Uriel Pérez García
Lo suscitado el pasado domingo deja varias lecturas que invariablemente tienen el tinte del cristal con que se mire y que va desde los partidos políticos de oposición que asumen como un triunfo el bajo nivel de participación, el propio gobierno que logra el objetivo de medir la fuerza político electoral que detenta el presidente de la república, así como el de terminar de cerrar la pinza para que el INE como principal culpable de lo acontecido se encamine hacia una modificación de fondo.
Desde la óptica de los resultados de la votación obtenida en el ejercicio de revocación de mandato, es evidente que se refrenda el peso del voto duro primordialmente del presidente, puesto que decir que el arrastre de votación corresponde solo a Morena sería un tanto desproporcionado, aun cuando el partido puso en marcha prácticas antidemocráticas de acarreo, compra y coacción del voto que desafortunadamente ha sido un uso y costumbre que permea en todos los colores políticos.
El desaseado proceso con el que se condujeron los promoventes del voto a favor del presidente, y que deja mucho para el análisis de posibles reformas en la materia, lamentablemente abre la posibilidad a normalizar nuevamente estas prácticas sin que medien señalamientos y sanciones ejemplares, algo que ha seguido en la lista de retos a vencer mientras no exista voluntad de cambio de actitud por parte de los jugadores de cualquier contienda.
Sin embargo, “haiga sido como haiga sido” lo que es un hecho es que se manifestó un voto duro que deberá capitalizarse por el candidato o candidata presidencial de 2024 y que debería encender las luces de alerta para los partidos opositores que parecieran mostrarse sin rumbo para fijar una agenda de efectiva competencia.
No pueden los opositores asumir como un triunfo suyo el nivel de abstención registrado en un ejercicio que ellos catalogaron de farsa, cuando en los hechos pudo representar una oportunidad por la vía institucional y constitucional de poner en entredicho la fuerza política del jefe del ejecutivo federal, pero que de manera calculada no quisieron evidenciarse y verse como los derrotados cuando los números no les favorecieran en la consulta de revocación.
La falta de participación no puede atribuirse únicamente a un llamado por los partidos de oposición a no votar el pasado domingo, hay que recordar que desafortunadamente en los procesos electivos un porcentaje de 40% en promedio corresponde al abstencionismo, en el mejor de los casos, que si a esto se le agrega la falta de casillas en algunas demarcaciones con dificultad de la población para trasladarse, la lectura pudo haber sido más favorable para el presidente.
Por otra parte, la cultura política también tiene una incidencia esencial al momento de interpretar los resultados, debido que no es lo mismo participar en una elección presidencial, a participar en un ejercicio de revocación de mandato que además de ser el primero en este esquema democrático, hay que señalar que la desinformación generada por unos y el desprecio al ejercicio promovido por otros jugó un papel importante al momento de alentar el voto.
Por el lado de la autoridad electoral que desde un inicio estuvo contra la pared, es pertinente decir que aun y con la falta de condiciones presupuestales para llevar a cabo la organización y desarrollo de la consulta, realizó su tarea con el apoyo invaluable de la ciudadanía que fungió como funcionarios de casilla.
Finalmente, en términos jurídicos hay que dar la justa dimensión al ejercicio en cuanto a que no alcanzó el nivel de participación de 40% para que fuera vinculante, es decir en términos estrictos se podría decir que no pasó nada más allá de una medición de campo para reconocer el nivel de aceptación y voto duro que arrastra la figura de López obrador.
El resultado final es que se realizó un primer ejercicio constitucional de consulta de revocación de mandato en el que participaron más de 16 millones de ciudadanas y ciudadanos, un número que no se puede desdeñar pero tampoco ensalzar como el camino ideal hacia la instauración de una democracia participativa, sobre todo tomando en cuenta la manera en que se condujeron actores afines al proyecto del actual gobierno.
En lo subsecuente habrá que realizar los ajustes pertinentes donde será urgente mostrar no solo voluntad política sino auténtica vocación democrática, que esperemos se haga presente en las próximas reformas en materia político electoral, siempre en aras de una mejor democracia.
