Política en 90 El decálogo de la #LeyAntiRecomendados

Jorge Oropeza

El Servicio Profesional de Carrera se explica de forma sencilla como un sistema de normas e instituciones que ponen reglas claras para ingresar, capacitar, permanecer, ascender y salir de puestos públicos, principalmente en niveles de mandos medios y superiores. Éste busca la existencia de las y los mejores servidores en funciones con capacidad, honestidad y méritos. Al no debérsela a nadie se reduce la mala atención, la ineficiencia, la corrupción y la existencia de amiguismos.

A esto, en el Colegio de Profesionistas le llamamos #LeyAntiRecomendados y creemos que es urgente su implementación en los estados de la República por diez razones fundamentales. La contratación de mandos capaces es una de ellas, ya que – con distintos tipos de evaluaciones – se pueden filtrar a las personas con las competencias necesarias para que manejen los servicios y recursos de todas y todos. Además, se evitan las cuotas políticas y los vicios y compromisos arrastrados desde los periodos de campaña, en donde al colocar a alguien en un cargo éste obedece a intereses personales y no de su función pública. Ahora serán los resultados, y no sus superiores, los que determinen la permanencia en los encargos.

Agreguemos que, ante cualquier cambio de Gobierno o administración, se mantendrán la estructura y los proyectos que le dan solidez a las instituciones. Así se evitarán las tardadas y costosas curvas de aprendizaje que llegan con el paquete de equipos y gente nueva. Una #LeyAntiRecomendados impulsa la competencia y los incentivos en la cultura organizacional, ya que sólo las y los mejores ascienden. Una de las causas es que desde el inicio se abren los espacios públicos a todas y todos los interesados mediante convocatorias generales.

La existencia de un Servicio Profesional de Carrera motiva la formación de mejores profesionistas en las universidades, ya que ahora sí valdrán sus capacidades antes que sus relaciones. Asimismo, una gran ventaja es que en todo esto caben los tres poderes del Estado y los órganos autónomos.

Y es que, sin duda, una #LeyAntiRecomendados – observando los principios del mérito, la capacidad, la honestidad, la lealtad y la paridad – es una de las mejores herramientas institucionales para combatir la corrupción.