Paga Marina 10 mdp al año por violaciones a derechos humanos

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En seis años, la Secretaría de Marina ha realizado 249 convenios para cubrir daños a víctimas de faltas a los derechos humanos, producto de las recomendaciones emitidas por la CNDH

La Secretaría de Marina (Semar) ha pagado 62 millones 628 mil pesos a víctimas de violaciones a los derechos humanos en los últimos seis años, de 2016 a julio de 2022.

Por medio de la respuesta a una solicitud de información realizada para este reportaje, la Semar reconoció haber generado 249 convenios para el pago de estas indemnizaciones. Cada uno de ellos representa un pago promedio de 251 mil 521 pesos, principalmente por lesiones y muertes causadas por marinos.

La información fue brindada por la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Uprodehu), un órgano interno de la Semar constituido en mayo de 2016, dependiente del secretario de Marina, cargo que actualmente ostenta José Rafael Ojeda Durán. 

Esta unidad se encarga de “la solución de conflictos que pudiera ocasionar el actuar del personal naval en acciones contra la delincuencia organizada y de su presencia en las calles”, así como de mediar la solución de las quejas presentadas ante organismos de derechos humanos por estos actos. También atiende lo correspondiente a la igualdad de género, acoso y hostigamiento sexual dentro de la secretaría.

A través de un cuestionario, la Uprodehu afirmó que los recursos económicos se han entregado a personas que presentaron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mismas que se han resuelto por medio de conciliaciones o a través de recomendaciones que ha emitido el organismo autónomo encargado de promover y proteger los derechos humanos ante los abusos perpetrados por funcionarios del Estado.

Pese a que se le preguntó expresamente, la unidad no aclaró el número de civiles a los que ha indemnizado dentro de estos 249 convenios.

Entre 2016 y lo que va de 2022, la CNDH ha emitido 46 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos en las que se señala a la Secretaría de Marina como responsable. Un 98% de estas recomendaciones son por violaciones a derechos humanos como tortura, detenciones arbitrarias, desaparición, uso ilegítimo de la fuerza y ejecución arbitraria. El 2% restante corresponde a cuatro casos de violaciones a derechos laborales, negligencia médica, obstaculizar el derecho a un medio ambiente sano y revelar datos personales. Las personas agraviadas son más de 200.

Entre esos casos está la recomendación 37VG/2020, que emitió la CNDH por cuatro personas que se encontraban empacando zacate el 28 de febrero de 2019. Estaban en un predio localizado en Tlahuapan, Puebla, cerca de ductos de Petróleos Mexicanos cuando elementos de la Semar se acercaron. Según testigos, se lee en la recomendación, los marinos desvistieron a los jóvenes, los acostaron con la cara viendo hacia el piso y los golpearon en varias partes con una pala que se encontraba en el sitio.

Ante la mirada de pobladores los subieron a camionetas de la Semar y se los llevaron de la zona. Las cuatro víctimas murieron por distintas causas: degüello, traumatismo craneoencefálico, estrangulación en su modalidad armada y disparo de proyectil de arma de fuego. Más tarde, los cuerpos de estos cuatro jóvenes fueron localizados en el cerro El Águila, ubicado en los límites de Puebla y Tlaxcala. Doce marinos fueron señalados como responsables y la CNDH determinó la reparación integral del daño para las familias de los agraviados.

“Si bien los servidores públicos involucrados en los hechos pertenecen a esta dependencia, no existió orden expresa (…) que los motivara a realizar actos contrarios a los ordenamientos legales”, informó la Semar a la CNDH como parte de la investigación, según la documentación que es pública. El 11 de marzo de 2019 se dictó auto de vinculación a proceso contra los marinos por su probable participación en el homicidio de estas personas.

La información muestra, además, que la Semar ha realizado 32 conciliaciones con víctimas que se quejaron principalmente de detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, empleo arbitrario de la fuerza pública y ejercicio de violencia desproporcionada. La información pública del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos no permite conocer el número de agraviados dentro de estas conciliaciones.

Según la documentación pública, en todos los casos la CNDH ha determinado la reparación del daño como se establece en la Ley General de Víctimas.

Necesaria reparación

La Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Semar se rehusó a responder vía transparencia y a través del área de Comunicación Social sobre el número de civiles indemnizados y la causa del pago, así como datos generales de las víctimas como su edad, sexo y municipio donde fueron agredidos. Tampoco respondió si además de la indemnización económica otorgó algún otro tipo de apoyo para gastos funerarios o becas para los deudos.

