El diputado local priista Adolfo Toledo Infanzón, afirmó que en Oaxaca prevalece una evidente problemática en el Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular.
“Hay acusaciones de diversa índole que recaen sobre el director del mismo, Salvador Monroy Rodríguez, y ello, plantea la necesidad de analizar de manera conjunta desde el Poder Legislativo, cuáles son los factores que impiden que tengamos una cobertura universal y aclarar las imputaciones de posible malversación de recursos públicos”, indicó.
En este sentido, en la sesión ordinaria de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura local, efectuada el 11 del presente mes, propuso un punto de acuerdo, para que el Congreso del Estado, cite a comparecer a Monroy Rodríguez.
El legislador Toledo Infanzón, en sus consideraciones expuso que en declaraciones públicas del secretario general de la Sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, refiere que 700 mil oaxaqueños no tienen apoyo de ningún tipo y que los trabajadores sindicalizados atienden al 50.4 por ciento de la población en el estado.
Además detalló que en el 2012 se afiliaron al Seguro Popular 2 millones 300 mil ciudadanos de los cuales únicamente se brinda atención a un millón 400 mil personas y envió al Instituto Mexicano del Seguro Social, 900 mil usuarios.
El diputado Toledo Infanzón, indicó que para lograr el funcionamiento del Seguro Popular, este es coordinado por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), operado por los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, con el apoyo de los Servicios Estatales de Salud.
Sin embargo, debido a distintos aspectos como son: la desigualdad en la distribución de los recursos financieros, físicos y humanos en el sistema de salud, el recorte del gasto social, la depresión salarial, el desempleo, el mal uso y destino de los recursos públicos, entre otros aspectos, éste no logra cubrir en su totalidad a toda la población.
Señaló que existe una inadecuada administración e implementación de este sistema, como refiere una investigación que realizó el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales denominado: “Impacto del seguro popular en el sistema de salud mexicano”.
Éste, establece que las fuentes de financiamiento del Sistema Nacional de Protección Social en Salud (SNPSS), o sea la aportación solidaria estatal (ASE) y la familiar, son mal calculadas y sobreestimadas en los informes de la CNPSS y los estados no reportan adecuadamente cómo ejercieron el presupuesto transferido, que es una causa legal para que se suspendan las nuevas transferencias.
Dijo que el derecho a la protección de la salud está establecido en el Artículo 4 de la Carta Magna, y la Constitución Estatal establece en su Artículo 12 la facultad que tiene el Estado de promover lo necesario para que la población oaxaqueña tenga acceso a la asistencia médica.
Explicó que en cumplimiento a estos mandatos surgió el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), con el cual el Estado garantiza principalmente a la población marginada en condiciones de pobreza que no cuenten con un sistema de salud, el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso y sin discriminación a los servicios: médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas.
Puntualizó que como legisladores responsables y garantes de los mandatos constitucionales están obligados a velar por uno de los derechos más importantes tutelados por el Estado que es el de acceso a los servicios de salud.
El punto de acuerdo fue turnado para su análisis a la Junta de Coordinación Política.
