ERNESTO REYES
El caso de la saxofonista María Elena Ríos, sobreviviente de agresión con ácido en rostro y cuerpo, se transformó en una crisis para autoridades que no han tomado con seriedad su demanda de justicia en contra de sus agresores intelectuales y materiales, centrados en el exdiputado local priista, Juan Antonio Vera Carrizal, hombre encumbrado económicamente y aliado de quienes tienen poder.
El político, a quien la víctima ha señalado públicamente de haber contado con la protección de Alejandro Murat como resultado de un pacto de amistad y compadrazgo (revista Proceso 29 de noviembre de 2022), ha ido avanzando en su propósito de cumplir su castigo en casa y posteriormente quedar libre, ayudado por sus juzgadores y por la omisión o ineficacia del ministerio público para hacer bien su trabajo.
Los angustiosos llamados de María Elena a que resuelvan el intento de feminicidio con perspectiva de género, no han sido escuchados por el poder judicial que, si en verdad lo pretende, puede castigar de manera ejemplar al presunto implicado y cómplices. Por el contrario, con artimañas jurídicas un juez le cambió apenas la medida cautelar para que siga su proceso fuera de la cárcel, es decir, en casa de su hija, después de una larga audiencia en donde la parte acusadora se sintió revictimizada. Luego de fallar a favor del atacante, el juez de marras se ausentó por vacaciones.
Para mayor resonancia, la mujer de 29 años se subió a medios nacionales, como se dice en el argot, por lo que hubo eco a sus reclamos, llamando la atención del presidente López Obrador quien ofreció que no iba a lograrse ese beneficio, sino que, por el contrario, se investigará la actuación judicial en Oaxaca. La titular de Seguridad Pública recibió a María Elena a fin de brindarle protección.
Con el temor de que se atente de nuevo contra su vida, a María Elena se le vio arropada por diputadas de la oposición (Morena y aliados no reaccionaron a tiempo) y no se ha cansado de seguir difundiendo la narrativa que le permita proteger su integridad y la de su familia. Insiste en que a Vera Carrizal se le procese por tentativa de feminicidio y no por lesiones, como avanza el expediente. No omito decir que el gobernador Salomón Jara intervino para evitar que el inculpado abandonara el penal de Tanivet, argumentando que no hay condiciones para que goce de prisión domiciliaria.
La familia Vera y su defensa ha contraatacado a María Elena por el asunto de los bienes embargados durante el proceso. La tachan de ambiciosa vulgar. Corresponde a la opinión pública valorar quién está diciendo la verdad y si se va a honrar la palabra de no permitir una injusticia por más dinero, influencias o complicidades que existan. Las referencias a Juárez se las han pasado por el arco del triunfo.
Aunque desde la entrega- detención del tipo, mediante un acuerdo pactado (2019), el gobierno de Murat obstaculizó la justicia, ella no se ha cansado de denunciar dicha situación y tiene temor de que el nuevo gobierno no sea empático con su lucha. Investigar al juez por medio de la judicatura, sería un gran aporte para desvanecer cualquier duda.
No hay que olvidar que en este sexenio a la exedil de Nochixtlán le rebajaron la condena a una pena mínima, mientras la víctima de desaparición forzada, Claudia Uruchurtu, sigue sin aparecer. A Lizbeth Huerta la favorecieron los jueces, porque no existe cuerpo del delito y respecto a María Elena el juzgador desestima la gravedad del ataque porque la agredida no fue muerta. Vaya, como si su identidad corporal no significara un dolor que la acompañará el resto de su vida.
En México hasta el año pasado había 47 mujeres con ataques de sustancias corrosivas. En Oaxaca, este delito ya está tipificado como agravante en violencia de género, pero el pacto patriarcal sigue considerando que las mujeres se lo buscaron.
Ahora que ya existe un nuevo Fiscal, al que organizaciones feministas le han manifestado su desconfianza, es menester que asuma su responsabilidad de apurar las indagatorias para dar con el otro agresor material, Juan Vera Hernández, hijo del exlegislador. Y que otras voces y fuerzas políticas, sociales y ciudadanas, acompañen a María Elena y no se cansen de demandar protección y su derecho a existir y defenderse.
La revictimización es un mal mensaje. Si triunfa la impunidad, cualquier persona se va a sentir con incentivos de agredir a otra con ácido o de cualquier otro modo, o bien desaparecerla, pues estará confirmando que – con dinero y con influencias- le sale barato.
@ernestoreyes14
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