Por Excelsior
Jesús Zambrano y Alejandro Ojeda, presidente y el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, respectivamente, llamaron a las comisiones de ambas cámaras (que tendrán la responsabilidad de dictaminar) y a los coordinadores parlamentarios del Congreso a establecer una mesa de trabajo conjunta para aprobar, antes de que termine el actual periodo de sesiones, la Ley General Contra la Desaparición Forzada.
Expusieron que hay diversas iniciativas en la materia, una de ellas presentada por ambos legisladores, así como otra por el Ejecutivo federal, por lo que sólo falta voluntad política para que el tema sea aprobado lo más pronto posible, y se hace viable y necesaria una mesa conjunta entre diputados y senadores.
Los legisladores del PRD manifestaron que así como los temas de transparencia, Mando Único y Anticorrupción, el de desaparición forzada es también impostergable.
La ley establece la protección de la persona contra este delito, así como la aplicación de acciones de prevención, investigación, persecución y criterios para sancionarlo, además de protección y asistencia a familiares y testigos.
Convocaron a establecer una mesa de trabajo bicameral, para que cuando se apruebe en el Senado, pase de inmediato en San Lázaro.
Señalaron que “en México la desaparición forzada de personas es una tragedia que cada día cobra más víctimas y, en algunas entidades, es una práctica sistemática: Las carreteras se han vuelto intransitables, y lugares que antes eran turísticos ahora son escenarios de terror, pues de la noche a la mañana desaparecen personas; además, tenemos autoridades que o están coludidas con la delincuencia organizada o no pueden o no quieren resolver las miles de denuncias”.
Argumentaron que la ausencia de una ley ha permitido que el Estado no asuma su plena responsabilidad en el tema, como lo muestra la inexistencia de cifras oficiales.
Iniciativa
- El 10 de diciembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado su iniciativa en materia de desaparición forzada, en la cual propuso que sean tipificados como delitos graves la desaparición de personas llevada a cabo por particulares y que el ilícito sea castigado con hasta 90 años de cárcel.
- En los casos de incineración, desintegración o destrucción clandestina de cualquier cadáver, pide hasta ocho años de prisión.
- Solicitó que, además de funcionarios, los particulares puedan ser acusados como responsables de desaparición forzada.
- La iniciativa incluía también a quienes oculten o se queden con hijos nacidos de desaparecidos, y les impone penas de hasta 20 años de prisión.
