El gobierno federal deberá lograr acuerdos con las empresas de gasoductos a la brevedad, pues de ir a un arbitraje para dirimir las diferencias, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene una alta probabilidad de perder el litigio y por tanto terminar pagando por daños y perjuicios a las productoras, sentenció el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) argumentó que la posibilidad de que la CFE pierda el juicio está sustentado en que algunas cláusulas contractuales establecen que si las obras no se concluyen en el tiempo comprometido por causas ajenas a las compañías, de fuerza mayor, pero respecto a las que el contratante pudo haber tomado acciones remediales o mitigantes, éste último, debe pagar parte de la tarifa del transporte de gas acordada por el tiempo del retraso.
“Si las obras permanecen detenidas y persisten las diferencias, es claro que las señales emanadas de esta problemática mermarían la confianza de los inversionistas, como consecuencia de la percepción de la falta de certeza jurídica que puede inhibir la inversión, con los consecuentes efectos negativos sobre el crecimiento económico”, alertó el CEESP.
En su mensaje semanal, el organismo aglutinado en el CCE mencionó que más allá de discusiones estériles que agudizan las diferencias y los resentimientos, es clara la conveniencia de interlocución de los grupos interesados, antes de entrar a un proceso de arbitraje, a fin de buscar una mejor solución para las partes, en especial para el país.
De acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, sería esta semana cuando inicien las pláticas entre las productores de gas natural y la CFE, por lo que confían en lograr a pactos que no afecten.
“La preocupación por el entorno generado por el tema del arbitraje llevó al CCE y al Consejo Mexicano de Negocios, representando los intereses del sector privado, a acercarse a las autoridades con el fin de buscar la mejor solución, toda vez que considera que las acciones de la CFE difieren del espíritu del compromiso establecido con el Presidente de la República para estimular la inversión, el empleo y el crecimiento”.
El Economista
