La Jornada
Ciudad de México. La Cámara de Diputados prevé autorizar al presidente Andrés Manuel López Obrador la reasignación de hasta 610 mil millones de pesos para obras prioritarias, gasto destinado a atender la pandemia por coronavirus y medidas para evitar una mayor crisis económica.
En el proyecto de reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que ya comenzó a circular entre los diputados, la Comisión de Presupuesto plantea que el Ejecutivo pueda reorientar hasta 10 por ciento del gasto neto total aprobado para 2020.
Dicho gasto asciende a 6.1 billones de pesos para el presente año.
La comisión prevé aprobar, en una sesión presencial el martes, el dictamen donde se plantea que en caso de una crisis económica como la que enfrenta el país, y ante una caída negativa del PIB de uno por ciento en el trimestre previo a la declaratoria de emergencia económica, el presidente pueda reorientar el gasto, sin consultar a la cámara.
Para ello, solo tendrá que presentar, a través de la Secretaría de Hacienda, un “esquema de cálculo urgente” de una mayor caída del PIB en el siguiente semestre.
La comisión reconoce que se trata de un “ámbito de discrecionalidad” al Presidente en el manejo del presupuesto, pero que, para acotarlo, el límite es el referido 10 por ciento del gasto neto total, únicamente en el ejercicio fiscal vigente.
Porque, indica, es de esperarse que si para el próximo año continúa la expectativa de una crisis económica mayor, el Ejecutivo presentará, en el proyecto de presupuestos de 2021 las previsiones necesarias para enfrentarla.
Para la comisión, se trata de otorgarle al presidente una atribución de “flexibilidad temporal” en el manejo del presupuesto, ante “circunstancias severas o alteraciones graves”, que le permitan “la concentración de recursos en áreas neurálgicas”.
Es en ese sentido que plantea precisar límites, para que el caso de excepción se sujete al artículo 74 de la Constitución -de las facultades exclusivas de la cámara para aprobar el presupuesto-, y que esté debidamente justificado.
Con ello, agrega, se evita que se llegue al grado de una virtual disolución de la relación constitucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que el primero no se imponga sobre el segundo, como ha denunciado la oposición.
