Oaxaca de Juárez. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca da seguimiento al proceso de consulta a 16 pueblos indígenas zapotecos del valle de Ocotlán y Zimatlán, respecto a la posible modificación del decreto de veda del acuífero de la zona que emitió la presidencia de la República en 1967, a fin de que dicha consulta se realice con pleno respeto a los derechos de las comunidades y éstas puedan decidir de forma informada y libre sobre el uso del líquido.
La Defensoría, en su calidad de órgano garante, acudió el 8 de febrero último al inicio de la cuarta etapa de este proceso, la consultiva, llevada a cabo en San Pedro Apóstol, donde la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) presentó una propuesta para modificar el decreto de veda del acuífero de la zona, la cual será analizada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La Defensoría, mediante su área especializada en Pueblos y Comunidades Indígenas, destacó que el inicio de esa cuarta etapa consultiva es un acontecimiento histórico a nivel local y federal, pues el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas –no sólo de los zapotecas– ha sido demandado durante muchos años.
La Defensoría, en su calidad de órgano garante, subrayó que la construcción de acuerdos derivados de la cuarta etapa de esta consulta será en el marco de los tratados internacionales y de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativas a la consulta, la tierra y el territorio.
La institución autónoma recapituló que el protocolo de la consulta considera cinco fases: la primera fue la aprobación del propio protocolo; la segunda fue la fase informativa; la tercera fase fue la deliberativa; ahora comienza la cuarta fase, la de carácter propiamente consultivo, para posteriormente pasar a la quinta y última fase, en la que se dará seguimiento a los resultados de la actual etapa.
Además de la Defensoría, en este proceso también participan la Conagua, la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y, en acompañamiento, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología y Sociología (CIESAS).
La Defensoría señaló que en el proceso también participan organizaciones de la sociedad civil como Flor y Canto A. C., que acompaña a la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua, además de autoridades municipales de San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol y San Pedro Apóstol.
