La Jornada.
Ciudad de México. El país “es una gran fosa clandestina” y enfrenta una “problemática lacerante” en materia de desapariciones que ha dejado al menos 40 mil casos, reconoció el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que anunció hoy la estrategia nacional contra la desaparición y la búsqueda de personas ausentes.
Además el Estado mexicano reconocerá la competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas para atender casos individuales.
Al presentar este programa, el titular del Ejecutivo federal aseveró que está problemática es producto del neoliberalismo y de la profunda desigualdad creada en las últimas décadas en el país.
Durante su habitual conferencia matutina, dio la palabra al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, Rodríguez, quien informó que a las 40 mil personas desaparecidas, de acuerdo con datos oficiales, se debe sumar que se han detectado más de mil 100 fosas clandestinas en diferentes puntos del país, además que hay alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar.
En este marco, el funcionario señaló que el gobierno no simulará en este tema, como se hizo durante la administración pasada.
Como muestra, dijo que el Estado mexicano reconocerá la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas para conocer casos individuales, como ordenó hace unos días un juez de distrito en materia administrativa y como lo han venido insistiendo desde el sexenio pasado instancias nacionales e internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Agregó que se atenderán todas las recomendaciones y sentencias de instancias internacionales.
Indicó que un punto central será llegar a la verdad y la justicia, por lo que se sancionará a quienes hayan participado en estos delitos, “caiga quien caiga”.
Se establecerá la plena responsabilidad en la comisión de desaparición forzada, donde participen o hayan participado agentes del Estado, incluida la cadena de mando superior. Asimismo, dijo, se establecerán beneficios a quienes colaboren y aporten información.
Encinas afirmó que la ley en materia de desapariciones no se ha implementado de forma adecuada a más de un año de su entrada en vigor.
Ejemplo de ello es que en sólo ocho entidades federativas se han creado las comisiones locales de búsqueda, en cuatro están en proceso y 20 están en falta ante esta norma. Asimismo, dijo, no todas las entidades cuentan con fiscalías especializadas para atender este delito. Por lo que destacó la necesidad de que los gobiernos estatales asuman la responsabilidad que les corresponde.
“La ley no ha cumplido con su objetivo, por el contrario se ha caído en una profunda simulación”
El objetivo de la estrategia es dar verdad y justicia a las miles de familias víctimas de este delito, sancionar a los responsables, reparar el daño y buscar a los desaparecidos, particularmente en vida.
Para ello, aseveró Encinas, se pondrá realmente en operación el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB). “Se diseñará con la participación de las familias de las víctimas las bases generales, políticas públicas y procedimientos Para la búsqueda, localización e identificaicón; así como prevenir, investigar y sancionar a los responsables”.
También se ha tenido el apoyo de agencias Internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense, entre otros.
EL subsecretario aseveró que para marzo de este año estará plenamente instalado el SNB.
Entre hoy y el miércoles se celebrarán las audiencias para nombrar a quien estará a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda (que es parte del Sistema), nombramiento que se dará a conocer el próximo viernes.
Esta instancia, dijo, contará con 400 millones de pesos de presupuesto para este año, y aunque en los números es menor a los más de 490 que se le asignaron el año pasado, en realidad de esos recursos la pasada administración sólo ejerció 6 millones, “que fue una más de las simulaciones”.
La estrategia anunciada por el gobierno de López Obrador también incluye la creación del Instituto Nacional de Identificación Forense e impulsar los protocolos de búsqueda e investigaciòn, la creación de un sistema único de información tecnológica e informática, entre otros.
Además, se realizarán labores para coordinar información de hospitales, servicios forenses, centros psiquiátricos, centros de salud, reclusorios, centros de atención a las adicciones, albergues, panteones, entre otros, a fin de tener certeza del posible destino de los desaparecidos.
Un tema adicional y de especial importancia será a los miles de migrantes que han sido víctimas de este delito, pero a la vez mujeres y niños, la mayoría de ellos desaparecidos con fines de trata de personas. Aunque, aclaró Encinas, la mayoría de los desaparecidos en el país son jóvenes de entre 17 a 29 años de edad, particularmente de escasos recursos.
