GENARO ALTAMIRANO
La Fiscalía General del Estado ha reunido suficientes elementos para proceder penalmente no sólo por robo de vehículo en el escandaloso saqueo al encierro oficial Primavera, sino también para que la federación proceda por delincuencia organizada, en contra del presidente municipal Francisco Martínez Neri, 22 de sus funcionarios y dos particulares.
Lo anterior se desprende de las actuaciones del Ministerio Público en
la sustracción de 426 vehículos, 350 motocicletas, 34 bicicletas y un montículo de desperdicios, de lo cual no fue reportado ni un peso a las arcas municipales.
En las investigaciones se estableció oficialmente que se repartieron 700 mil pesos entre los funcionario del ayuntamiento capitalino, aunque hubo otros encuentros entre el comprador, su operador -que es un ex funcionario del mismo municipio- con algunos de los involucrados.
En este bochornoso caso, que le puede costar el poder de la capital a Morena el próximo año, después de dos administraciones desastrosas, los servidores públicos inodados cometieron responsabilidades por omisión o por complicidad directa.
Se trata del mismo presidente municipal, su suplente Felipe Edgardo Canseco Ruiz, dos secretarios más, tres regidores,
una síndica, seis directores, un jefe, seis empleados operativos, un comandante de la Policía Municipal y dos elementos de la misma corporación.
La problemática de delincuencia organizada se debe a la falta de ética, valor social y al conformismo de la generación actual, condiciones que han existido en el gobierno municipal desde el trienio de Oswaldo García Jarquín. Lo que inició como un puesto ambulante más, una nueva cantina o una caseta comercial en una calle, hoy derivó en la concertación de tres o más funcionarios, para cometer estos
delitos en forma permanente o reiterada, como define la Constitución a la delincuencia organizada.
Esta asociación delictiva representa ya un problema que afecta seriamente la credibilidad del Cabildo de la ciudad capital. Es ya una forma de actuar,
obedece a un método de morenistas corruptos, más que a una realidad concreta.
Las consecuencias previstas en la ley de esta delincuencia es el terrorismo, delitos contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de
procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados y de órganos, corrupción de personas, pornografía,
turismo sexual o lenocinio en contra de menores, asalto, secuestro, tráfico de menores, robo de vehículos y trata
de personas. Varios de estos ilíciros ya tienen permiso en Oaxaca de Juárez.
Por eso se combate, porque el Estado se ha visto rebasado en otras partes del país por el poder que los grupos organizados tienen no solo por la violencia que ejercen sino también
por la capacidad económica, tecnológica e inclusive política que han conseguido. Oaxaca está a un grado de ese escenario. Cada día es más frecuente la ejecución pública, el ataque armado a plena luz del día, la balacera en cualquier parte de la capital o sus municipios conurbados. De ahí la responsabilidad de la Fiscalía por cortar de tajo esta organización criminal, pero también de los ciudadanos por optar por otro gobierno. Ya no es opción que más vale malo por conocido que bueno por conocer.
El saqueo al patrimonio municipal es investigado desde octubre del año pasado.
De acuerdo a testimonios obtenidos del mismo ayuntaniento, los principales involucrados son el director de movilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil, Fidel Vásquez Vargas y Alejandro García Peña, del área de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno Municipal, área de Felipe Canseco Ruiz, d
suplente del edil Francisco Martínez Neri.
El roble se fraguó desde el nueve de marzo del año pasado, es decir hace más de un año, cuando se celebró una reunión en el Depósito Oficial Primavera, entre funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de la Dirección de Patrimonio Municipal. El fin era coordinar la limpieza del encierro municipal Primavera, conocido así porque se ubica en la colonia Jardínes de Primavera, en San Jacinto Amilpas.
Participaron aparte de los citados funcionarios la directora técnica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil, Tania Mijailova Cruz Guerra; Luis Enrique Martínez Córdova, de la Consejería Jurídica; la jefa de adquisiciones, Julia Cruz Ruiz; Luis Gerardo Pech Ku, de la Dirección de Patrimonio, el director de Recursos Humanos, José Antonio Sánchez Cortés; Virgen Vásquez López, encargada del Área de Control Vehicular adscrita a la Dirección Técnica; el policía primero vial Ambrosio Santiago Cruz, del Área Operativa de la Dirección de Movilidad y la síndica primera Nancy Belém Mota Figueroa.
El 12 de abril el enviado de la Secretaría de Gobierno, Sebastián García Díaz, solicitó al encargado del depósito el listado de vehículos que se encontraban resguardados en ese lugar. El 20 de mayo José Luis Arana Ricárdez y Luis Gerardo Pech Ku, pertenecientes a la Dirección de Patrimonio, se presentaron en el encierro con Raymundo Daniel Martínez Gallardo, a quien identificaron como la persona que ya había comprado los vehículos, con la orden de Alejandro García Peña, de Concertación Política, de que se le brindaran todas las facilidades para llevarse los bienes encerrados, dada “la instrucción del Secretario de Gobierno y del 0
presidente nunicipal”.
El 21 de mayo, dicho personal se presentó con grúas particulares para comenzar a sustraer los vehículos. La tarea se prolongó por los días 22, 28 y 29 de mayo, así como el cuatro y cinco de junio.
