La Jornada
La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, solicitó al Congreso de la Unión y a los tres niveles de gobierno su apoyo para que se liberen recursos en favor de los niños y niñas huérfanos a consecuencia de acciones criminales, así como aquellos pequeños que viven con sus madres en las cárceles.
Otro tema importantísimo es visibilizar y establecer políticas pú-blicas para los niños y niñas en condiciones de orfandad como consecuencia de la violencia y el crimen que vive nuestro país, dijo durante la instalación del grupo para la protección integral de niñas, niños y adolescentes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Frente a integrantes de los tres niveles de gobierno y representantes de organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la funcionaria advirtió acerca de la desigualdad y las enormes brechas sociales que afectan a este sector de la población que enfrenta condiciones toda-vía más adversas que los adultos, especialmente en pobreza, salud y educación.
Lamentó que precisamente por la división de poderes, los niños padezcan vacíos o duplicidades en la atención, falta de cobertura, desigualdad en la calidad de los servicios, omisiones y enormes brechas sociales y territoriales.
Hay muchos México, hay un México del norte y otro México del centro y otro del sureste, señaló.
Tanto en la sesión de esta comisión de la Conago como en la del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), la secretaria Sánchez Cordero hizo eco del exhorto presentado por la titular nacional del DIF, Rocío García, para apoyar en la protección de la niñez y en particular de la migrante, así como la dotación de un presupuesto mayor para esas tareas.
En su turno, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, pidió visibilizar y reconocer la existencia de problemáticas graves en menores de edad, como la incidencia del suicidio y las adicciones. Asimismo habló de los niños desaparecidos, una de las dimensiones más graves y aberrantes en materia de derechos humanos y de administración e impartición de justicia.
Del primer punto, indicó que acorde con datos del Inegi, en 2018 la tasa de suicidios en la población de 10 a 14 años fue de dos por cada 100 mil niños; el mayor número de muertes por esta causa se presenta en niñas y adolescentes.
En el grupo de edad de 15 a 19 años, la tasa crece significativamente hasta 6.9 suicidios por cada 100 mil adolescentes y jóvenes (los hombres son los más afectados con una tasa de 9.3 muertes por cada 100 mil, contra 4.3 fallecimientos de mujeres).
González Pérez propuso emprender acciones más concretas y eficaces para localizar a los menores desaparecidos. Según el registro más reciente, del 2000 al 2018, 6 mil 614 menores desaparecieron.
Tal como lo mencionó la secretaria Sánchez Cordero, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió mayor atención para restituir los derechos a menores víctimas directas e indirectas del crimen organizado y el apoyo a su familia.
Asimismo, reforzar la atención ante el uso de alcohol y drogas en esta población; el acoso escolar y atender la obesidad infantil, entre otros factores.
