Filtran tortura a un detenido por los 43 estudiantes de Ayotzinapa

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Debate

Ciudad de México. Un video sobre el polémico y aún no resuelto caso Ayotzinapa salió a la luz en las redes sociales. Se trata de unas imágenes que muestran un interrogatorio a la una persona que responde preguntas, él está maniatado y con los ojos vendados.

El hombre sería Carlos N, arrestado el 22 de octubre de 2014, en Iguala por agentes de la policía ministerial y elementos de la Marina como presunto responsable de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

En el video se aprecia que atrás del detenido hay una persona con uniforme de la Policía Ministerial, quien trae en sus manos una bolsa de plástico que después usa para colocarle en la cabeza del detenido.

Al hombre lo empiezan a cuestionar y declara que unos “12 o 13” estudiantes habrían sido entregados a ministeriales en el Tomatal, que es la entrada y salida a Chilpancingo, en Guerrero, y posteriormente habrían sido llevados a unas casas en Mezcala.

“A esas casas obviamente has ido tú. ¿Si nos puedes acompañar para decir dónde están las casas?”, cuestionan los policías, quienes parecen dudar y acto seguido le cubren la cabeza con una bolsa de plástico para continuar la tortura.

La voz del video que interroga al joven es la de Carlos Gómez Arrieta, entonces encargado de la Policía Federal Ministerial, de acuerdo con un peritaje realizado por la comisión creada por el actual gobierno para investigar el caso.

Gómez Arrieta es actualmente subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán.

Un informe de marzo del 2018 del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que al menos 34 detenidos habían sido torturados, la mayoría por agentes de la policía ministerial, adscrita a la fiscalía federal.

Fue el 26 de septiembre del 2014 cuando los 43 estudiantes desaparecieron y a casi cinco años de lo sucedido aún no se han encontrado rastros de ellos.

Dichas revelaciones del sujeto vienen a poner en duda las declaraciones del gobierno que encabezó en el sexenio pasado Enrique Peña Nieto, cuando presentó la llamada “verdad histórica” en la que señalaba que los jóvenes habían sido entregados a un grupo criminal por policías de diversas corporaciones, fueron asesinados e incinerados en un basurero del municipio de Cocula, pero nunca se encontró alguna evidencia ni restos de los estudiantes.