Se ha registrado el primer arresto como resultado de las investigaciones de la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos en la Oaxaca de 2006 y 2007.
El pasado ocho de septiembre, sus tres comisionados, Alejando Solalinde, Diego Osorno y Marina Rodríguez, en colaboración con la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, precedida por Samuel Castellanos Pineda, anunciaron la consignación ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, de siete ex autoridades municipales de San Antonino Castillo Velasco por la ejecución extrajudicial, cometida el 2 de octubre de 2006, sobre la vida de Arcadio Hernández Santiago, campesino, policía comunitario e integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Hoy, de acuerdo a informes proporcionados por la Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría), se ha dado arresto a uno de los siete consignados, Walter David Cruz Javier, ex autoridad de San Antonino Castillo Velasco, y quien presuntamente formó parte y disparó hace nueve años en contra de Hernández Santiago (con 49 años cumplidos) en el paraje conocido como la Rotonda de las Azucenas de esa población.
De acuerdo a informes previos de la Comisión de la Verdad, la ejecución se dio mientras policías comunitarios realizaban rondines de vigilancia, siendo atacados por personas que presuntamente actuaron bajo órdenes de autoridades municipales priistas.
Entre los seis consignados restantes se presume se encuentra Joél López Sánchez, destituido durante el 2006, acusado de graves irregularidades y corrupción, por un grupo de simpatizantes de la APPO, quienes mediante una asamblea general aprobaron entonces la destitución de su gobierno, por la sustitución de un ente al que llamaron Ayuntamiento Popular de San Antonino Castillo Velasco.
Este sería el primer acto de justicia promovido por una Comisión de la Verdad, a la que se le ha cuestionado sus intenciones (de las cuales se ha especulado que su creación no se debió más a que afines meramente políticos y electorales) y sus verdaderos alcances jurídicos al no tener en su informe final, a ser entregado en marzo del próximo año, alcances de justicia directamente vinculantes.
Al respecto, Alejandro Solalinde, consejero presidente de la Comisión declaró hace casi dos meses.
“Independientemente de vaivenes políticos vamos a hacer nuestro trabajo”
Los tres comisionados se han declarado también porque las violaciones a derechos humanos durante el 2006 y 2007 no se dieron únicamente en la ciudad de Oaxaca y sus poblaciones cercanas o aledañas, sino en las ocho regiones del estado.
