Alfredo Martínez de Aguilar
Pese a los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Salomón Jara Cruz, intereses oscuros seguirán frenando la conclusión de la Carretera a la Costa y el Interoceánico.
Al mismo tiempo, los oscuros intereses de mafias políticas vinculadas a los grupos armados y a la delincuencia organizada que operan en Oaxaca ponen en grave riesgo la pacificación del estado.
Grupos políticos, nacionales y estatales, manipulan a activistas de organizaciones radicales y a milicianos involucrados con grupos armados y el crimen organizado, para prefabricar conflictos agrarios y sociales.
Al advertirlo no somos agoreros del desastre ni emisarios del pasado ni alarmistas, mucho menos hacemos periodismo amarillista, lo hacemos simple y sencillamente porque tenemos otros datos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que de no firmarse un acuerdo de paz para solucionar el conflicto se trazaría una nueva ruta de la carretera Barranca Larga-Ventanilla.
Tras la visita presidencial a San Vicente Coatlán, el gobernador Salomón Jara se reunió ayer con las agencias municipales de Sola de Vega para destrabar la suspensión de los trabajos de la carretera.
Intentó negociar la firma de una carta de intención que permita dividir al 50 por ciento la superficie en disputa con San Vicente Coatlán y concluir la carretera Barranca Larga-Ventanilla.
La determinación del gobernador Salomón Jara Cruz, al parecer, se estrelló, una vez más, con el rotundo rechazo a negociar la división al 50 por ciento de las 19 mil 600 hectáreas en disputa.
A pesar de ser el presidente y el gobernador dos de los políticos mejor informados del país y del estado, respectivamente, la estrategia diseñada para la solución de los conflictos no es la acertada.
Quizás se deba a la falta de trabajo de inteligencia más exhaustivo para diagnosticar con precisión los factores que frenan ambos megaproyectos e identificar a los actores con intereses mezquinos.
Complican la solución, la ineptitud o dolo, al no cumplir las instrucciones presidenciales y simular las consultas previas, libres, informadas y de buena fe con los pueblos y comunidades indígenas.
O, peor aún, la falta de voluntad política y falta de decisión para respetar y hacer respetar la Ley y aplicarla a la mano negra de los actores que mecen la cuna de la oposición a dichos proyectos.
Con base en otros datos podemos compartir que el enfoque de la ruta trazada para su solución no es el más adecuado porque no se trata de conflictos sociales ni mucho menos solamente agrarios.
En el trasfondo de las facetas de los conflictos sociales y agrarios en la Sierra Sur y el Istmo de Tehuantepec subyace, en realidad, un asunto de seguridad nacional que no es atendido como tal.
El gran poder corrupto y corruptor que “calienta las plazas” utiliza los conflictos agrarios y a su amplia base de organizaciones sociales para presionar y chantajear a los tres órdenes de gobierno.
Un informe oficial reconoció en 2021, por primera vez, la presencia de la delincuencia organizada en territorio oaxaqueño y particularmente en la estratégica región del Istmo de Tehuantepec.
El informe revela que el Cártel Jalisco Nueva Generación incurre en “amenazas, levantamientos de personal, robo de materiales y obliga a los contratistas a adquirir material con sobrecostos”.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado que la delincuencia organizada ha frenado el avance de las obras del Corredor Interoceánico en la región del Istmo de Tehuantepec.
El 30 de noviembre de 2021, Rafael Marín Mollinedo denunció en Cancún que los constructores del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec han sido extorsionados por la delincuencia organizada.
Los añejos conflictos agrarios entre Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec, y Santa Lucía Monte Verde y Santa Catarina Yosonotú, entre otros; son presumiblemente impulsados por grupos delincuenciales.
Los conflictos proliferan. Habitantes de Santo Domingo Petapa amenazan con no permitir la pavimentación de caminos a agencias municipales por el Gobierno del Estado, en los límites con San Juan Mazatlán, Mixe.
Para cumplir la obligación ciudadana de coadyuvar con las autoridades a la solución de los problemas, el Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca #UNO presentará una propuesta de solución integral.
El objetivo del Programa Estatal para el Desarrollo y Atención Integral de los Núcleos Agrarios, Comunidades y Ejidos de Oaxaca, busca brindar seguridad jurídica a los diversos regímenes de tenencia de la tierra.
Garantizar legalidad y seguridad jurídica permitirá promover inversiones nacionales y extranjeras y atraer capitales para detonar el crecimiento y desarrollo económico y social de las diversas regiones del estado.
@efektoaguila
