Juez federal reconoce calidad de adulto mayor a Gordillo, busca prisión domiciliaria

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El Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Distrito Federal emitió un acuerdo en el que reconoce la calidad de adulto mayor de la ex líder magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, derivado de lo cual se autoriza que todas las diligencias y comparecencias que siguen pendientes dentro del juicio penal que se le sigue, ahora podrán realizarse mediante el sistema de videoconferencias del Poder Judicial de la Federación.

La resolución dictada por el Juez Alejandro Caballero Vértiz no autoriza de manera directa que la ex Secretaría General del PRI acceda a la prisión domiciliaria derivado de su condición de persona mayor de 60 años de edad, pero abre la posibilidad de que su defensa solicite dicho beneficio a las autoridades penitenciarias.

De acuerdo con fuentes del Consejo de la Judicatura, por el momento el acuerdo del impartidor de justicia únicamente tiene el efecto de autorizar el uso del sistema de videoconferencias para cualquier comparecencia, careo o diligencia en la que tenga que participar Gordillo Morales, con el fin de que no se vea obligada a trasladarse del penal femenil de Tepepan en el que actualmente se encuentra, hasta la rejilla de prácticas del Reclusorio Oriente, lugar de residencia del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales.

Gordillo Morales enfrenta ante dicho juzgado un proceso penal por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, además de una tercera acusación por defraudación en otro juzgado federal.

Según el abogado de la maestra, Marco Antonio del Toro, el reconocimiento por parte de un juez federal de que Elba Esther Gordillo Morales es una adulta mayor, abre la posibilidad de que se le conceda el beneficio de llevar prisión domiciliaria durante el resto del proceso penal, pero antes de que esto suceda debe acompañar su petición por diversos dictámenes médicos.

Además, la PGR no debe oponerse a dicha medida, ya que en caso de impugnar la misma, podría negarse la prisión domiciliaria a la ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).