayudan atendiendo pacientes de bajos recursos con programas que permiten que el costo sea más accesible. La cooperación siempre ha existido.
El deterioro en los servicios de salud con la administración actual ha sido catastrófico, por decir lo menos. Más de 15 millones de mexicanos quedaron desprotegidos con la desaparición del Seguro Popular y el fracaso de Insabi. El rompimiento con las empresas que vendían y distribuían medicamentos, sin tener una alternativa en su momento, ha provocado la mayor escasez de medicamentos en la historia reciente de nuestro país. La caída en el programa de vacunación infantil y la terrible estrategia para enfrentar una pandemia que ha dejado al menos 650,000 fallecidos son algunos ejemplos que han provocado que nos encontremos en uno de los peores momentos en la historia de la salud mexicana.
Igualar la atención médica de instituciones públicas y privadas sería para todos entendible y aplaudible. Sin embargo, ante el desastre provocado en las instituciones que atendían en forma gratuita, la forma de empañar esta diferencia ha sido quitar recursos y herramientas a las instituciones y médicos privados, obstaculizando pruebas diagnósticas, negando el uso generalizado de medicamentos y monopolizando la aplicación de la vacuna para una emergencia sanitaria.
Daría la impresión que como no se ha logrado el avance prometido por el gobierno y esperado por los que acuden a las instituciones públicas, resulta más fácil desprestigiar a los servicios de salud que la medicina privada ofrece a los ciudadanos.
La vacuna contra el Covid-19 es un ejemplo de monopolización gubernamental, ha sido manejada como asunto de seguridad nacional y se ha impedido la aplicación a otros sectores. El resultado ha sido no considerar al sector salud privado como personal de riesgo, no tomar en cuenta las comorbilidades como personas vulnerables, no tener las terceras dosis a tiempo; la negativa para vacunar a niños entre 5 y 12 años hasta fecha reciente, cuando ya en otros países se está vacunando a infantes entre 6 meses y 4 años de edad. Todo esto ha provocado que la población mexicana no supere el 65% con esquema completo, algo que sin lugar a dudas tuvo que ver en el alto número de casos que se registró en la reciente quinta ola.
Hace dos semanas se autorizó la compra de 300,000 tratamientos antivirales de paxlovid, sin embargo, la aprobación ha quedado restringida a las instituciones públicas, dejando a la medicina privada sin la posibilidad de prescribir un medicamento que puede salvar la vida de personas infectadas con el virus.
Con la vacuna, ellos decidieron cuál, en dónde, cómo y cuándo. Ahora con los antivirales se ha llegado al grado de discriminar y decidir quién sí y quién no debe recibir un medicamento que por derecho constitucional debería de estar disponible para aquellos que lo necesitan. No existen mexicanos de primera y de segunda, tampoco “privados” o “públicos”.
Los errores tienen una repercusión que va más allá del costo económico, lo hemos vivido con esta pandemia donde los culpables de su manejo continúan tomando decisiones que con sus políticas discriminatorias afectan a la población y siguen costando vidas de mexicanos. ¿Por qué destruir, cuando se trata de construir?
El autor es Médico Internista e Infectólogo de México.
