La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dictó medidas cautelares a la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO) para que garantice brindar atención médica a las niñas, niños y adolescentes que están internados en o acuden al Hospital de la Niñez, ubicado en San Bartolo Coyotepec.
Diversos medios de comunicación informaron el lunes 15 de junio último que trabajadoras y trabajadores anunciaron que suspenderían los servicios del Hospital de la Niñez, pues las autoridades no han resuelto el desbasto de medicamentos, material de trabajo, apoyo e infraestructura necesarios para dar la atención médica adecuada a niñas, niños y adolescentes que acuden a esa institución.
Ante la posibilidad de violaciones a derechos humanos por esta situación, el organismo defensor inició de oficio el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/725/(01)/OAX/2015 y personal de la Defensoría acudió al Hospital de la Niñez para conocer las condiciones del sanatorio, pues los medios de información señalaron también que algunos miembros del personal no han recibido su salario.
Asimismo, padres de los pacientes se ha unido a la demanda de los trabajadores de salud para proveer al Hospital de la Niñez de material, infraestructura y personal adecuado que permita brindar una atención regular adecuada, pues debido a las carencias actuales dichos trabajadores valoran suspender las operaciones regulares de la clínica.
Por estos antecedentes, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dictó medidas cautelares a la Secretaría de Salud de Oaxaca para que adopte las disposiciones necesarias a fin de garantizar la atención médica de los niños y niñas que acuden o están internados en esa institución.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca requirió también un informe respecto los hechos difundidos, y pidió a la SSO responda en un plazo de 24 horas si acepta o rechaza la medida cautelar, así como que remita al organismo las pruebas de cumplimiento de dicha medida.
Finalmente, el organismo defensor reitera su llamado a los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y a las autoridades responsables de los servicios de salud públicos para que busquen soluciones pacíficas, efectivas y que no vulneren derechos de terceros, pues todas las personas tienen derecho a la salud, el cual debe ser garantizado por el Estado.
