Las autoridades y empresas que han violado los derechos de los pueblos indígenas zapoteca e ikjoots con la imposición sin consulta previa e informada de más de 15 parques eólicos en tierras comunales de Juchitán, La Venta y otros municipios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, “buscan ahora cómo legalizar el despojo”, denunció Mariano López Gómez, vocero de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), señalando que trascendió que para ese efecto se reunirán en Juchitán representantes de la Secretaría de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca.
“Para nosotros cualquier consulta ahora es ilegal porque ésta debió hacerse hace 10 años. Ahora lo que queremos es que respeten nuestras tierras comunales, 68 mil 154 hectáreas que nos fueron reconocidas por resolución presidencial de 1964”, enfatizó.
Informó que ante esa ilegalidad comuneros juchitecos interpusieron un amparo ante el Juzgado 6o. de Distrito, por lo que ahora las autoridades judiciales están solicitando a las empresas que justifiquen el por qué no llevaron a cabo la consulta previa, libre e informada que constitucionalmente y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -que es ley en México, debió haberse llevado a cabo.
López Gómez manifestó que las empresas -en su mayoría transnacionales de origen español- han declarado “que ellos hicieron contratos como pequeña propiedad, tratando de ignorar que existe una resolución presidencial de reconocimiento y titulación de nuestras tierras que incluye Juchitán y sus anexos como El Espinal, Chicapa de Castro y Unión Hidalgo, entre otras comunidades”.
Los representantes de las citadas dependencias “seguramente quieren implementar alguna estrategia sobre la consulta previa, libre e informada en las leyes secundarias de la reforma energética, pero para nosotros eso no aplica por los 15 parques eólicos instalados y el que Mareña Renovables -expulsada de San Dionisio del Mar- y ahora convertida en Fuerza Eólica del Sureste y Eólicos del Sur quiere construir ahora en Juchitán, así como el Bii Hioxio que Gas Natural Fenosa construye en tierras comunales juchitecas y que ha seguido avanzando de manera ilegal, cuando debería haber parado la construcción”, además de que pretende realizar una segunda etapa apuntó.
La APPJ reclama que las autoridades federales y estatales “saquen las manos de este asunto y dejen que las empresas eólicas se defiendan como ellos puedan” por la violación a los derechos humanos de los comuneros juchitecos, como se alega en el amparo 557/2013 que reclama la suspensión de los trabajos de las empresas eólicas, señaló López Gómez.
