La Cámara de Diputados, reunida en el marco del periodo extraordinario de sesiones convocado para aprobar las leyes secundarias en materia político-electoral, avaló el dictamen la Ley General de Partidos Políticos, con una votación general de 391 a favor, 1 abstención y 39 en contra.
En los primeros minutos de este viernes 16 de mayo y luego de desechar poco más de 15 reservas, el ordenamiento se aprobó en lo particular.
El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, José González Morfín, notificó que será enviado al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales y dio por concluidos los trabajos del periodo extraordinario.
Como mensaje final, indicó que cada legislador tendrá su propia interpretación sobre los resolutivos tomados, pero a su consideración, la Cámara cumplió al darle al país las leyes secundarias que permitirán aplicar la reforma político-electoral.
Al inicio de la discusión, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Oswaldo Ochoa, aseveró que con la ley, el país da un paso más en la construcción del sistema democrático.
Destacó que fija límites a las aportaciones de militantes y simpatizantes, con el fin de mantener un orden sobre el financiamiento, que deberá ser reportado al Instituto Nacional Electoral (INE).
Se contempla la paridad en candidaturas y la transparencia en las finanzas de los partidos, cuya información será pública, a menos que se clasifique como reservada, puntualizó.
Reiteró que en la elaboración de los dictámenes, participaron diputados, senadores, líderes partidistas y representantes del Gobierno Federal, con el propósito de emitir una ley que de cauce institucional a la pluralidad de la sociedad y consolide un sistema político más abierto al ciudadano, “honesto y eficaz”.
Enfatizó que el siguiente paso, es que los estados adecúen sus propias leyes electorales, para que los ciudadanos cuenten con elecciones transparentes, equitativas e instituciones sólidas en 2015, indicó.
En el debate, de nueva cuenta el lugar central lo ocupó el tema del “haber de retiro” para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aprobado previamente.
El diputado del Partido del Trabajo (PT), Manuel Huerta, pidió a los legisladores no culpar al Senado de una medida de la que “son cómplices”.
Sobre el contenido de la Ley de Partidos, apuntó que no genera los cambios prometidos en el sistema político ni mayor beneficio al ciudadano, pues no se legisló para los mexicanos, sino para proteger los intereses del PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Recalcó que tampoco se afecta asignación de tiempos en medios para los partidos, no se alteran los procedimientos para financiamiento, por lo que seguirá uso irregular de recursos; se establecen reglas generales para el prorrateo, con supuestos de combinación para favorecer la campaña presidencial; aunado a que el financiamiento ilegal, solo generará multas con cargo al dinero público.
Recriminó que con la normatividad, casi se logre impedir la creación de nuevos partidos y se complique casi hasta el imposible las candidaturas independientes.
A su vez, el diputado del Movimiento Ciudadano (MC), Alfonso Durazo, planteó que la norma tiene por encima “el falso fulgor de la democracia”, pero en el fondo se trata de argucias legales que derivan en el mismo sistema de partidos.
Indicó que al menos existen tres temas clave que no se abordaron: frenar el intento de los partidos para abrir la puerta a aportaciones de particulares, las reglas de fiscalización ineficientes y eliminar el prorrateo en campañas.
Pidió no olvidar que en el 2012, el entonces candidato Peña Nieto rebasó gastos, pero gracias al prorrateo, “con maquillaje” ocultó sus gastos millonarios.
Refirió que para ser candidato independiente a la Presidencia, el interesado deberá pasar “un viacrucis de antología”, pues habrá de colectar 780 mil firmas de apoyo; mientras que para crear un partido político se necesitan 220 mil firmas.
En su turno, el diputado del PAN, Alfredo Rivadeneyra, aseguró que la ley regula a los partidos y garantiza un sistema eficiente, añadió que la sociedad reclama institutos políticos abiertos y transparentes y como crítica, apuntó que faltó por profundizar en la paridad y el acceso a las dirigencias partidistas.
A quienes hablan de “partidocracia”, el panista les dijo que se equivocan, porque los partidos son un espacio para los ciudadanos.
El diputado Arnoldo Ochoa, del PRI, recalcó que la ley a discusión no fue producto de acuerdos cupulares, sino que incluyó propuestas de todos los partidos, y aseveró que los ciudadanos ya no quieren ver más confrontación, sino estabilidad política.
En contraparte, el vicecoordinador del Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía, aseveró que los elementos más favorecidos son la partidocracia excluyente y los privilegios partidistas.
La ley de partidos es “un monumento al cinismo” porque institucionaliza el prorrateo, o el “PRI-rateo”, dijo, tras recordar que en la elección del 2012, gracias a ese mecanismo y la colaboración de la Unidad de Fiscalización y el Consejo General del entonces IFE, se logró reducir a los gastos de campaña del ahora Presidente Enrique Peña, y se evitó que le computaran los más de 4 mil 500 millones de pesos que derrochó en la campaña.
El tema de la también llamada “pensión vitalicia” para los magistrados del Tribunal Electoral, surgió de nuevo cuando el coordinador del MC, Ricardo Monreal, dio a conocer en la Tribuna, las declaraciones del Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, que explicó en entrevista a un medio de comunicación, que a los diputados, los senadores no les metieron ningún “gol”, como algunos legisladores insistieron en reclamar.
A quienes argumentaron que “fueron goleados” y no vieron pasar el tema, Monreal Ávila les relató que Nuño, dijo que no se trató de ningún gol, pues todos los partidos en las negociaciones de las leyes político-electorales, es decir, PRI, PAN y PRD, conocían del planteamiento, lo tuvieron en la mesa de negociaciones durante varios días y al final, decidieron integrarlo al acuerdo. “Esto no fue un gol de nadie”, recalcó el ex perredista.
La norma, establece los lineamientos básicos para lanzar candidatos y criterios sobre transparencia en de uso de recursos; así como un sistema de fiscalización sobre el origen y destino del dinero de los partidos
Contempla el sistema de participación electoral de los partidos a través de coaliciones; prevé que un partido puede perder el registro por no participar elecciones, no contar con el 3 por ciento de la votación válida en elección federal, o de gobernador para los partidos locales.
Sobre el acceso a recursos, indica que los partidos tienen derecho a las prerrogativas que otorga la autoridad electoral, debe prevalecer el dinero público sobre el de origen privado y regula el financiamiento privado a través de simpatizantes y militantes, al igual que el autofinanciamiento con la realización de sorteos, rifas y otros eventos, mismos que quedarán libres de impuestos.
Los partidos habrán de presentar mensualmente, una lista con los nombres de quienes han hecho aportaciones económicas o en especie.
Sobre el prorrateo, indica que en campañas federales o locales, si se suman dos o más candidatos, el porcentaje se dividirá entre los participantes.
Agrega que los partidos podrán crear frentes, coaliciones y fusiones, a través de convenios. En particular sobre las coaliciones, éstas se sujetarán a la fiscalización de gastos de campaña como si se tratara de un solo partido y se prohíbe tener más de una coalición en la misma elección, ya sea local o federal.
Crea dos salas especializadas en el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, en caso de procedimientos especiales sancionadores.
Los partidos que no entreguen la información sobre sus aportaciones y demás obligaciones, o bien, registren irregularidades contables, serán multados con 300 y hasta 10 mil días de salario, e incluso, podrían perder el registro.
