Senado definirá un patrón legal para maestros de la CNTE

0
141

El Congreso de la Unión le tomó la palabra al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, y definirá quién será el patrón legal de los maestros, responsable de sancionar a los faltistas y de asumir el servicio de impartir clases cuando los docentes no trabajen injustificadamente, como ocurre en Oaxaca.

El martes, después del reclamo de legisladores por haber pagado el salario a la disidencia, pese a que no dieron clases en dos semanas, Chuayffet solicitó al Congreso que identifique al patrón que deberá castigar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En conferencias de prensa por separado, el panista Juan Carlos Romero Hicks y el priista Daniel Amador, presidente y secretario, respectivamente de la Comisión de Educación del Senado, adelantaron la disposición para analizar la petición de Chuayffet y los alcances del acuerdo asumido en 1992 para concretar la descentralización educativa.

En diversas entrevistas con Grupo Imagen Multimedia, Romero Hicks aseguró, sin embargo, que el Congreso le dio todas las herramientas legislativas a la autoridad, pero el secretario de Educación opera aislado y busca dirigir “desde las sombras tras un escritorio”, lamentó.

El senador panista dijo que “los gobernadores ni pagan ni mandan y el gobierno federal sí paga y no manda”; de ahí la urgencia de hacer este análisis, advirtió.

Ayer, la CNTE desquició la zona centro de la Ciudad de México y dejó sin clases a los alumnos de 67 planteles.

El secretario general de la Sección 9, Enrique Enríquez, advirtió que continuará con acciones de presión contra la Reforma Educativa en la capital del país.

Congreso definirá patrón de CNTE

PAN y PRI atienden demanda del secretario Chuayffet.

Legisladores del PRI y el PAN le tomaron la palabra al secretario de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet, y se declararon dispuestos a analizar y definir quién es el patrón de los maestros en todo el país.

En conferencias de prensa por separado, los priistas y los panistas coincidieron en que el Poder Legislativo debe establecer un diálogo con todas las autoridades educativas para hacer las valoraciones pertinentes.

El martes, durante la comparecencia ante los senadores y diputados federales de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, quienes le reprocharon en varias ocasiones que haya pagado el sueldo a los maestros que dejaron sin clases a los estudiantes, Emilio Chuayffet pidió a los legisladores federales definir en ley quién es el patrón de los maestros; si se define que es la SEP, se dará un paso atrás a la descentralización; si se define que los estados, entonces se tiene que definir en qué momento interviene la SEP.

“El verdadero papel es definir quién es el patrón en materia educativa. Si decimos que es la SEP damos un paso atrás en materia de descentralización; si decimos que son los estados, entonces tenemos que establecer las sanciones o la figura alemana de la intervención federal para poder hacernos cargo temporalmente de la educación en aquellos estados donde no se cumple el proceso del servicio prestacional”, les dijo.

Ayer miércoles, Daniel Amador Gaxiola, secretario de la Comisión de Educación del Senado, explicó que será necesario revisar los alcances del acuerdo de descentralización educativa asumido en 1992; si procede aún o “qué esquema es el que debe proceder y aquí lo que corresponda al Legislativo tendríamos que analizar las iniciativas correspondientes para hacer las adecuaciones en la reforma, y lo que corresponde a lo que se pueda entender entre Ejecutivo Federal y ejecutivos estatales, tendrán que sentarse a la mesa sobre este tema”.

Añadió que un asunto clave para analizar es “el asunto de la centralización de la nómina, si verdaderamente es un esquema que funciona o es un esquema que centraliza demasiado y que rompe con el acuerdo nacional de descentralización y que también quizá no permita que los estados puedan tener una cercanía y afinidad de carácter laboral y prestacional con los propios trabajadores de la educación que están en los estados”.

Por su parte, los senadores y diputados federales, encabezados por los senadores Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, y Javier Lozano anunciaron que se analizará el acuerdo de 1992, para definir las nuevas reglas del federalismo educativo.

“Conductas como las de la semana pasada, donde el gobierno local de Oaxaca primero solicita suspender el pago de la nómina a los maestros que faltaron 12 días consecutivos y luego instruye, entre comillas, al gobierno de la República a pagar, implica varias responsabilidades: al secretario de Hacienda, por no verificar; al secretario de Educación y al secretario de Gobernación, por lo tanto, la figura de patrón sustituto va a tener que revisarse”, precisó Romero Hicks.

Reproches legislativos

Senadores y diputados federales del PRI y el PAN se confrontaron por el tema educativo, porque los panistas exigieron la renuncia del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, mientras los priistas insistieron en que los panistas carecen de calidad para hacer estas críticas, porque sus gobiernos federales entregaron la política educativa a Elba Esther Gordillo.

En conferencia, el panista presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Carlos Romero Hicks, encabezó a los legisladores panistas para insistir en que citarán al secretario de Gobernación y a los gobernadores de los estados

Por separado, en otra conferencia, los priistas David Penchyna y Daniel Amador Gaxiola recordaron a los panistas que sólo el Presidente puede decidir sobre los integrantes de su gabinete y que el Poder Legislativo carece de facultades para citar a los gobernadores.

Así, ayer los legisladores del PRI y el PAN extendieron su dinámica de reproches mutuos sobre las decisiones asumidas por los gobiernos emanados de sus partidos políticos en torno a la educación; David Penchyna dijo incluso que la posición del PAN respalda las protestas de la CNTE; “están metiéndose en un terreno político, en una inmediatez evidente de una lucha interna, de una derrota electoral, jugando con un bien en el que nosotros creemos que es incorrecto”.

El senador añadió que “nosotros no vamos a caer en un juego mediático que desconoce en la honestidad pura el que ellos no tuvieron la visión de entrarle en serio al tema educativo, como este gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña sí ha tenido la decisión de una reforma estructural que le urge a México y trabajaremos todos los días, porque esa reforma que ha sido ya por unanimidad calificada de constitucional llegue hasta sus últimas consecuencias”, dijo Penchyna.

Añadió que el gobierno federal hace uso de “la buena política, no de la política de la descalificación y de venir a pedir renuncias cuando no se tuvo el ejercicio autocrítico; cuando se tuvo el poder para transformar algo fundamental que es la educación de los mexicanos”.

Momentos antes, Juan Carlos Romero Hicks anunció que los panistas en el Senado y la Cámara de Diputados “salimos a solicitar al señor Presidente de la República la remoción del secretario Chuayffet, ambos grupos parlamentarios. Ya la decisión está en manos del Ejecutivo federal”.

Javier Lozano explicó que los maestros disidentes no protestan porque se les deje de pagar, sino porque tienen el objetivo de echar abajo la Reforma Educativa.

Indolencia

El subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP, Javier Treviño, lamentó que el gobierno de Oaxaca no proteja el derecho de los niños a una educación de calidad.

“Desde 1992, la política educativa está a cargo de las autoridades estatales y tenemos el caso de Oaxaca que no han garantizado el interés superior de la niñez y el derecho a una educación de calidad. Esa es nuestra obligación y hacia allá debemos de ir, lo que no podemos realmente seguir es un camino en el cual no se está avanzando en la educación de calidad a la que están obligadas las autoridades de Oaxaca”.

En entrevista con Jorge Fernández Menéndez para Grupo Imagen Multimedia, garantizó que serán evaluados los mil 479 maestros de los estados de Oaxaca, Michoacán y Chiapas que no presentaron los exámenes.