Participantes en la Asamblea del Foro Oaxaqueño del Agua (FOA), coincidieron que la Ley general de Aguas, violenta derechos humanos y la auto determinación de los pueblos; además de contradice el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes.
En este sentido Aldo González, representante de la Secretaría de Asuntos Indígenas, sostuvo que los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta y al consentimiento libre previo e infirmado sobre los proyectos que se pretendan establecer en sus territorios.
Afirmó que el texto de la Ley limita la participación de las comunidades al no permitirles tomar decisiones sobre el agua de sus tierras y tiende a la privatización ya que empuja a los estados y municipios a establecer organismos encargados del manejo del agua que requerirán inversiones privadas.
A su vez el director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO A.C.), Juan José Consejo, consideró que México se encuentra en medio de un desastre hídrico debido a la contaminación y la sobreexplotación de las fuentes de agua.
Recordó que la legislación actual separa el agua de los territorios, lo que supone la posibilidad de adjudicar concesiones sin consultar a las comunidades dueñas de las tierras.
Agregó que la iniciativa oficial de Ley General de Aguas permite la contaminación y declara de interés público los usos industriales como el “fracking”, penaliza la investigación y está orientada a beneficiar al sector privado.
Consejo defendió la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas que fue realizada por una amplia lista de organizaciones civiles y académicos de todo el país y que cambia la óptica centralizada, vertical y burocrática que prevalece en la iniciativa oficial.
