Uriel Pérez García
Las reformas suscitadas en la década de los 90’s más que por voluntad política del partido gobernante respondieron sin duda a la presión social que puso en jaque la legitimidad del sistema, luego de las elecciones de 1988 que por vez primera hicieron tambalear a través de las urnas al poder político emanado de la Revolución, lo que aceleró de alguna manera la transformación del engranaje institucional que permitiera elecciones equitativas.
El primer resultado del nuevo diseño institucional y jurídico de las llamadas reformas político electorales de apertura política, se reflejó con la pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, del otrora partido hegemónico en 1997 y la alternancia suscitada tres años más tarde que complementó a nivel nacional lo que en distintas latitudes del país inició desde finales de los 80’s: gobiernos divididos.
Es decir, el mapa político de manera paulatina se pintó de distintos colores con aquellas fuerzas políticas que gracias a las nuevas condiciones de competencia electoral tenían auténticas oportunidades de alcanzar triunfos en las urnas, sobre todo en el plano municipal, lo que indudablemente puso en la balanza la generación de acuerdos y la negociación por encima de la imposición.
Es menester mencionar que las reformas realizadas al artículo 115 constitucional durante esa misma década permitieron dotar de mayor autonomía a los municipios, dando pie al fortalecimiento del sistema federal que durante décadas estuvo únicamente en el plano formal, frente a un presidencialismo en la realidad, sin posibilidad de auténticos equilibrios necesarios para la democracia.
Lo que vino después, fueron reformas que imprimieron mecanismos necesarios para generar condiciones de mayor equidad en los procesos electorales, puesto que una vez que se estableció una mayor apertura a la participación política de distintas fuerzas y ante la consolidación de partidos de oposición, además de la alternancia en el gobierno federal, surgía la necesidad de que la competencia se definiera únicamente en las urnas.
De tal forma que los órganos electorales jugaron un papel de suma importancia puesto que se volvieron auténticos focos de atención en cuanto que como verdaderos árbitros de la contienda tenían la enorme responsabilidad de dirimir los distintos retos que significaron las controversias e impugnaciones surgidas en un contexto de mayor competencia.
Lo anterior no hubiera sido posible sin la autonomía y las atribuciones que en mayor o menor medida les permitía el marco legal, pero que sin duda significaron un parteaguas para el perfeccionamiento de los instrumentos administrativos y jurisdiccionales que permitieron sentar criterios en algunos casos y precedentes que apelaban a la urgencia de nuevas reformas en otros.
Un ejemplo claro de lo descrito fue lo acontecido en la elección presidencial de 2006 que derivó en una amplia controversia por el reducido margen de diferencia entre el primer y segundo lugar, que ante la demanda del recuento “voto por voto, casilla por casilla”, fue el precedente para que en la subsecuente reforma se estableciera el mecanismo de recuento total de votos ante un margen de diferencia igual o menor al 1%.
No podemos soslayar además que luego de la citada elección se modificó el modelo de comunicación política trasladando la administración de los tiempos de radio y televisión para fines electorales al entonces IFE como la única autoridad en la materia y con la prohibición expresa de contratación de espacios por parte de los partidos políticos, candidatos o terceros.
Es de este modo que con las bases establecidas en el plano normativo, como se van afinando los instrumentos de resolución de conflictos encaminados al pleno cumplimiento de realizar elecciones autenticas, con el pleno respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas y nada más, al margen de todas aquellas acciones que puedan vulnerar los principios de la función electoral por parte de las autoridades, así como las condiciones de equidad por parte de los actores.
Luego del proceso reciente se tendrán que sopesar algunas ventanas de oportunidad, como el tema de la fiscalización, pero por otra parte se habrá de valorar los avances en materia de paridad de género y otras acciones afirmativas en la postulación de candidaturas. En cualquier caso a lo que se debe apostar es al fortalecimiento de nuestro sistema electoral teniendo sumo cuidado de no desmoronar el complejo recorrido caminado hasta hoy.
