Reforma
Si la Suprema Corte de Justicia elimina la obligatoriedad legal de la prisión preventiva oficiosa, prácticamente expondrá a los jueces a la llamada ley de plata o plomo.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de Presidencia, dejar el encarcelamiento a discreción de los jueces, podría terminar por corromperlos o convertirlos en víctimas de la violencia.
“Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”, señaló Presidencia.
La Corte se perfila a eliminar la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa en el País, con el argumento de que viola los derechos humanos, contemplados en los tratados internacionales firmados por el País.
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Si el proyecto prospera, podrían beneficiarse los acusados de delincuencia organizada, delitos violentos, secuestro, trata de personas, homicidio doloso, feminicidio, abuso sexual a menores, robo de hidrocarburos, desaparición forzada, defraudadores fiscales, contrabandistas y factureros.
Este miércoles, el Gobierno federal pidió a los Ministros emitir su voto pensando en la seguridad pública del País, en las víctimas de los delitos, en el combate a la impunidad y en el esfuerzo de policías, soldados, marinos, guardias y agentes ministeriales para realizar las capturas y perseguir a criminales.
“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del País, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”, aseguró.
Según Presidencia, la prisión preventiva oficiosa debe prevalecer en ciertos delitos, ya que, de lo contrario, los presuntos criminales no solo podrían darse a la fuga, sino tomar represalias violentas contra autoridades y testigos.
“Es fundamental (para) que no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas”, advirtió.
“Se trata de evitar que evadan la acción de la justicia; que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad”.
El Gobierno federal recordó que la Estrategia Nacional de Seguridad Publica y la política de cero impunidad no solo buscan garantizar detenciones, sino también autos de vinculación a los procesos penales y sentencias condenatorias.
