Uriel Pérez García
El binomio dinero y política sin duda ha sido uno de los elementos más complejos del escenario democrático, puesto que queda claro que para competir en la arena política es necesario contar con recursos económicos que provengan de fuentes lícitas, con mecanismos de control que permitan además una asignación equitativa y que posibilite la auténtica competencia.
Para el caso de nuestro país, la reforma político electoral de 1977, que dio origen a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, sentó un precedente importante con la inclusión de las minorías a través de la vía institucionalizada a través de la incorporación de la representación proporcional y el reconocimiento a nivel constitucional de los partidos políticos como entidades de interés público.
Lo que implicó precisamente que la admisión de aquellos grupos políticos que se mantenían al margen de las instituciones y operando de manera clandestina, una vez incluidos en el sistema de partidos tuvieran acceso a ciertas prerrogativas como el acceso a los tiempos del Estado en radio y televisión para efectos de campañas, franquicias postales y telegráficas, propiciando así las condiciones para la competencia electoral.
Aunado a lo anterior, dicha reforma sienta las bases para el acceso al financiamiento público de manera proporcional a la votación obtenida por los partidos, garantizando así el acceso a recursos públicos, para incursionar en mejores condiciones en las contiendas electorales sobre todo en un sistema de partido hegemónico, además de evitar el financiamiento de origen ilícito que atentara contra los propios intereses del Estado.
Posteriormente, con la reforma de 1987 y el surgimiento del Código Federal Electoral, se establece por primera vez una fórmula para determinar el financiamiento público de los partidos políticos basada esencialmente en el costo mínimo de una campaña electoral para diputado.
Para 1990 se reconoce el financiamiento a partidos políticos más allá de las actividades de campaña con lo que se sienta el precedente que se fortalece más adelante en la reforma de 2007, y que dibuja el esquema de financiamiento vigente hasta nuestros días dividiéndose principalmente en: financiamiento público para actividades ordinarias permanentes; financiamiento para actividades específicas y; actividades tendientes a la obtención del voto.
El primero refiriéndose al recurso destinado a cubrir las actividades que permiten la pervivencia de dichos institutos políticos, tales como el pago de servicios, salarios, arrendamiento de inmuebles, suministros, materiales, etc., y que además se considera la base para calcular el monto de los otros rubros.
En el caso de las actividades específicas corresponde el equivalente al 3% de las actividades ordinarias permanentes y se refiere al dinero orientado a la capacitación, educación, investigación, tareas editoriales; mientras que como su nombre lo señala el tercer apartado es el recurso que se destina en tiempos electorales para la realización de campañas políticas y que equivale al 30% de lo que recibirán por las citadas actividades ordinarias.
En este contexto para el caso de Oaxaca, con base en la fórmula aplicada para el cálculo del financiamiento público, misma que se homologó a nivel nacional con la reforma electoral de 2014, este año electoral, los partidos políticos recibirán en su conjunto un financiamiento de poco más de 167 millones de pesos por concepto de actividades ordinarias, al rededor de 5 millones para actividades específicas y poco más de 50 millones para las campañas.
Finalmente vale la pena mencionar que una vez concluido el proceso electoral será necesario que las y los legisladores muestren voluntad para revisar en la próxima reforma la fórmula para la asignación de recursos, oportunidad que se tuvo con la mayoría en el Congreso federal del partido que ha promovido la austeridad.
No obstante con la normatividad actual dicho partido ha sido de los más beneficiados, de tal forma que tan solo en nuestra entidad recibirá como financiamiento ordinario y gastos de campaña poco más de 74 millones de pesos, casi el equivalente a lo que hubieran recibido los partidos en conjunto si se mantuviera la fórmula anterior, de modo que a partir de 2014 el incremento ha sido desproporcionado en un contexto como el que vivimos actualmente en la esfera política, social y económica, urge revisar nuevamente las letras chiquitas que nos dejó la última reforma.
