El País.
Ciudad de México. La ONU denunció este viernes la represión del chavismo por las “graves violaciones de los derechos humanos” perpetradas en Venezuela y pidió a la Corte Penal Internacional de La Haya “mayor implicación” ante la deriva del régimen de Nicolás Maduro. Naciones Unidas dibuja en un informe un panorama aciago que califica de “espiral descendente que no parece tener fin”. Documenta cientos de homicidios, la violencia de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, detenciones arbitrarias y torturas, y advierte de la impunidad de las autoridades.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, describe una situación sin matices en la que los abusos de las fuerzas policiales y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se entremezclan con el control casi absoluto que el aparato chavista ejerce sobre la población, las consecuencias de la crisis alimentaria y una hiperinflación sin freno.
El Gobierno venezolano rechazó este viernes el informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), que sugiere una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) por los graves y sistemáticos abusos cometidos y la impunidad generalizada en el país.
La Cancillería venezolana publicó un comunicado en el que descalificó el informe pues, asegura, es el “resultado de una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una Oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad”. – EFE
Esta denuncia redobla la presión internacional, encabezada desde hace meses por la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y la Unión Europea, frente a un régimen que logró desactivar a la oposición interna, dividida y debilitada, y que actúa sin ningún contrapoder.
Además de las violaciones registradas durante las protestas contra el Gobierno entre abril y julio del año pasado como consecuencia de la convocatoria unilateral de unas elecciones constituyentes —en las que murieron más de 120 personas—, Naciones Unidas analiza las premisas de esa ola de violencia.
“De julio de 2015 a marzo de 2017, la Fiscalía General registró la muerte de 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad (…). Los testimonios recogidos sugieren que esas muertes se enmarcaron en un determinado patrón de comportamiento de las fuerzas de seguridad: la realización de incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a criminales, sin orden judicial”, señala el informe.
Se trata de las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) contra las que la exfiscal Luisa Ortega Díaz abrió más de 350 procedimientos. La destitución de la fiscal, que huyó a Colombia en agosto de 2017 después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, aumentó ese clima de impunidad, que coincide con la huida hacia delante de Maduro, reelegido presidente el pasado 20 de mayo en unos comicios sin garantías y en medio de acusaciones de fraude. “Yo hice objeción a esa resolución y posteriormente he venido haciendo objeciones a unos operativos que se diseñaron en Venezuela por el tema de seguridad ciudadana que llamaron OLP, Organización para la Liberación del Pueblo, que eran verdaderas represiones para el pueblo pobre”, dijo Ortega tras abandonar Venezuela en conversación con EL PAÍS.
NECESIDAD DE ATAJAR LA POBREZA EXTREMA
El informe publicado este viernes también señala la responsabilidad del Gobierno de Venezuela de ignorar la dimesión de la crisis alimentaria que atraviesa el país.
Según cifras citadas en el informe, el 87 % de la población de Venezuela está afectada por la pobreza, el 61,2 % se encuentra en situación de pobreza extrema, y se ha constatado un rápido incremento de la desnutrición infantil.
Sin Estado de derecho
“El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado sugiere que el Estado de derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, manifestó el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en un comunicado. Según Naciones Unidas, es deseable abrir una investigación internacional porque el Gobierno venezolano no concedió permiso para trabajar sobre el terreno a la Oficina de Derechos Humanos, que tuvo que recabar estos datos a través de entrevistas a víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos, y otros informes.
“Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”, mantiene Zeid. El pasado 8 de febrero, la Fiscalía de ese tribunal —que juzga genocidios o delitos de guerra— anunció la apertura de una indagación preliminar para determinar supuestos crímenes de lesa humanidad.
Mientras el chavismo exhibe desde las pasadas presidenciales decenas de liberaciones de presos políticos en un intento de buscar un balón de oxígeno ante la comunidad internacional, la Oficina de Derechos Humanos recibió información sobre cientos de detenciones arbitrarias.
Fueron al menos 570 entre el 1 de agosto de 2017 y el pasado 30 de abril, según la ONG Foro Penal Venezolano, y se muestra “particularmente preocupada por el número significativo de miembros de las fuerzas armadas que habrían sido detenidos en 2018”. El estudio incide en 90 casos de detenidos que fueron sometidos a tratos inhumanos desde 2014, mientras que el Alto Comisionado recuerda que la catástrofe económica ha llevado a al menos 1,5 millones de personas a huir del país desde 2014.