En todo momento personal de la Dirección de Patrimonio y de la Secretaría de Gobierno Municipal, atestiguaron el robo.
Fue tan descarado el saqueo que hasta se llevaron una camioneta con logotipos del municipio. Esto fue autorizado por José Luis Arana Ricárdez, quien se comprometió a darla de baja posteriormente.
Hasta quisieron llevarse 13 taxis, 16 mototaxis y 10 vehículos particulares, asegurados por la probable comisión de delitos o infraccionados recientemente.
El 24 de mayo se llevó a cabo una reunión en la Vicefiscalía General Zona Centro con Lizette Valle Génico, de Oficialía Mayor y la directora de Patrimonio Municipal, Betty Jaller González, para tratar asuntos relacionados con la depuración de los vehículos que se encuentran en los encierros municipales.
El 15 de junio, el secretario de seguridad ciudadana, movilidad y protección civil, Iván García Álvarez, fue informado que José Luis Arana Ricárdez, personal de la Dirección de Patrimonio y el comprador Daniel Martínez Gallardo, quiso llevarse del encierro las estructuras metálicas de los señalamientos viales de la ciudad, lo cual no le fue permitido por personal de guardia.
Así terminó el saqueo, que se realizó e dos bloques, uno dirigido por Sebastián García Díaz, por parte de la Secretaría de Gobierno y el otro dirigido por José Luis Arana Ricárdez, de la Dirección de Patrimonio.
El ocho de septiembre ya había reventado el escándalo y la síndica primera Nancy Belém Mota Figueroa, empezó a exigir la información signado por el suscrito. El 27 de septiembre la Directora de Patrimonio también fue requerida sobré la información. Ya nadie sabía nada El tres de octubre, Alejandro García Peña y la directora de Patrimonio, Luis Gerardo Pech, Javier Mendoza y José Luis Arana Ricárdez se reunieron con el secretario de gobierno municipal Felipe Canseco Ruiz para liberar la crisis, pero ya era inevitable.
Pretendieron regresar los vehículos, pero ya no pudieron.
Ante la corrupción, el cuatro de octubre, la regidora de Hacienda Municipal y de Transparencia y Gobierno Abierto, Judith Carreño Hernández, convocó a una sesión de Comisiones Conjuntas, en la que se propone la “declaración de abandono, determinación de destino y enajenación de los vehículos, autopartes y motopartes en situación de abandono que se encuentran bajo resguardo de los corralones municipales”, a excepción de 39 unidades que estaban a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la secretaría de Movilidad (Semovi).
El cinco de octubre, el comprador Raymundo Daniel Martínez Gallardo, se presentó a la Dirección de Movilidad, para afirmar que había pagado 700 mil pesos, cantidad que dio a Gilberto Sánchez, ex funcionario de la Dirección de Patrimonio del Municipio de Oaxaca de Juárez, quien fue su enlace en la Dirección de Patrimonio en la administración actual y que ahora estaba interesado en comprar los vehículos del depósito San Agustín.
Ese mismo día fue enterado en una reunión el presidente municipal la síndicaz la regidora de Hacienda Municipal y de Transparencia y Gobierno Abierto, la regidora de Seguridad Ciudadana y Movilidad y de Agencias y Colonias, el secretario de Recursos Humanos y Materiales, Heliodoro Caballero Valencia, el secretario de gobiernoz el consejero jurídico Dagoberto Carreño Gopar; la directora de Patrimonio y los mismos consumidores de la operación Alejandro García Peña de Concertación Política, Sebastián García Díaz, José Luis Arana Ricárdez y Luis Gerardo Pech Ku, así como personal de la Dirección de Movilidad.
En un descaro total, José Luis Arana Ricárdez, dijo que sólo había recibido un pago pero por 600 mil pesos es decir cien
mil pesos menos que lo dicho por el comprador. Además de que el pago “fue cubierto en especie y que de dicho pago fue de donde se obtuvo el equipo que fue entregado al encargado del depósito primavera (una carretilla, cuatro lámparas pequeñas, dos colchones sencillos, una impresora pequeña, dos chalecos de color verde y una desbrozadora).
Otros bienes fueron donados a la directora de Patrimonio, Betty Cecilia Jaller González, así como a diferentes áreas del Municipio, entre ellas al secretaria de G
gobierno.
Todos los bienes no fueron dados de alta al patrimonio municipal y ni un centavo fue reportado a más arcas municipales.
El caso puede mantener bajo litigio a los involucrados y la consecuencia más obvia es que Francisco Martínez Neri se encuentre así imposibilitado de participar en el próximo proceso electoral.
Así que a Martínez Neri no le queda más que ser el flautista de Hamelín, en la fábula de los Hermanos Grimm, que ante la infestación de ratas en la ciudad debe tocar su flauta para que todos los roedores salgan de sus cubiles y agujeros y llevarlos al río para que mueran ahogados. De no hacerlo, la delincuencia organizada se convertirá en ese mismo flautista que en venganza a que no le.pagaron por sus servicios se llevará a nuestros niños para siempre.
