Como una resolución parcial calificó María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, las medidas implementadas por el Estado de México ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de otorgar un amparo a Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, para que se reabra la investigación del asesinato de su hija a manos de su entonces pareja sentimental, Julio César Hernández Ballinas, policía de investigación de la entidad.
En entrevista, la también maestra en derechos humanos y democracia comentó que la medida tomada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México de crear el Grupo Especializado para la Atención del Caso Mariana Lima Buendía sólo da respuesta a un sólo resolutivo de los nueve establecidos por la Corte.
El documento publicado en la Gaceta del Gobierno el pasado 30 de abril en la Gaceta del Gobierno mexiquense señala que se crea el Grupo Especializado de Atención del Caso Mariana Lima Buendía, el cual quedará a cargo de la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, encabezada por Dilcya Samantha García Espinoza, organismo que designará a las y los integrantes del Grupo.
Asimismo, el documento refiere que la subprocuradora tendrá como tareas implementar las acciones necesarias para que el Grupo cumpla con los objetivos de su conformación; vigilar, hacer cumplir y sancionar a los integrantes del caso que falten a su obligación e informar al procurador sobre los avances de la investigación.
Al respecto, Estrada Mendoza indicó que ya se le ha hecho saber a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que en la dependencia no hay expertos calificados en materia de criminalística forense y antropología con especialidad en derechos humanos y perspectiva de género ni han respondido a la propuesta hecha por el Observatorio de algunos investigadores, quienes si cumplen con los requisitos solicitados, además de que no se les ha tomado en cuenta, a pesar de que la resolución de la Corte establece la posibilidad de acompañamiento al caso por parte de la sociedad civil.
Por esa razón, señaló la defensora de derechos humanos, se ha solicitado una audiencia con el procurador mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, para saber cómo va a iniciarse la investigación, cómo va a resolverse el tema de las omisiones ocurridas en los ministerios públicos, las negligencias cometidas por ciertos agentes ministeriales y que el presunto agente judicial culpable, Julio César Ballinas, sea inhabilitado.
Asimismo, comentó que la audiencia también tiene el objetivo de que el procurador se comprometa y explique cómo van a garantizarse cada uno de los puntos resolutivos de la decisión de la Corte además de que resuelva la posibilidad de que haya un grupo alterno de investigación.
Muestra de las inconsistencias, comentó Estrada, es que a los abogados querellantes no se les notificó sobre la conformación de la Comisión de investigación del feminicidio ocurrido hace cinco años en Chimalhuacán, Estado de México cuando Mariana Lima pretendía separarse de su esposo Julio César Ballinas y había acudido a recoger sus pertenencias a su hogar.
