La Jornada
Ciudad de México. La violencia contra niñas y niños es una urgencia nacional, de acuerdo con Gabriela Ruiz Serrano, experta de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), de la UNAM.
Luego que la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) alertara que en los tres primeros meses del año 2019 se contabilizan 285 homicidios dolosos contra niñas, niños y adolescentes, es decir, 3.2 casos cada día, además de cuatro desapariciones con total impunidad, la investigadora consideró que la sociedad en general debe unirse y alzar la voz por los derechos de los pequeños, pues es un atentado contra todos.
“Debemos exigir que el Estado dé una respuesta certera, contundente, que coloque a la niñez en el centro y se piense en la construcción de espacios comunitarios de protección y no de una violencia sistemática en la que nos encontramos y a la que nos enfrentamos el día de hoy”, dijo Ruiz Serrano.
En su visión, el resquebrajamiento social atenta contra niñas, niños y adolescentes, pero parece no haber políticas públicas encaminadas a su protección.
“Estamos hablando de niños y no podemos verlos como números, debemos pensar en una cifra más cualitativa del impacto que genera, por la inseguridad en la que vivimos, llevando a escenarios traumatizantes. No podemos dejar que se adormezca el corazón, ni la memoria, debemos indignarnos frente a la violencia sea cual sea y contra quien sea en las estadísticas”.
Los niños, niñas y adolescentes, recalcó, son sujetos de derecho, no personas inacabadas que esperan llegar a una vida adulta, sino sujetos que deben ser protegidos.
Esto afecta no solo a las víctimas, pues afecta a la sociedad en general, pues cada vez es más difícil que los pequeños anden libres por las calles, sin temer a la violencia o que sus padres teman que se afecte su identidad o su proyecto de vida. A pesar de que se tiene una legislación nacional y el país está adherido a convenios internacionales de protección de la niñez, no se cumplen con dichos acuerdos y solo se ha dado una solución enunciativa.
Llegar a este nivel de violencia, añadió la experta, ha sido gradual, pues a partir de la entrada en vigor de la Ley General en 2014, de los Convenios de la Haya, el Estado debería haber generado estrategias, a través de instituciones y política pública, para proteger a niñas y niños, pero se “nos ha salido de las manos como sociedad, pues primero se habló mucho por feminicidios, después la muerte y desaparición de jóvenes y se pueden contabilizar cada día condiciones más complejas”.
