Pudieron las instancias en materia de derechos humanos e impartición de justicia de la entidad oaxaqueña sentar un precedente en el caso de la niña de 15 años cuyos padres intentaron venderla para saldar una deuda de 40 mil pesos, enfatizó el Ombudsman de Oaxaca.
Lo anterior luego de que el día de ayer la titular del Juzgado Segundo de lo Familiar del Poder Judicial, Elizabeth Roxana López Luna, ordenara a la Subprocuraduría de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género entregar a la menor de edad a sus progenitores, Margarito Cruz y María Juan Santiago.
La jueza hizo caso omiso a las medidas cautelares emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Ante esta situación, el titular de la DDHPO, Arturo de Jesús Peimbert Calvo recalcó en sesión ordinaria del Consejo Ciudadano “se pone sobre la mesa pues, que en Oaxaca se siguen vendiendo mujeres, ese es el tema que debería de preocuparnos más y, no nada más mujeres sino también se están vendiendo niñas y hay gente que compra niñas”.
Añadió “y ese problema lo sabemos los oaxaqueños, es una situación que sigue existiendo en nuestro estado y que aquí teníamos la oportunidad, a partir de este tema, de poder aprovecharlo y sentar un precedente donde nos podríamos haber sumado todas las instancias”.
Por ello, informó que a través de la DDHPO y como defensores de derechos humanos se realizarán una serie de acciones que permitan, dentro del ámbito y las facultades, generar dinámicas que erradiquen este tipo de situaciones.
“Desgraciadamente, hoy, la situación de la niña para nosotros como defensores es incierto”, apuntó.
En este sentido exhortó a los medios de comunicación, a las organizaciones y a los defensores a mantenerse a la expectativa sobre este caso, tras argumentar que lesiona gravemente los derechos de los niños y niñas.
Consejeros fijan posicionamiento
Por su parte la consejera María Eugenia Mata García, consideró “una vez más, esto reitera que el asunto de las niñas y mujeres en Oaxaca es incierto, no solo es un asunto de la infancia sino también es un problema de género, al pensar que las mujeres pueden ser productos para pagar una deuda”.
En tanto la consejera Sara Pilar Méndez Morales lamentó que en la entidad sigan sucediendo este tipo de acontecimientos.
“Este tipo de prácticas no pueden ser toleradas, estamos viendo actos de agresión contra niñas indefensas que no tienen la posibilidad de defenderse. Es lamentable, por eso el llamado a las autoridades y a las comunidades para que revisen todos estos actos contra las mujeres”, acotó.
En referencia a lo dictaminado por la jueza, el consejero Pedro Matías Arrazola subrayó que este hecho da pie para que se sigan cometiendo más abusos.
Matías Arrazola propuso darle seguimiento e iniciar una queja señalando a los padres y al comprador de la niña como los responsables de la posible venta.
“No se vale que un grupo, aprovechándose de su condición indígena y de desplazados, sigan utilizando este instrumento para seguir lucrando”, cuestionó.
