Ulises Ruiz puede ser citado por la Comisión de la Verdad a dar su testimonio sobre su probable responsabilidad en las posibles violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos durante el conflicto social del 2006 y sus remanentes del 2007, pero el ex gobernador está en su perfecto derecho ciudadano y legal de no presentarse a declarar nada.
Así lo informó en entrevista, María Eugenia Mata García, secretaria ejecutiva de la citada Comisión y máxima responsable de su coordinación operativa.
“Los vamos a citar (al exgobernador Ruiz y a otros funcionarios de su administración) pero el asunto no va a ser público, porque no es un circo. Hay todo un protocolo de confidencialidad”.
Esto quiere decir que aunque en el remoto caso de que Ulises Ruiz finalmente accediera a comparecer ante la comisión y sus tres comisionados, Alejandro Solalinde, Diego Osorno y Marina Rodríguez, la ciudadanía no sabrá que declaró hasta que no se concluya la investigación y se entregue un informe final de la Comisión en el mes de febrero.
“Tenemos la obligación de convocar a todo el mundo , pero ciertamente no hay una obligación de la persona para acudir a nuestra convocatoria”
“Pero no queremos dejar de hacerlo , queremos tener los mayores elementos para que todas las voces estén puestas”.
“A esta Comisión de la verdad nos interesa muchísimo la seguridad de las personas, en Guatemala las víctimas dieron su verdad, y cuando cambio el régimen se asesino a cualquier cantidad de personas que dieron su testimonio”.
Menciona Maru Mata sobre una comisión de la verdad que investigó sobre una guerra civil fratricida. Se le cuestiona si en el informe habrá datos de los declarantes.
“Existe una protección a datos confidenciales, de nombres y domicilios, y que se quedaran resguardados debidamente con una clasificación cuando concluya la labor de esta comisión”
Sobre si esto no significara una contradicción en caso de que estos datos reservados impidan saber quiénes son los autores de posibles señalamientos de responsabilidad sobre funcionarios públicos de la Oaxaca del 2006 y del 2007, Mata consideró que esta no existe.
“No la hay, porque el gobierno recibe el informe y entonces tiene que decir, ah, acá me están diciendo muy claramente que se afecto a tales o cuales personas, las cuales no tienen problema para hacerlo público”.
“El gobierno tiene entonces la obligación de investigar esos señalamientos para un posible procesamiento”.
Mata afirma que la Comisión no es vinculante ( no puede fincar cargos de responsabilidad penal sobre nadie) por decisión del decreto del Congreso que le dio forma en octubre del 2013, ante lo cual terminó por conformarse en septiembre del año siguiente, con un plazo constitucionalmente establecido de 18 meses para conformar su informe y darle claridad a lo que aconteció y explotó socialmente en Oaxaca en el 2006 y buena parte del 2007.
¿Pero qué harán los oaxaqueños con esta claridad? ¿Con la verdad que arroje un informe legalmente no vinculante, que incluirá probables señalamientos contra funcionarios públicos del sexenio pasado que quieren regresar al juego político en la elección para gobernador del próximo año?
“No es un asunto de que nos vale cacahuate”, responde Mata, asegurando que “a las organizaciones de víctimas con las que hemos estado trabajando, les decimos que empecemos a pensar el cómo ellos se pueden apropiar de este informe y retomarlo. Pensarlo más allá del futuro proceso electoral que durara unos meses ¿Que hacemos después de eso? “.
“Le saldría muy barato a los que fueron perpetradores que se les castigara solo con unos cuantos votos perdidos. A quienes torturaron, a quienes asesinaron, a quienes fueron omisos”.
Mata asegura que el informe de febrero se dará a conocer a instancias internacionales, después de entregarlo a poder ejecutivo, legislativo y la sociedad Oaxaqueña.
“Que en el extranjero se sepa que fue lo que pasó, y entonces que cada quien actué en consecuencia”
Maru comenta que después de que la Comisión sea disuelta en febrero, regresara a la sociedad civil, y hará porque la verdad que arroje el informe no se quede en un archivo.
Se le comenta si el informe a la larga no terminara por arrojar una mayor conflictividad al estado, al señalar responsables de violaciones a los derechos humanos que a la larga no podrán ser indiciados penalmente.
Mata delibera y responde, “no puede haber una mayor impunidad. No puede ser que estas cosas se vuelvan a repetir. No puede ser. Si hay conciencia y ética estas cosas no pueden volver a pasar”.
¿Pero será que el informe de la comisión realmente se traduzca en justicia?, la coordinadora considera que será la sociedad organizada la que finalmente tiene que hacer que el valor del informe funcione.
“Ojalá las organizaciones y las víctimas entiendan que lo suyo implica una respuesta organizada, más allá del proceso electoral para encontrar justicia “.
“Con el informe, las víctimas que formen parte de él podrán decir, me vi afectada. No solo es una reivindicación económica, es un asunto de reivindicar a las personas afectadas, aquellas que si hubieran tenido la atención adecuada para los daños que sufrieron, hoy su vida sería diferente”.
Pero existen grupos que se identifican como víctimas del 2006 y 2007 que ya dijeron que quieren dinero, y que la Comisión no se los está dando ni tramitando.
“Ya les explicamos en reuniones, con elementos jurídicos, que esta Comisión no tiene recursos para reparación del daño, no es vinculante”.
“Dirá y hará recomendaciones en su informe sobre todo lo que comprende la reparación del daño, incluido lo económico, y nada más”.
Para Mata el renombrar alguna calle con algún hecho simbólico del 2006 puede ser en si una reparación del daño para una reconciliación con la memoria social.
“En la sesión de la comisión en el teatro Alcalá, las víctimas decían, queremos decirle a la sociedad oaxaqueña que no somos delincuentes. Porque así fueron tratados”
La activista y hoy funcionaria afirma que la Comisión está hoy en la fase de recoger los testimonios de víctimas, testigos y posibles perpetradores.
“Nos hemos encontrado con cierta resistencia de las víctimas, un miedo a declarar, por ejemplo personas que durante el 2006 estuvieron presas en el penal de Miahuatlán y de repente les dijeron ya te puedes ir, y aun hoy no saben bien cuál es su situación jurídica”.
Se le cuestiona a Mata sobre el informe de actividades de la Comisión de la Verdad socializado hace unos días y él porque este no fue hecho público mediante una conferencia de prensa con los medios de comunicación.
Sus respuestas a este respecto y otros apuntes sobre la Comisión que coordina formaran parte de la segunda parte de esta entrevista.
