México eliminó 93% de los permisos para importar combustibles a empresas privadas

Forbes

El gobierno de México eliminó 93% de los permisos para importar combustibles otorgados a empresas privadas, tras la reforma energética del priista Enrique Peña Nieto, reveló la Secretaría de Energía (Sener).

La encargada de la política energética de México, Rocío Nahle García, dio a conocer que había más de 1,000 permisos cuando asumió sus funciones, pero tras dar de baja cientos de permisos sin utilizar o con prácticas ilegales, hoy sólo están vigentes 68.

“Cuando llegamos había 1,053 permisos de importación, de los cuales, 600 no se habían utilizado, sin embargo eran papeles circulando que no reportaban ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria), Sener ni la CRE (Comisión Reguladora de Energía) que entraba un solo litro del producto que habían pedido”, declaró la funcionaria durante un foro virtual.

Nahle García recordó que la normatividad indica que si los permisos no se utilizan deben ser dados de baja.

“Empezamos a revisar la mala utilización de algunos de estos permisos de importación donde reportaban un volumen y en realidad era otro o que utilizaban permisos fuera de tiempo y vencidos… (las empresas permisionarias) entraban incluso en prácticas de corrupción en fronteras, todo eso fuimos eliminando”, mencionó.

Sus comentarios aparecen como parte de la justificación de la reforma a la Ley de Hidrocarburos del presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada por el Congreso, “para evitar el contrabando y sobre todo la entrada ilegal de combustibles”.

“Por eso hicimos esta ley. No podemos como gobierno ni como Estado dejar ser porque nos convertimos en cómplices”, declaró.

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Ante las suspensiones de empresas privadas a la nueva legislación, Nahle dijo que respetan su decisión, pero, por otra parte, algunas empresas se han acercado al gobierno para que les expliquen los cambios.

La reforma incluye polémicos cambios a artículos que permiten al gobierno ocupar instalaciones privadas de almacenamiento y comercialización en caso de detectar irregularidades y entregarlas a las empresas estatales para su uso de forma temporal, pero indefinida, además de la suspensión y cancelación de permisos sin detalle de criterios.