Podrían quedar en libertad presos del FACMEO

A ocho meses de la detención de Damián Gallardo Martínez, Leonel Manzano Sosa y Mario, autoridades judiciales del estado de Jalisco podrían ponerlos en libertad.

De acuerdo con información presentada por la delegación Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), la resolución ordenada por el cuarto tribunal Unitario del tercer circuito del Estado de Jalisco, determinó que existió violaciones a las garantías procesales.

Isaac Torres Carmona, presidente de la LIMEDDH, indicó que esta resolución ordena la revocación del auto de Formal prisión de fecha 28 de mayo de 2013, y la reposición del proceso, hasta la declaración preparatoria, toda vez que la juez penal federal, no respetó las reglas constitucionales que rigen el procedimiento.

De esta manera, de ser confirmada la resolución, los procesados podrían dejar el penal de Puente Grande, Jalisco, en un lapso de 72 horas, aunque su defensa podría solicitar se prorrogue el término para abundar sobre las pruebas en las cuales se comprueba la violación de los derechos de los procesados.

Reiteró que la juez sexto de distrito de Procesos Penales Federales con sede en Puente Grande, Jalisco, no se cercioró del cumplimiento de totas y cada una de las formalidades esenciales del procedimiento durante la pre instrucción; por lo que acreditado, que violó en perjuicio de los inculpados, las reglas del procedimiento penal.

De esta manera, dijo, a partir de este día se indica el término para resolver la situación jurídica y el auto de libertad, ya que de lo contrario estaría cometiéndose graves violaciones a los derechos humanos e incurriría en responsabilidad.

El comité de Familiares y amigos de Damián Gallardo Martínez y la LIMEDDH, exigen a los gobiernos estatal y federal, el restablecimiento del Estado de derecho sustentado en el respecto irrestricto a los derechos humanos.

De esta misma manera insistieron que queda demostrado que los hechos imputados a los detenidos han si falsos, como también se sigue criminalizando la lucha social en México.