Proceso.
La violencia feminicida ha rebasado al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa con 263 casos en lo que va de su sexenio, 15 de los cuales se cometieron en enero pasado, informó el Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos (GESMujer).
Sin embargo, añadió, “lo que realmente colma la indignación es la impunidad, la incapacidad de los encargados de prevenir y brindar seguridad a toda la población, la lentitud y la carencia de una perspectiva de equidad de género con la que se accede y se procura la justicia, por lo que vemos a victimarios directos e intelectuales libres, sabiendo que no pagarán por sus crímenes”.
GESMujer destacó que, si bien la Alerta de Violencia de Género se declaró el 30 de agosto de 2018, hasta el pasado 12 de enero se publicó en el Periódico Oficial del Estado el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres de Oaxaca.
Al respecto, Ximena Avellaneda Díaz, presidenta del GESMujer, consideró que esa publicación es una respuesta oficial de un gobierno que se ha visto rebasado por la violencia feminicida.
El programa, agregó, pretende ser un planteamiento integral que incorpora acciones de prevención, atención y sanción de la violencia en todos los órdenes del gobierno.
“Difícil trabajo el que tiene a su cargo la dependencia (Secretaría de las Mujeres de Oaxaca), sin claridad en su tarea, sin recursos suficientes, sin el apoyo de muchas de las instancias gubernamentales responsables y, lo más grave, sin el liderazgo incondicional y explícito de la cabeza del Ejecutivo”, soltó.
De igual manera, consideró insuficiente la determinación de la 64 Legislatura local de llamar a comparecer al fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez.
No obstante, dijo, en la próxima comparecencia del fiscal pondrán especial atención en el estado que guardan las investigaciones de los feminicidios ocurridos en el estado, así como en las estrategias que se implementarán para la prevención, atención y erradicación de la violencia familiar, hacia las mujeres y por razón de género.
“Como integrantes de la sociedad civil, hemos demandado a lo largo de los años que la problemática de la violencia hacia las mujeres se atienda considerando las recomendaciones nacionales e internacionales, desde un enfoque de género”, apuntó.
Lamentablemente, administración tras administración reporta en sus informes anuales las capacitaciones para servidoras y servidores públicos en la comprensión e implementación de las acciones gubernamentales desde este enfoque, pero los resultados, como se puede constatar, no son contundentes, abundó.
Finalmente, Avellaneda Díaz destacó que la inseguridad en las calles “es un problema grave, y las acciones a tomar para generar entornos seguros es urgente, pero basta mirar las estadísticas para comprobar que las mujeres enfrentan riesgos de vivir violencia aun dentro de sus propias casas, por lo que la mirada no debe restringirse a un problema de inseguridad pública, sino de falta de condiciones sociales para que las mujeres ejerzan plenamente todos sus derechos, dentro y fuera del hogar”.
Remató: “Procurar y administrar la justicia es el último eslabón, es ahí donde se suman las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, pues quienes se atreven a dar el paso de solicitar atención ante estas instancias se enfrentan a un sistema carente de un enfoque de género, que deslegitima sus demandas, las discrimina y revictimiza, generando así la impunidad”.null