Lo que sí explicó es que no hay un tabulador para el resarcimiento de daños: “Esta Secretaría de Marina, bajo el principio propersonae, ha realizado indemnizaciones para la atención de violaciones a derechos humanos, tomando en consideración la naturaleza de cada caso particular”.

Por medio del cuestionario, la unidad aseguró que todas las recomendaciones de la CNDH fueron aceptadas y que no se ha rechazado indemnizar.

Una indemnización, explica Melissa Zamora, cocoordinadora del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, debe adaptarse a las necesidades de cada caso, según el tipo de daño que haya acontecido.

Entre los elementos que se deben considerar para un cálculo son el lucro cesante, que son los recursos que las víctimas dejan de percibir a consecuencia de las afectaciones, así como el pago de atención médica y terapéutica que sean necesarios para la recuperación de la salud síquica y física, porque, a veces, las víctimas requieren atención de por vida.

Las indemnizaciones son sólo un elemento de la reparación integral del daño al que las víctimas tienen derecho, por ello, advierte, las conciliaciones limitan el pleno ejercicio de este derecho.

“Es preocupante. Nos ha ocurrido que durante la investigación de la CNDH las autoridades que cometieron actos de tortura buscan directamente a las víctimas para proponer una conciliación. A diferencia de una recomendación, los organismos de derechos humanos ya no investigan, consideran reparados los hechos. Esto se traduce en menos claridad sobre el alcance de las violaciones a derechos humanos de las fuerzas de seguridad”.

Una reparación integral, en los términos de la Ley General de Víctimas y diversos estándares internacionales, comprende también medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción de las víctimas y sus familiares también afectados por el hecho violento. Además de brindar garantías de no repetición en lo individual y en lo colectivo. La ley señala la obligación de investigar, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables.

De los 249 convenios para indemnización que presidió la Semar, 96 se concretaron en 2019: la mitad de los recursos, 31 millones de pesos, se entregaron ese año. A partir de entonces, los montos pagados por este concepto han ido a la baja; por ejemplo, en 2020 se firmaron 16 convenios por una bolsa total de 1.4 millones.

Indemnización tardía

En 2012, Claudia fue sustraída de su domicilio en Veracruz. La detuvieron arbitrariamente elementos de la Semar, la condujeron a una base naval y durante 39 horas fue sometida a tortura y violencia sexual: golpes, toques eléctricos, asfixia, insultos y violación. De acuerdo con la recomendación 62/2016 de la CNDH, la obligaron a firmar una declaración autoincriminatoria en la que se declaraba integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. Así la acusaron de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Finalmente fue liberada porque no existían pruebas en su contra y se acreditó que había sido torturada. Aunque en 2016 la CNDH emitió una recomendación por su caso y estipuló que la Semar debía reparar el daño, seis años después esto no se ha cumplido en su totalidad.

Otros casos similares son los de Korina, Denis y Charly, personas detenidas arbitrariamente y torturadas por elementos de la Semar en agosto de 2011. Estuvieron cinco años privadas de su libertad por delitos que no cometieron. La recomendación 18VG/ 2019 estableció la reparación del daño, incluyendo una indemnización que no ha llegado.

Zamora, del Centro Pro, enfatiza el tiempo excesivo que lleva recibir justicia, pues los mecanismos de investigación ante la CNDH o ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) “son procesos sumamente largos y desgastantes”, lo cual propicia que las víctimas acepten acuerdos que no siempre garantizan una investigación de las violaciones a sus derechos.

Como efecto de ello, no se garantiza la no repetición y perdura la impunidad de elementos de seguridad que utilizan vehículos e instalaciones oficiales para cometer actos violatorios de derechos humanos.
Sin embargo, resalta la importancia de tener organismos autónomos que investiguen y atiendan estos casos: “Requerimos controles externos a las dependencias”, señala.

Al ser cuestionada sobre las indemnizaciones y violaciones a derechos humanos, la Semar, a través de su oficina de Comunicación Social, indico: “En Marina existe una genuina preocupación y trabajamos para que esas situaciones no se den. Tenemos diversos mecanismos en la Secretaría de Marina para evitar abusos, así como para denunciar a cualquier funcionario de la Marina que actúe erróneamente”.