Las comisiones del Senado comenzarán con el análisis de la reforma anticorrupción, pero será hasta después de Semana Santa cuando la voten debido a que panistas y perredistas buscan modificar la minuta que tardó más de un año para consensuarse en la Cámara de Diputados.
Mientras tanto, la Iniciativa Privada pidió a los senadores avalar cuanto antes la reforma constitucional, porque se estima que para las empresas que operan en México la corrupción tiene un costo similar a un impuesto adicional de 15 por ciento.
Pese a que la reforma es una de las más importantes para los grupos políticos, senadores buscarán modificar la minuta. Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, consideró que sería un atentado contra la reforma querer hacerle cambios profundos, aunque no descartó que se puedan hacer modificaciones sencillas tras los acuerdos políticos.
“De entrada, hacerle modificaciones profundas me parece que rompe con los acuerdos de esta negociación, que tardó más de un año en llegar a buen puerto, y estaríamos condenando al olvido esta reforma”, dijo el legislador del PVEM .
Hoy, las comisiones de Puntos Constitucionales, Anticorrupción y Estudios Legislativos Segunda presentarán la minuta de manera formal para que los senadores den sus primeras consideraciones al respecto; no obstante, darán un periodo de reflexión para los cambios y después de Semana Santa prevén que la reforma pase al pleno.
El PRI y el PVEM están dispuestos a ratificar la minuta en sus términos, pero el PRD y el PAN consideran que pueden mejorarla. El perredista Armando Ríos Piter adelantó un decálogo de cambios que impulsará para darle más poder al ciudadano dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y tenga mayor control sobre la clase política.
Este poder, sugirió, se le dará a través de un Comité de Participación Ciudadana y la figura de Comisario Ciudadano que “habrá de presidir el Comité Coordinador del SNA, encargado de promover el trabajo articulado entre todas las instancias involucradas en la lucha anticorrupción, a nivel federal, estatal y municipal, ya sean públicas o del sector privado y social. Las resoluciones del comité serán vinculatorias”.
También consideró necesario que la Auditoría Superior de la Federación goce de autonomía presupuestal y poder para ejercer acción penal derivado de las investigaciones que realice, que el Tribunal de Federal de Justicia Fiscal y Administrativa renueve a sus integrantes al momento de la aprobación del Sistema y que el titular de la Secretaría de la Función Pública sea removido de su encargo en el momento mismo de la aprobación del SNA.
El PAN analiza aún los cambios que pretende hacer, pero se dio a conocer que uno de los que propondrá modificaciones es el ex secretario de la Función Pública, Salvador Vega.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, refirió que por casi 40 años lo que se hizo en México fue tratar de controlar la corrupción desde el Ejecutivo hacia sus ramas administrativas, por eso el origen del combate a la corrupción en México era más bien de control político.
En los últimos 20 años se incorporó en esta detección de irregularidades a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación y ahora se pretende que haya un sistema articulado más allá de que una institución tenga el monopolio anticorrupción, concretó.
Por otro lado, el presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón, urgió al Congreso de la Unión a aprobar la reforma anticorrupción que incluso mandata sancionar a los particulares que corrompan a funcionarios públicos.
“La corrupción no sólo repercute en la Iniciativa Privada sino en la economía en general. Las estadísticas nos han dicho que la corrupción en México significan un poco más de un punto del PIB y eso es una fracción muy importante en la economía”, expresó.
Bancada del PAN
Acepta la minuta pero pide mejorarla en controles externos
Pese a que su prioridad es la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, senadores del PAN, como el ex secretario de la Función Pública, Salvador Vega, han dicho que buscarán mejorar la reforma anticorrupción, que tardó un año en salir de la Cámara de Diputados y ser enviada a la Cámara Alta.
El coordinador del blanquiazul en el Senado, Fernando Herrera, consideró que el Sistema Nacional Anticorrupción “es indispensable, primero para limpiar a México de corrupción y, segundo, para que funcionen las demás reformas, como la Ley General de Transparencia”.
En general el blanquiazul acepta la minuta y celebra, entre otras cosas, que haya controles externos, lo que implica fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía Especializada para combatir los delitos relacionados con hechos de corrupción.
Postura conjunta con el PVEM
PRI pide que sea aprobada como llegó de la Cámara de Diputados
El PRI y el PVEM en el Senado de la República pugnarán por aprobar la reforma constitucional en materia anticorrupción tal como se aprobó en la Cámara de Diputados; esto con el argumento de que a ese producto llegaron los diputados tras meses de negociación política.
El senador del PRI, Enrique Burgos, presidente de la Comisión Anticorrupción, afirmó que no se le dará fast track a la reforma porque el contenido se cabildeó por las fuerzas políticas durante meses.
Pablo Escudero, del PVEM y presidente de la Comisión Anticorrupción, consideró que la minuta trata de satisfacer una solicitud ciudadana que combata la impunidad, por lo que se le dará el aval en sus términos ya que “costó mucho llegar a su consenso, unos tuvieron que ceder en muchas cosas y otros tuvieron que dar muchas cosas”.
Postura del PRD
Modificar la ley para que la ASF sea un auténtico tribunal de cuentas
Legisladores del PRD se han pronunciado a favor de cambiar la minuta anticorrupción. El coordinador de la fracción parlamentaria, Miguel Barbosa, fue el primero en plantear modificaciones.
Barbosa quiere que el presidente de la República también sea acusado si propició o incurrió en actos de corrupción, que se fortalezca la autonomía de la Auditoría Superior de la Federación para que sea “un auténtico tribunal de cuentas” y que el Sistema Nacional Anticorrupción incluya a los titulares de los poderes de las entidades federales.
Armando Ríos Piter buscará que se cree la figura de comisario ciudadano, misma que presida el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y que el titular de la Secretaría de la Función Pública sea removido de su encargo en el momento mismo de la aprobación del sistema.
